Pedirán sindicalizados del STJE intervención del Congreso en conflicto
MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2011.- A pesar del paro de labores realizado el jueves pasado por parte de agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado Michoacán, no ha habido acercamiento por parte de las autoridades para buscar una respuesta a sus demandas, señaló el dirigente del grupo Fernando Gámez Piñón.El representante sindical informó a Quadratín que existen tres puntos pendientes en la revisión de las condiciones laborales, el primero es la retención de salarios que ya acumulan entre 800 y mil 400 pesos dependiendo el nivel de cada trabajador; la dotación de botiquines y extinguidores en todas las áreas jurisdiccionales, y el análisis de una compensación para los trabajadores de los juzgados menores, sobre todo para aquellos que deben trasladarse a distintos puntos del estado para poder cumplir con su trabajo.“Hay compañeros que ganan alrededor de 4 mil 800 pesos mensuales, pero gastan más de una cuarta parte de sus ingresos en trasporte para poder cumplir con sus actividades”, refirió Fernando Gámez.También puntualizó que el próximo martes acudirán al Congreso del Estado para solicitar su intervención, y recordó que existe un emplazamiento a huelga para el día 16 de enero del próximo año a las 9 horas, pero confió en que las demandas sean resultas lo antes posible.El sindicato tendrá una asamblea general del día 9 de diciembre, fecha en la que se analizarán nuevas medidas para buscar la forma de ser atendidos por las autoridades, por el memento, dijo, continuarán las manifestaciones en distintas actividades y eventos del Poder Judicial.Cabe recordar que semanas atrás, la organización de trabajadores denunció ante la sociedad michoacana las constantes violaciones a sus derechos no sólo laborales, sino humanos, como lo son la libertad de expresión, la falta de seguridad social y la estabilidad en el empleo, pues ya es una práctica constante del citado Consejo obligar a los trabajadores a renunciar a sus bases para otorgarles un contrato en el momento en que quieran ascender dentro de la carrera judicial, privándolos de sus prestaciones con la promesa de un mejor sueldo.
