Empresas deben asumir su responsabilidad ambiental: Rodimiro Barrera
LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 27 de marzo de 2014.- El Diputado Federal por el Distrito I en Michoacán con cabecera en el Puerto de Lázaro Cárdenas entrevistado por diversos medios de comunicación informó que para terminar con la contaminación de mantos acuíferos, aire y suelo en el municipio, es necesario que tanto empresas, autoridades competentes y la ciudadanía asuman su responsabilidad.
El representante federal reconoció que el contar con un Puerto donde están asentadas grandes empresas industriales, ha cobrado facturas en materia de medio ambiente, mismos que sumados a la falta de conciencia tanto de las autoridades gubernamentales, las empresas y los ciudadanos han provocado serios problemas de contaminación al aire, suelo y mantos acuíferos.
El legislador michoacano dijo que es evidente que las empresas generan progreso y desarrollo económico para el municipio, otorgan empleos a los ciudadanos y con ello coadyuvan para que haya estabilidad social, pero también se conviertenen medios de contaminación, por ello es de vital importancia que se establezcan las medidas pertinentes a fin de darle tranquilidad a los lazarocardenenses y regular a las empresas que contaminan y en su caso aplicar las sanciones que determinen los ordenamientos legales.
El ex Presidente municipal de Churumuco Rodimiro Barrera informó que el 30% de la industria existente en el Puerto de LázaroCárdenas contamina en alguna de sus formas. Destacó que la industria michoacana se concentra en los municipios de Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, pero sin duda alguna la gran preocupación es en este último municipio, por la gran cantidad de desechos que se generan.
Señaló el Diputado Federal que el sector pesquero del municipio se ha visto fuertemente afectado por la industrialización del puerto, generando contaminación por los tóxicos desechados a las aguas que se van a la orilla del mar del Pacífico, sin que a la fecha haya la intervención de las autoridades para disminuirla, “El Borboñon de la Muerte” como le llaman los pescadores, les ha afectado en la disminución de captura de los crustáceos.
Añadió Barrera Estrada que los líderes de cooperativas pesqueras señalan que la industria que más genera la contaminación, es la productora de fertilizantes que se ubica frente a la desembocadura del Río Balsas, desechando sus químicos a las aguas generando con esto una serie de mortalidad a las diferentes especies marinas y son años gestionando para resarcir los daños sin que las autoridades de protección del medio ambiente hayan intervenido.
Otro grave problema que se presenta en un sector de la ciudad de Lázaro Cárdenas, que ha sido señalado por ciudadanos organizados en el Comité de Vigilancia del Club de Pesca Deportiva “Cayuco Río”, A. C. y sujeto a proceso, es la contaminación del canal “Francisco Noyola” que fue construido para desahogar las aguas pluviales de algunos sectores y colonias de la ciudad y que desgraciadamente en la actualidad se utiliza para descargar las aguas negras que vienen directamente de la red sanitaria de drenes, sin ser tratados.
Por lo anterior señaló Rodimiro Barrera es necesario que la SEMARNAT, la PROFEPA y las Autoridades Municipales se coordinen, atiendan y den cabal cumplimiento a esta situación que afecta directamente desde hace varios años la salud de muchos lazarocardenenses y al mismo tiempo la contaminación del Río Balsas.
Subrayó el Diputado Federal que la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental(LEFRA) que aprobamos el 25 de abril de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de junio, tiene por objeto regular la Responsabilidad Ambiental (RA) y la reparación de los daños causados al ambiente.
Resaltó el legislador por el Distrito I en Michoacánque aunque existen medios de control para prevenir o evitar daños al ambiente en diversos países, concentrar la responsabilidad ambiental es un progreso que se va fomentando a través de la reparación de daños y la protección al ambiente y a partir de esto la creación de un marco normativo en esta materia.
Con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LEFRA) resaltó Rodimiro Barrera más que nacer, se le da lugar a un tipo de responsabilidad que no se había querido regular, esto es, se regula la Responsabilidad Ambiental, que no es civil, penal o administrativa, sino una nueva y diversa que nace a partir de los daños causados al ambiente.
El Diputado Federal enlistó lo que la ley establece como daño ambiental: pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables del habitad, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan.
Barrera Estrada mencionó que la LEFRA considera dentro de la Responsabilidad Ambiental a la “Responsabilidad Solidaria”, misma que se actualiza cuando el causante del daño se valga de otro para llevar a cabo dicho daño y cuando se compruebe que el mismo fue causado por dos o más personas y no sea posible la determinación precisa del daño aportado atribuible a cada una.
Agregó el ex Alcalde michoacano que la Responsabilidad Ambiental se puede demandar judicialmente en el plazo de doce años contados a partir de que ocurrió el hecho o sus efectos hayan cesado y se legitiman para ello: los habitantes adyacentes al daño, las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la protección al ambiente, en representación de habitantes adyacentes al daño, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como las Procuradurías ambientales que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.
El Legislador Federal dijo que para cumplir con el objeto de la LEFRA, se establece un procedimiento judicial mediante el cual, los legitimados podrán demandar la Responsabilidad Ambiental (RA) y el cumplimiento de las obligaciones y pagos generados por el daño ambiental ocasionado por aquellas que realicen su conducta con la intención de producir un daño al medio ambiente, mismo que, dependiendo del grado de afectación, podría derivar es responsabilidades penales (delito).
Las sanciones económicas en caso de las personas morales, pueden consistir en una multa de 1, 000 a 600, 000días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; en el caso de las personas físicas la sanción económica varia de 300 a 50, 000 días.
Dichas sanciones podrán disminuirse cuando las empresas cuenten con órganos internos de gestión y capacitación ambiental constantes, así como certificados de cumplimiento de auditoría ambiental (certificado de industria limpia, por ejemplo).
Rodimiro Barrera señaló que nos encontramos ante un instrumento nuevo y diverso donde tendrá que haber forzosamente capacitación de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, hasta el involucramiento de personal judicial, incluyendo árbitros, mediadores y demás profesionales que en su momento se pudieran involucrar.
Agregó Barrera Estrada que se debe concientizar a las organizaciones no gubernamentales y a la población en general para que este instrumento jurídico sea visto como una protección de los recursos naturales y no como un arma o instrumento para destruir proyectos de inversión.
Finalmente el Diputado Federal por el Distrito I enMichoacánargumentó que a efecto de que las organizaciones y/o empresas cumplan con el marco normativo ambiental actual, y con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LEFRA), se recomienda el inicio de acciones tendientes a diseñar, realizar, coordinar y evaluar un Sistema de Gestión Ambiental que se adapte a la forma de operar y características de cada negocio, mediante la implementación de estrategias sustentables, el uso de tecnologías limpias y la aplicación de buenas prácticas ambientales que optimicen el desempeño ambiental de las empresas, siendo de sugerencia sana, el verificar que exista evidencia del cumplimiento de los términos y condiciones que se establecen en los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que se hayan obtenido.
