Pide diputada pensión económica a 10 millones de adultos mayores
MORELIA, Mich., 26 de diciembre de 2012.- La diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) propuso que además de sus derechos en la Constitución, los adultos mayores gocen de una pensión económica por vejez y para acceder a una adecuada movilidad en espacios y transportes públicos.Para ello, precisó, se adicionarían dos párrafos al artículo 4 constitucional y correspondería al Estado establecer políticas públicas para la integración y participación de las personas de la tercera edad en la vida activa y comunitaria.Explicó que los adultos mayores conforman uno de los sectores más vulnerables de la población, en virtud de que la mayoría no cuenta con una retribución económica que les permita satisfacer sus necesidades.A ello se agregan los constantes impedimentos arquitectónicos de movilidad en espacios públicos y transportes, así como la dificultad para formar parte de la vida económica y social, indicó.Consideró González Martínez que indudablemente el principal problema de estas personas es la discriminación en razón de su edad, lo cual obstaculiza el goce o ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.Aseveró que en México se registra un proceso de rápido envejecimiento demográfico. Datos del Censo de Población 2010, refieren que los habitantes de 60 años y más ascienden a 10 millones 55 mil 379 personas, lo que significa que el 9.06 por ciento de la población total del país son personas adultas mayores.El Consejo Nacional de Población advierte que para el 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y para el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es sumamente importante promover una cultura de envejecimiento digno y de calidad.Destacó que estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) refieren que los países latinoamericanos mantienen políticas públicas deficientes en materia de envejecimiento digno.Además, las personas adultas mayores no cuentan con un instrumento jurídicamente vinculante que proteja sus derechos, como ocurre con otros grupos que enfrentan actitudes discriminatorias.Instrumentos jurídicos y recomendaciones internacionales refieren que los países deben otorgar ayudas pensionarias a los adultos mayores que carecen de una pensión de seguridad social, con el propósito de mantener un equilibrio en el desarrollo económico y social de la población.Una de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó la diputada, es que las personas de edad avanzada tengan accesos de movilidad adecuados en el entorno en el que se desarrollan, y acceso a programas de integración y participación en su comunidad.
