Favorable para Michoacán, contar con una Fiscalía de Justicia autónoma
MORELIA, Mich., a 27 de octubre de 2014.- De lograrse las reformas correspondientes y la debida implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el estado de Michoacán se convertiría en una de las entidades federativas que sustituye a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) por una Fiscalía General de Justicia, cuya actuación sería totalmente autónoma, destacó el diputado Olivio López Mújica.
El presidente de la Comisión de Gobernación de la 72 Legislatura del Congreso del Estado mencionó que está por definirse esta propuesta, de la cual destaca que el jefe del Ejecutivo Estatal ya no sería el responsable de designar al procurador, en este caso al fiscal.
De esta forma, se restaría manejo político al nombramiento del encargado de la procuración de justicia en el estado. Para su designación, explicó López Mújica, también se afinan detalles para determinar si el funcionario estatal sería nombrado por el Congreso de Estado y por cuánto tiempo, ya que se analiza si es por seis o nueve años.
La Fiscalía General de Justicia sería un órgano constitucional autónomo, como ya existe antecedente en los estados de Guerrero y Morelos.
Olivio López Mújica dio a conocer que la Fiscalía tendría las mismas funciones que la actual PGJE, con atribuciones acordes también al Nuevo Sistema de Justicia Penal; de lograrse los consensos, entonces la Fiscalía quedaría establecida para el 2015.
El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional señaló que existe confianza de que no se vuelva a aplazar la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por ello desde el Congreso del Estado se trabaja a marchas forzadas para su implementación.
Con relación al presupuesto del 2015 para el área en cuestión, refirió que no se deben escatimar recursos en el tema de la procuración e impartición de justicia, porque se trata de acciones en beneficio de la sociedad michoacana.
Es de mencionar que una decena de entidades federativas realizaron las reformas correspondientes para contar con una Fiscalía, de las cuales tienen carácter de autónomas las de los Estados de Guerrero y Morelos, además de destacar esta nueva figura en los Estados de Chihuahua, Nayarit, Hidalgo, Durango, Jalisco y Yucatán.
Con base a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con reformas hechas en otros estados, la Fiscalía General de Justicia sería la responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en términos de lo que establece el Artículo 21 Constitucional.
Tendría a su cargo la institución del Ministerio Público, de conducir las funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz pública, de la conducción y mando de las policías, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales.
Asimismo, la aplicación de sanciones por las infracciones en materia de vialidad que disponga la ley correspondiente, así como del sistema de reinserción social, protección civil y atención a víctimas, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Cabe señalar que esta reforma tiene su antecedente en el estudio y análisis de 56 propuestas de reforma por parte del Senado de la República para la modificación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Procuraduría General de Justicia de la República tenga un modelo de órgano constitucional autónomo, ya que se consideró que actualmente se vulnera la autonomía del Ministerio Público, por su naturaleza jurídica y forma de elección del procurador.
Esto debido a que el Estado debe llevar a cabo sus funciones de procuración de justicia de forma libre, y sin injerencia de otros poderes u órganos o influencias políticas, lo cual culminó la Fiscalía autónoma, que señalara el artículo 102, inciso A, de la Constitución Federal.
Además de que el artículo 116, fracción IX, refiere que las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
