Ignorantes y los de discurso político, en comparecencias al TJAM
MORELIA, Mich., 10 de marzo de 2016.- En la comparecencia de los 17 aspirantes a ocupar la plaza de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) hubo de todo: los ignorantes que desconocen hasta el sistema anticorrupción que está por aplicarse en el país o los que llevaban preparado un discurso político y los que mostraron su conocimiento.
Fue una sesión de seis horas, en las que cada uno de ellos dispuso de diez minutos para exponer su motivación y plan de trabajo de ser “palomeados” y luego respondieron a las preguntas de los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien también mostraron poco conocimiento y atención porque les escribieron lo que debían preguntar y aún así se equivocaron.
De las 17 comparecencias la reportera sólo atestiguó las de cuatro aspirantes y de ellos, el que mejor papel desarrollo fue Ignis Salvador Castillo Correa quien hizo un diagnóstico de la institución, la criticó y ofreció soluciones.
Mencionó por ejemplo que de los 51 millones que tiene de presupuesto, 42 se gastan en personal; de 90 plazas y solo tres son de actuarios, una por cada ponencia que en total resuelven mil 500 casos por año.
Sobre el origen de los asuntos que trata dijo que 70 por ciento son de Morelia, principalmente de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el ayuntamiento de Morelia. El 25 por ciento restante son asuntos de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan, donde hay oficinas regionales, lo que significa que hay un Tribunal de Justicia Administrativa de Morelia, no de Michoacán, al que le falta modernización y es poco eficiente en sus resoluciones.
La solución que plantea es sencilla, una auditoría de procesos, realizada por estudiantes de ingeniería industrial que identifiquen los cuellos de botella, reduciría gastos y beneficio a los ciudadanos ya que sus asuntos se resolverían tres o cuatro meses cuando actualmente se llevan ocho o nueve meses y como el principal obstáculo es la notificación, propone se haga en línea para evitar contrataciones, ahorrar papel y tinta con una simple modificación al Código.
La primera de la ponentes fue Consuelo Muro Urista quien también señaló la centralización del tribunal ya que los ciudadanos tienen que trasladarse a la capital, lo cual obstaculiza el derecho de tutela judicial efectiva y de su respeto depende el mantenimiento del estado de derecho que es el instrumento para remediar los males de la administración pública.
Consideró que es necesario establecer salas regionales y una sala superior, para que haya cercanía y agilizar los procedimientos e impartir justica administrativa efectiva y se refirió al sistema nacional anticorrupción como una gran herramienta para establecer un orden específico y ello ocurrirá cuando la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de la Contraloría actúen como fiscalía y determinen falta, delito o cualquier acto de corrupción.
La segunda compareciente fue Martha Ochoa León quien con su grado académico de doctora no pudo presentar hacer una exposición y sus 10minutos los dedicó a hablar de su familia y de su formación, pero no sabe siquiera que se está implementando el sistema nacional anticorrupción en el que el TJAM tendrá un papel preponderante.
Como no atinaba a dar ninguna respuesta, los asistentes a las comparecencias murmuraban: por piedad que ya no le pregunten, pero como los diputados llevaban su guión de preguntas siguieron poniéndolaen ridículo.
El último compareciente fue Edward Fernando Arreola Hernández y le apostó al discurso con mensaje político ya que su exposición fue la capacitación y certificación del personal para impartir justicia apegada a los derechos humanos y ofrecer una justicia administrativa de calidad con fallos fundados y motivados.
Luego habló de los sacrificios de los juristas en su ejercicio porque no tienen horario y se enfocaría a sacar los rezagos de la primera ponencia que ocuparía de ser designado, luego de la renuncia del magistrado Sergio Flores.
Con él fue donde quedó en evidencia la poca atención de los legisladores, probablemente porque las preguntas que les prepararon fueron muy técnicas, como determinados artículos del Código de Justicia Administrativa, la condenación de costos o algunos principios como exhaustividad, sobre el que le preguntaron en dos ocasiones seguidas.
