En tiempo y forma, NSJP entrará en vigor en Zamora este miércoles
ZAMORA, Mich., 10 de febrero de 2016.- Previo al arranque de los trabajos de la implementación el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la región de Zamora, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís y la titular de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, revisaron los avances en Michoacán respecto a la materia, mismos que se cumplirán en tiempo y forma.
Según un comunicado, en compañía del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro; del secretario de Seguridad Pública, J. Antonio Bernal Bustamante; y la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Dolores Ángeles Nazares Jerónimo, el encargado de la política interna revisó los por menores respecto a la implementación de las nuevas normas que rigen el sistema judicial en el país.
Durante la reunión se abordaron los temas de infraestructura y equipamiento, así como la radiografía de los recursos humanos certificados para la operación del sistema, como ministerios públicos, policías ministeriales, policías procesales, peritos y policías estatales.
Al conocer el balance de los avances en las regiones donde ya se lleva a cabo el nuevo modelo, el secretario de Gobierno, manifestó toda la voluntad en cuanto a recursos materiales, humanos y de capacitación de la administración que encabeza el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo de cumplir en tiempo y forma todos los requerimientos.
“Hemos puesto especial énfasis en cumplir todo lo necesario para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia, a través de un trabajo coordinado con las distintas áreas en la materia hemos podido capacitar y aplicar los recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo tal y como lo marcan los tiempos legales”, expresó el secretario.
Manifestó que se establecieron los compromisos para generar la sintonía en el trabajo con la SETEC para cumplir en tiempo y forma con la responsabilidad del Ejecutivo del Estado para el aporte necesario para el debido cumplimiento con la norma.
