Infancia mexicana es cooptada por crimen organizado

MÉXICO, DF, 24 de julio de 2015.-  En México, niñas y niños son cooptados por el crimen organizado debido a la terrible situación que enfrentan millones de ellos al carecer de lo más elemental como alimentación, vivienda, educación y salud; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el primer paso para avalar sus garantías.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), indicó que en México viven 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 37 por ciento de la población, quienes mantienen una serie de carencias y limitaciones para acceder y ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos.

Este grupo social, dijo, enfrenta situaciones complejas que lo alejan de una infancia segura e ideal, donde niñas y niños sean completamente sanos, se encuentren en la escuela y en lugares de recreo y donde los adultos asuman la responsabilidad que implica su desarrollo y protección.

En la presentación del libro “El interés superior del Niño”, la diputada federal por Jalisco señaló que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el primer paso para avalar las garantías de la infancia mexicana.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Miguel Alonso Raya, cuestionó “cómo se puede decir que se está atendiendo al cien por ciento de los niños en educación básica cuando hay menores que están tragando fuego. Los infantes en situación de calle en qué estadística se les ubica para efecto del derecho a la educación básica obligatoria”.

Mencionó que hay problemas en contabilizar cuántos niños son jornaleros o trabajadores en talles familiares y quiénes de ellos sufren violencia. Además, alertó de un aumento en el número de suicidios en este sector de la población y el poco interés por estudiar este fenómeno.

Alonso Raya pidió hacer conciencia de lo que significa tutelar y reivindicar el interés superior de la niñez, entendiéndolo como la protección de sus derechos humanos en cualquier circunstancia y situación, siendo obligación del Estado tutelarlos y dar las condiciones y la garantía de que niñas y niños se desarrollen en mejores ambientes”, añadió.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, admitió que las niñas y niños en México son cooptados por el crimen organizado debido a la “terrible situación” que enfrentan millones de ellos al carecer de lo más elemental como alimentación, vivienda, educación, salud y ser víctimas constantes de abandono, de violencia y de todo tipo de explotación.

Destacó que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños refiere en sus protocolos facultativos, desde 1989, la venta de niños, prostitución infantil, pornografía, reclutamiento como soldados en conflictos bélicos, aunque, precisó, “en México no se da este último, pero sí tenemos el reclutamiento de los niños por el crimen organizado”.

Resaltó que las víctimas que han sido cooptadas “son desechables por el propio crimen organizado, porque es una población altamente vulnerable, por lo que las niñas y niños necesitan una protección especial donde las instituciones públicas, jueces, legisladores y la sociedad armonicen esfuerzos, a fin de garantizar su bienestar y acceso a la salud, educación, alimentación y descanso”.

Señaló que de acuerdo con el INEGI, los niños menores de 14 años representan el 30 por ciento de la población; el 60 por ciento de la población de entre 0 y 5 años de edad se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial, y el 27 por ciento en condiciones de pobreza alimentaria; mientras que la tasa de mortalidad infantil es 60 por ciento más alta en la población indígena que en la no indígena.

Casi 3 millones de niños no asisten a la escuela y el 15 por ciento empieza a trabajar a los 15 años o antes. El trabajo infantil en México, enfatizó, afecta aproximadamente a 3 millones y medio de niños; 7 de cada 10 niños trabajadores residen en zonas menos urbanizadas, lo que condiciona el tipo de ocupación que desempeñan y el 29.8 por ciento son trabajadores agropecuarios; 21.7 son trabajadores industriales, artesanos y ayudantes.

Sánchez Cordero indicó que este porcentaje de niños de población infantil no recibe ingresos por las actividades económicas que realiza; el 14 por ciento sufre agotamiento como consecuencia de su jornada laboral que, además, suele ser insalubre y peligrosa.

Mencionó que de acuerdo con señalamientos de UNICEF-México, las niñas y niños mexicanos experimentan diversas formas de violencia física y verbal que incluyen no sólo el maltrato, sino la explotación y situación de calle; en tanto, la mitad de los 42 millones de niños menores de 18 años viven en situación de violencia, según Conapred.

Precisó que la reforma al artículo 1 constitucional en el 2011, fue el parteaguas para crear la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, marca las directrices para respetar, proteger, dar contenido legislativo y jurisprudencial al interés superior del niño. Entonces, preguntó, quién en su sano juicio y qué autoridad no debe atender primordialmente ese interés.

Sin embargo; acotó, queda mucho por hacer si se considera que esta etapa de los niños es la más vulnerable en el crecimiento del ser humano. “La situación desesperada de estos niños ha pasado a formar parte de nuestras conversaciones como si fuera algo normal, una situación que no nos extraña ni nos asombra, le damos vuelta a la página cuando hablan de este tema”, apuntó.

Añadió que los jueces tienen que hacer una interpretación del derecho de manera amplia y flexible para entender y traer todos los medios de prueba para proteger los derechos de las niñas y niños, ¿cómo carear al menor con su agresor si sufrieron abuso sexual, cómo llevar una situación conciliadora de acoso sexual y laboral con los menores? Estas situaciones están absolutamente descartadas, no hay manera”.

Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de la asociación civil “Ririki Intervención Social”, expresó que si algo distinguirá a esta LXII Legislatura será su interés por los derechos de la niñez, en particular por la creación de la ley general en esta materia y la reforma al artículo primero de la Constitución.

Planteó hacer operativo el interés superior de la niñez para evitar violaciones a sus derechos. Por ejemplo, dijo, con lo ocurrido en Ostula, Michoacán, “se necesita volver a llamar la atención en que los niños, en escenarios de delincuencia organizada o de alta violencia, requieren de protocolos especiales con una visión integral del interés de los menores; si lo tuviéramos, el caso de este niño hoy muerto no hubiera sucedido”.

Añadió que es preocupante la pobreza que padecen las niñas, los niños y los adolescentes, pero lo es más la falta de políticas públicas con un enfoque de protección especial para los menores ante un hecho lacerante.

Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, de la Secretaría de Salud, resaltó que las políticas públicas no solamente declaran el interés superior de la infancia, sino que se abocan a realizarlo efectivamente, en aras de un mayor grado de bienestar para los niños.

Consideró que se debe visibilizar el maltrato infantil y resaltó que hoy en día se tiene una gran cantidad de niños con daño neurológico asociado a violencia obstétrica por un sistema de salud precario, “lleno de errores, prejuicios y violencia contra la mujer, así como de expresiones y agresiones al momento del parto”, lo que traerá como consecuencia el daño permanente de esos menores. Por ello, agregó, eso debe formar parte importante del interés superior de la infancia.

Arturo Loredo Abdalá, pediatra internista y especialista en el estudio y atención integral del niño maltratado, señaló que los infantes deben tener autoestima, capacidad de crear, educación y ser solidarios, pero sobre todo gozar de salud, la cual se gesta desde antes de que se conciba al menor.

Precisó que los niños que son agredidos desde que están en el vientre, porque la madre fuma, toma, está en contacto con sustancias lícitas o ilícitas o es deseada, tienen una repercusión, no sólo en el bajo peso o perímetro cefálico menor al esperado, sino en el trastorno por déficit de atención o un aprovechamiento inadecuado.

Para enfrentar el problema del maltrato infantil, propuso conocer y sostener los derechos de los niños, niñas y adolescentes; desarrollar una crianza humanizada con base en una puericultura eficaz, una cultura por la paz, identificar a los menores que son víctimas y contar con una herramienta que permita detectar a los que potencialmente pueden ser maltratados.

Rocío Ortega, a nombre de Alison Sutton, representante adjunta de Unicef México, destacó la importancia de que se “permee hacia la sociedad una cultura de respecto a los menores”, ya que las temáticas de la infancia en general están más presentes en las agendas políticas que abordan más los derechos de los niños y desmistican el cómo era antes y es ahora.

Refirió que la estructura de la ley general implica retos y desafíos para establecer una serie de mecanismos que serán útiles en el avance de un trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad en el cumplimiento de los derechos de los niños.

Lograr “el superior interés del niño” exige un esfuerzo conjunto que haga posible avanzar hacia una cultura, políticas públicas y leyes específicas que reconozcan a los menores como el presente y el futuro del país. Expresó el compromiso del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas a apoyar las acciones mexicanas que contribuyan a solucionar la problemática que sufren los menores.

Elva Leonor Cárdenas Miranda, en representación de la directora general de Protección a la Infancia del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo, apuntó que el gran desafío es “crear un verdadero Sistema Nacional de Protección, del que México carece en este momento”, a fin de garantizar el cumplimiento del “interés superior de la niñez”.

El nuevo marco jurídico, aprobado en diciembre de 2014, es el instrumento mediante el cual se tomarán todas las decisiones que velen porque se respeten los derechos de los infantes. “Se considera a los niños como titulares de derechos, ya no como ciudadanos a medias ni objetos; son niñas, niños y adolescentes que pueden hacer valer sus derechos sin ninguna limitación”, afirmó.

El objetivo es asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos derechos mediante un enfoque holístico que integre el desarrollo físico, mental, psicológico, moral y espiritual, de acuerdo a las necesidades de cada menor, vinculado a la situación colectiva. “La responsabilidad es de todos, una sola institución no puede con este reto tan grande”, sostuvo.

Por su parte, la coordinadora del programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refirió que las niñas, niños y adolescentes constituyen la mayor prioridad para ese organismo y que es responsabilidad de los distintos sectores sociales garantizar sus garantías.

Consideró que es primordial tranversalizar el interés superior de la niñez para lograr una legislación armónica en la materia. “Es necesario que los autores que velan por los infantes tengan un enfoque integral en la construcción de la ley”, comentó.

“La principal valía del libro que se presenta es que da un tratamiento multidisciplinario al concepto del interés superior de la niñez, y es importante porque cuando se comprometan los derechos de los más vulnerables debemos ser sensibles”, agregó.

Nalley Paredes Ruíz, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, recalcó que desde la palabra “menores” se van minimizando los derechos de los niños. “Muchas veces se ven como personas medias; sin embargo, son personas completas que necesitan y necesitamos verlos y hacerlos visibles a problemáticas que hay en el país”.

El libro, elaborado por la Comisión de Derechos de la Niñez, es una compilación sobre los diversos posicionamientos del interés superior de la infancia, que sustentan personalidades nacionales e internacionales, a fin de que sea una herramienta de consulta y un esfuerzo más a favor de la infancia mexicana.