Otro tribunalazo al Congreso
MORELIA, Mich., 10 de noviembre de 2015.- Integrantes del Foro Nacional de Colegio de Profesionistas de Michoacán, acusaron que la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado, que aprobó la pasada legislatura generaría problemas, ya que los anteriores diputados no consideraron las diversas consecuencias jurídicas que implicaba.
Entre otras observaciones que han hecho a la norma, indican que no cumple con el objetivo que establece la Constitución, no define con precisión el concepto de profesionistas, viola los derechos humanos de los profesionistas del estado e infringe la jurisprudencia ya establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En este último aspecto, señaló que el artículo 44 limita el número de Colegios Profesionales que puedan constituirse, cuando la Suprema Corte ha declarado que no puede ponerse límite alguno.
La presidenta de este foro, Martha Camarena Reyes, aseveró que detrás de esto puede haber intereses económicos, mismo que ellos ya han denunciado.
“Los parámetros para la certificación lo entendemos, sí estanos de acuerdo que se certifiquen los conocimientos de quien quiera ser certificado y si hay certificación obligatoria hay que preparar a los profesionistas y sobre todo, no tiene porque una asociación civil tener que erogar grandes cantidades de dinero para pasar unos parámetros y que solo con determinadas empresas que son dos, puedan, una de ellas es precisamente el Ceneval que se ha convertido en el monstruo gigantesco en nuestro país y que es una entidad privada, con grandes interés públicos.
“Creo que sí hay grandes intereses económicos, lo hemos denunciado, en el Senado lo dijimos, al director general de Profesiones, no estamos de acuerdo con esto”.
Al respecto, pidió que se creen entidades en cada estado del país donde sean asesorados los interesados por la propia autoridad y se les en los parámetros para que sin costo alguno los profesionistas puedan acceder a mejoras.
Enfatizó que esta ley no es la adecuada para las necesidades de los profesionistas, viola el principio de igualdad para la constitución de colegios profesionales, deja en manos de organismos indeterminados la certificación profesional.
Además, otorga facultades meramente recaudatorias a la Dirección de Profesiones y omite facultarla para su actividad primordial, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ilegal y, acusan, promueve la corrupción.
