Expone Samuel Navarro información sobre deuda pública de Michoacán
ZAMORA, Mich., 16 de Junio del 2011.- Un resumen de la Deuda Pública existente con datos desde el Congreso del Estado, información que hace llegar legislador Samuel Arturo Navarro Sánchez, que según declaró, tiene la finalidad de que los lectores de Quadratin, tengan información más completa y sustentada en documentos que obran en el poder del Congreso y puedan así realizar un análisis objetivo y verás acerca del tema de la deuda pública estatal.HISTORIAL DE DEUDAPeriodoDel Gobierno EstatalLegislaturaMonto en MillonesTOTAL1996-2001LXVIII1581582002-2007LXIX3,00031582002-2007LXX3,5006,6582008-2012Gob. Edo.5,672.712,330.72008-2012LXXI87213,202.7º NOTA: De la cantidad de 5,672.7 millones de pesos, 4,800 millones de pesos fueron reestructurados por la LXXI Legislatura como parte de una deuda ya existente, en la que la propia Legislatura no tuvo conocimiento ni participó en su previa autorización en virtud de que la anterior ley de deuda pública autorizaba al gobierno a contratar deuda sin la autorización del Congreso, en los casos de deuda a corto plazo. (Art. 2 anterior ley de deuda publica).La suma total de la deuda pública heredada y preexistente por los tres periodos de Gobierno Estatal señalados en los primeros cuatro renglones del cuadro que presento es de: 12,330.7 millones de pesos, en los que la actual Legislatura del Congreso del Estado no tuvo ningún conocimiento ni responsabilidad, en virtud de que fue contratada antes de que esta Legislatura asumiera su mandato (6,658 millones) o bien ya asumido, fue contratada sin su conocimiento (5,672.7 millones). De no haber aprobado la reestructura, las finanzas estatales hubieran entrado en una crisis por su falta de liquidez, se hubiera incurrido en incumplimiento de pagos, la calificación crediticia de Michoacán se hubiera deteriorado rápidamente, los bancos hubieran comenzado a cobrar intereses moratorios, hacerse más caros los nuevos créditos y hubiéramos inducido a que el Estado cayera en una espiral descendente en términos financieros.Los Diputados consideramos que la reestructuración de la deuda pública del Estado de Michoacán resultaba necesaria e impostergable y no existía alternativa de solución posible, ante lo cual 33 Legisladores de todas las corrientes políticas reconocimos los riesgos de no tomar una decisión y aprobamos la reestructuración de una parte de la deuda de corto plazo por la cantidad de 4,800 millones de pesos, como la única fuente inmediata al alcance de esta Soberanía para darle viabilidad financiera a nuestro Estado, evitando así una crisis económica que podría incluso haber tenido repercusiones sociales negativas.Adicionalmente se impusieron candados, limitaciones y condicionantes:a) Que nunca más en el Estado de Michoacán se contrate deuda sin la debida autorización del Congreso del Estado y la autorización en el monto global de la deuda de corto plazo, no deberá exceder del 5% del presupuesto anual.b) La actual Legislatura reformó la Ley de Deuda Pública Estatal.c) Se decretó constituir un fideicomiso público de administración y pagos con la facultad de supervisar el cumplimiento puntual y riguroso de los pagos de la deuda.d) Se estableció en la Ley, la condición para que en el Estado ningún Gobierno pueda solicitar créditos en los últimos 6 meses de su periodo de gestión.e) Un riguroso plan de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, en el Gobierno del Estado en virtud de la situación de crisis económica prevaleciente.Por las consideraciones anteriores, la actual Legislatura del Estado, sólo debe reconocer responsabilidad en la autorización de deuda pública por la cantidad de 872 millones de pesos, que deberán ser pagados antes del término de la presente Administración Estatal, tal como está establecido en el Decreto correspondiente, lo cual representa el 0.66% de la deuda pública oficial reconocida ante esta soberanía y al mismo tiempo, debemos declarar inaceptable la postura dolosa que le atribuye a la actual legislatura, responsabilidad absoluta en la deuda pública total del Gobierno del Estado, en virtud de que la reestructuración no implicó la creación de deuda nueva sino el reconocimiento de una deuda preexistente pero replanteada en mejores condiciones para el Estado, la que por otra parte es independiente a la deuda que heredaron gobiernos anteriores al actual.