Establecerían requisitos para no fomentar porros
MORELIA, Mich., 3 de abril de 2014.- Además de que será hasta el próximo ciclo escolar cuando los legisladores podrán garantizar la gratuidad de la educación media superior y superior, la Comisión de Educación de la 72 Legislatura también buscará establecer requisitos entre los estudiantes para no fomentar la creación de “porros” dentro de las instituciones educativas.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática, Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión, señaló que hay coincidencias con sus compañeros legisladores para garantizar la gratuidad como un derecho constitucional, además de que se requiere establecer requisitos, para que los jóvenes realmente aprovechen los recursos destinados a la excepción de cuotas de inscripción.
El perredista, señaló que coincide con quienes aseguran que hay alumnos que se tardan más del periodo ordinario en concluir sus estudios superiores, situación que fomenta la formación de “porros” que no se concentran en su preparación académica y en su momento, no aprovecharían los recursos destinados a la gratuidad.
De esta manera, el diputado precisó que para este año, los jóvenes que buscaron y se les concedió el amparo de la justicia federal podrán garantizar la gratuidad de la educación, mientras que en el Congreso se buscará hacer las modificaciones correspondientes al decreto, para que de manera permanente, el Ejecutivo destine una partida presupuestal para garantizar este derecho.
En este sentido, a pesar de que la Constitución establece la gratuidad como un derecho de los estudiantes, el Ejecutivo ha tenido que incumplir debido a la problemática financiera del estado, lo que orilló que además de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otros planteles educativos de educación superior comenzarán a cobrar cuotas de inscripción para garantizar su oferta educativa.
Finalmente, Eleazar Aparicio, consideró que este es el momento oportuno para discutir y adecuar el marco normativo que garantice la gratuidad, ya que durante la transición de gobierno no estaban dadas las condiciones, en las que incluso los legisladores del resto de las bancadas consideraban la posibilidad de derogar el decreto constitucional “sólo por un revanchismo político”.
