Presenta Marco Trejo iniciativa para modificar Ley de Servidores Público
MORELIA, Mich., 6de Noviembre de 2014.- “El Notario Público, es un profesional del derecho investido de fe pública, su función es hacer constar los actos y no está sujeto a sueldo pagado por el erario público, por lo tanto, no se le pueden atribuir las obligaciones que impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, precisó el diputado Marco Trejo Pureco.
Lo anterior, al presentar ante el Pleno de la 72 Legislatura, la incitativa de decreto que reforma la fracción II del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.
En tribuna, Trejo Pureco explicó que en dicha norma se les atribuye a los Notarios Públicos del Estado, la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial, lo cual, consideró debe enmendarse para efectos del perfeccionamiento de la Ley en cita y de su debida aplicación.
Refirió, que la función esencial del Notario Público, en términos de la Ley del Notariado, es hacer constar los actos y hechos jurídicos que le soliciten los interesados para darles autenticidad conforme a la Ley, y de acuerdo al mismo ordenamiento que regula su actuación, no está sujeto a un sueldo pagado por el erario público y solo puede percibir por sus servicios, los honorarios que le establezca el Arancel de Notarios.
En razón a lo anterior, agregó el legislador, al no percibir un sueldo con cargo al erario, su figura jurídica no se encuentra contemplada dentro de la estructura administrativa o burocrática; y por tanto, no depende de ningún orden de gobierno, toda vez que por la naturaleza de sus funciones, no puede pertenecer a dicha estructura, considerando que la fe que da de los actos, debe ser imparcial.
Por lo tanto, dijo, “considero oportuno y necesario consolidar un sistema jurídico acorde a las necesidades actuales de nuestro Estado, y más aún, hacerlo de manera equitativa, ecuánime, justa y sobre todo apegada a derecho”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Jurisdiccional y de Justica para su estudio, análisis y dictamen.
