Obligan reformas a modificar responsabilidades de servidores públicos
MÉXICO, DF., 13 de agosto de 2014.- La renovación legislativa y la creación de organismos públicos autónomos, han originado que las disposiciones estipuladas en la normatividad, hayan sido rebasadas por la realidad que se vive, aseguró la diputada Dora María Talamante Lemas, por lo que estimó necesario modificar el catálogo actual de obligaciones a cargo de los servidores públicos, para insertar nuevas conductas a nuevos supuestos dentro de la ley.
Según un comunicado de prensa, por consiguiente, es necesario actualizar y dinamizar la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos para hacerla más acorde con los tiempos que vive la democracia mexicana, a fin de que los servidores públicos den a la ciudadanía la respuesta que se espera de su empleo, y evitar que por diversas vías o artificios se enriquezcan ilegítimamente, en perjuicio de la población en general.
Ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) expuso que la actual fracción I del artículo 36 de dicha Ley, únicamente obliga a los diputados y senadores, secretarios generales, tesoreros y directores de las Cámaras, sin embargo nada se dice respecto de los secretarios de Servicios, el Contralor Interno, los coordinadores, subdirectores, entre otros.
Además, dijo, los empleados y servidores que integran los nuevos órganos públicos autónomos deben estar regulados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que se propone reformar su artículo tercero, a efecto de precisar que también los llamados órganos públicos autónomos son considerados como autoridades facultadas para aplicar dicha disposición a todos sus empleados y servidores.
“En Nueva Alianza consideramos que es indispensable que dichos servidores también transparenten su situación patrimonial y sean sujetos de seguimiento y revisión, para así garantizar que no incurran en enriquecimiento ilícito”, externó.
Por lo anterior, Talamante Lemas presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley citada y ratificar así el espíritu de esta legislación, la cual nació –recordó– con el objetivo de que los servidores públicos se condujeran con la debida diligencia, honradez, lealtad e imparcialidad.
Apuntó que, en tal sentido, esa propuesta tiene la finalidad de corregir lo que no funcionó y preservar lo que probó eficacia democrática y buenos resultados, con base en las experiencias vividas en el quehacer de los servidores públicos.
Puntualizó que para lograr superar los vicios de operación y costumbres negativas que aún persisten en el servicio público, se considera necesario reformar las disposiciones susceptibles de ser mejoradas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.