Justicia penal, fuente de violación a los derechos individuales: Iris

MORELIA, Mich., 11 de diciembre de 2012.- La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, aseguró que la administración de la justicia penal en nuestro país sigue siendo una fuente de violación sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por México. En nuestro sistema penal, los procesos no cumplen cabalidad con las formalidades esenciales del procedimiento.“Se administra la imposición de las penas recurriendo, en la mayoría de los casos y como regla, al encarcelamiento preventivo de personas inocentes.“Indudablemente que deben destacarse grandes avances por la reforma. No obstante, también introdujo elementos que constituyen un grave riesgo contra el principio de presunción de inocencia y contra los derechos del imputado a la defensa”, dijo.Destacó que con notoria violación de las garantías que conforman el debido proceso legal, y creando de hecho un régimen especial, conserva vicios y rasgos inquisitivos para procesar a las personas señaladas como probables responsables de delitos considerados de delincuencia organizada.Otro de los grades de retrocesos de la reforma consiste en la eliminación del concepto de “cuerpo del delito”, reduciéndose obviamente los requisitos para su integración, al igual que la exigencia de datos necesarios para hacer probable la responsabilidad del indiciado, lo que indudablemente permitirá ordenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso sin pruebas idóneas y suficientes.El espíritu del legislador en la reforma constitucional de 2008 estuvo orientado a atender tanto la protección de los bienes jurídicos individuales y colectivos frente al delito como la protección de los derechos humanos frente al ejercicio del poder penal estatal. Por lo que, lejos de pretender generar un sistema que sólo atendiera alguno de esos aspectos, buscó organizar un sistema de justicia penal equilibrado y funcional.Como consecuencia, si su aplicación práctica ha provocado un insalvable desequilibrio entre necesidad de seguridad ciudadana frente al delito y la exigencia de contención del poder para garantizar la protección de derechos humanos, incuestionablemente que deben corregirse legislativamente determinados instrumentos política criminal propuestos en la reforma constitucional de 2008, para que se constituyan no sólo en respuesta suficiente ante la criminalidad, sino que además contribuyan a que el proceso penal cumpla eficazmente con sus fines y al mismo tiempo respete las garantías procesales y los derechos humanos.En esta línea, la senadora Iris Mendoza expuso que presentó una iniciativa con proyecto de decreto, en el objetivo que contribuya a transformar los componentes fundamentales de la estructura de la administración de justicia penal en sentido amplio, cinco rubros proyecta reformar la presente propuesta legislativa: reforzar el principio de presunción de inocencia; extraer del orden constitucional la figura del arraigo; acotar el valor probatorio de los testigos protegidos; instaurar la responsabilidad patrimonial del estado por detenciones indebidas, y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos”.