Exige PRI resultados inmediatos al gobierno del estado
MORELIA, Mich., 4 de noviembre de 2015.- A 35 días de iniciada la presente administración estatal, observamos con preocupación, que los nuevos funcionarios siguen anclados en la formulación de planes y proyectos, en vez de convertir los desafíos en oportunidades de desarrollo. Coincidimos en que la gente está harta de que la clase política le siga fallando a Michoacán. La ciudadanía exige resultados inmediatos. No quiere escuchar más pretextos ni evasivas.
Según un comunicado, la etapa de campañas concluyó hace cinco meses. Es imperante que el Poder Ejecutivo ponga manos a la obra para iniciar inmediatamente la etapa de reconstrucción y recomposición de Michoacán.
Las acciones para recuperar la seguridad y el estado de derecho, que hemos podido observar en los últimos días en Michoacán, en realidad, provienen del Gobierno Federal que desde el año pasado se ha comprometido con gran determinación a favor de los michoacanos.
Quienes conformamos el Grupo Parlamentario del PRI, diputadas y diputados en plena conciencia de nuestras responsabilidades, ratificamos ante los michoacanos el compromiso de estar en observancia permanente de nuestra declaración de principios como ejes fundamentales de nuestra actuación.
De la misma manera, seremos vigilantes de nuestro marco constitucional y de las leyes y normas que de éste se desprenden, para que se traduzca en políticas públicas serias, responsables, apegadas a nuestra realidad y que pretendan en todo momento, mejorar nuestras relaciones, nuestra seguridad, la productividad y la competitividad para elevar la calidad de vida de los michoacanos.
Por tal razón es que decidimos integrar todas las comisiones posibles del Congreso estatal así como particularmente presidir las que tienen plena relación con las preocupaciones de los michoacanos y derivado de ello es que nuestra agenda legislativa hará propuestas en torno de aquellos temas que ayuden al desarrollo de los michoacanos, recuperen su tranquilidad, fomenten la inversión y la producción; de estos y otros temas habremos de puntualizarlos con ustedes en los próximos días.
Probable renegociación de la deuda bancaria del Gobierno del Estado
A partir del 20 de octubre pasado, hemos tenido conocimiento de diversas declaraciones formuladas por el Gobernador, Ing. Silvano Aureoles Conejo, publicadas en diversos medios de comunicación, en las que indica, que solicitará a este Congreso local autorización para renegociar la deuda pública del estado con la finalidad, entre otras cosas de“alcanzar las mejores condiciones crediticias que favorezcan a las finanzas del estado”.
Pero, también declaró textualmente que sería para “que se mejore la calificación financiera del estado, ya que la restructuración serviría para tres cosas bajar el volumen de pago, liberar algunos recursos y aumentar la calificación para las asignaciones federales”.
En este sentido es necesario realizar varias precisiones:
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hemos reiterado nuestra posición frente al Gobierno del Estado. Nuestro compromiso es con los michoacanos, por lo que con respecto a éste y otros temas, actuaremos siempre como una oposición crítica pero responsable.
No hay hasta este momento una propuesta formal ante el Congreso del Estado para estudiar el tema, pero tampoco vemos que estas declaraciones vayan acompañadas del compromiso de clarificar, transparentar y, en su caso, castigar a quienes hicieron mal uso de esta deuda contratada que tiene sumida en la bancarrota al estado.
La postura del grupo parlamentario del PRI antes de siquiera entrar al análisis de este tema, es un rotundo NO; primero clarifiquemos el destino de los empréstitos contratados en años anteriores, si hubo culpables del mal uso de estos recursos, que sean castigados sin importar militancia partidista, si fueron funcionarios del poder ejecutivo o del propio Congreso (Contralor o Auditor Superior), deben rendir cuentas.
El Grupo Parlamentario de PRI no regateará el apoyo para ninguna medida que se traduzca en un beneficio para los michoacanos, pero vale la pena citar un párrafo del Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal para el Ejercicio Fiscal 2013 y el Informe de Resultados de la Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública, realizada por el grupo auditor GOSSLER, S.C., y cuyo dictamen fue elaborado por las Comisiones Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de fecha 24 de marzo de 2015, que a la letra dice:
“Resulta inaceptable para el Congreso del Estado, que a estas fechas ni la Auditoría Superior de Michoacán, ni la Coordinación de Contraloría del Gobierno del Estado hayan instaurado procedimientos de responsabilidades para exigir a los servidores públicos estatales de cada uno de los ejercicios fiscales anteriores que demuestren en que aplicaron los recursos derivados de la contratación de créditos de corto y de largo plazo, que finalmente derivaron en deuda pública. Los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades permiten desvanecer los pliegos de responsabilidades o bien obtener evidencia suficiente y competente, que haga prueba plena en el campo del derecho para exigir el resarcimiento de los daños causados al Patrimonio Estatal, imponer sanciones administrativas y, en su caso, para presentar denuncias de carácter penal por delitos patrimoniales cometidos en perjuicio de la Hacienda Estatal.”
Implementación y armonización de las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción
El pasado 05 de mayo entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad.
No podemos ser omisos. Habremos de redoblar los esfuerzos y comenzar a la brevedad los trabajos tendientes a la armonización de nuestra normatividad local en materia de transparencia, haciendo efectivo de este modo el derecho a la información, que es un instrumento esencial en el combate a la corrupción.
Debemos procurar que la Auditoría Superior de Michoacán cumpla su mandato a cabalidad. El órgano de fiscalización debe ser el primero en observar el principio de legalidad, circunscribiéndose a la naturaleza y funciones que le otorgan las normas constitucionales y legales vigentes.
Castigo a los funcionarios que propiciaron el quebranto financiero del estado
En un país en el que la ciudadanía clama para que se ponga fin a la impunidad, no podemos permanecer impávidos ante el saqueo de que fueron objeto las finanzas del estado.
Si bien es cierto que las normas en materia anticorrupción se encuentran en trámite legislativo, ello no impide que con base en la normatividad vigente se apliquen las sanciones que corresponden a los funcionarios que resulten ser responsables del quebranto financiero del Estado.
De este modo, quizá sea posible resarcir un poco del daño que hicieron a los michoacanos, pero sobre todo dar el ejemplo de que quienes afectan el bienestar colectivo no habrán de salir impunes.
Los legisladores también tenemos la responsabilidad de analizar aquellos casos en que sea viable el fincamiento de responsabilidades mediante juicio político, a fin de que esos malos funcionarios se vean impedidos para ejercer cargos públicos y hacer más daño a la ciudadanía.
