Pide Silvano que en procesos penales indígenas cuenten con intérpretes

MORELIA, Mich., 3 de abril de 2011.- A fin de salvaguardar los derechos de hombres y mujeres indígenas en los procesos penales, el senador Silvano Aureoles Conejo, vicecoordinador de la bancada del PRD, propuso reformar la Ley Federal de Defensoría Pública para estipular que el Ministerio Público garantice la intervención de un intérprete o perito traductor en la lengua indígena de los defendidos. El legislador por Michoacán denunció que con frecuencia en los procesos penales se violan las garantías de los indígenas “por falta de asistencia de peritos traductores que auxilien en su defensa”. Comentó que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta el 30 de diciembre de 2009, en México había 406 mujeres indígenas detenidas, de las cuales sólo al 11 por ciento se les había asignado un intérprete. El senador del PRD recordó el caso de Teresa González y Alberta Alcántara, quienes estuvieron presas injustamente durante cuatro años, acusadas de secuestrar a seis agentes federales y en cuya investigación se registraron múltiples irregularidades y durante el proceso penal nunca contaron con traductores. Por ello, presentará una iniciativa para adicionar la fracción IV al artículo 11 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para establecer que en el momento en que el defendido haga su declaración ministerial o en cualquier diligencia, se deberá solicitar al Ministerio Público la participación de un intérprete. Silvano Aureoles comentó que el artículo 2 de la Constitución Política plantea que en todos los juicios y procedimientos legales, los indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.Sin embargo, señaló que en la realidad las comunidades y pueblos indígenas de México “sufren día con día de la discriminación tanto de la sociedad como de las autoridades que se valen de su condición de vulnerabilidad, para violar sus derechos y garantías”, incluso, para involucrarlos en hechos delictivos en los que no participaron. “De ahí la necesidad de proteger los derechos de estos grupos vulnerables del país que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán los estados que concentren el mayor número de indígenas”, concluyó.