Diputados, a la espera de informe sobre deuda pública de Michoacán

MORELIA, Mich., 22 de agosto de 2011.- El Poder Legislativo local está a la espera de conocer el informe de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en torno a los montos y la legalidad o las responsabilidades en que se haya incurrido con motivo del elevado endeudamiento público del Ejecutivo estatal, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jaime Rodríguez López.Al respecto, el también coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 71 Legislatura recordó que a finales del pasado mes de julio terminó el plazo que la soberanía popular dio al órgano técnico fiscalizador para hacer una auditoría respecto de las obligaciones de corto, mediano y largo plazo contratadas por el gobierno estatal.Jaime Rodríguez indicó que dicho reporte no ha llegado aún a la Junta de Coordinación Política, pero no descartó la posibilidad de que ya se haya entregado a la Comisión Inspectora de la ASM, que preside el también diputado priísta, Alfredo Anaya Gudiño, o incluso a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública o de Hacienda y Deuda Pública, que encabezan los diputados Antonio Cruz Lucatero y Epigmenio Jiménez Rojas, de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), respectivamente.El dos veces diputado federal y por segunda vez diputado local indicó que actualmente el Congreso del Estado se encuentra ocupado en otras tareas, como la reestructuración de comisiones y la conformación de una agenda parlamentaria para el término de la 71 Legislatura, sin embargo, anticipó que posteriormente el tema de la deuda pública de Michoacán dará mucho más de qué hablar.Rodríguez López explicó que para varios de los diputados del PRI y para el diputado único de Convergencia en el Poder Legislativo local no sólo es importante conocer los montos reales del multimillonario endeudamiento público estatal, sino también la legalidad o ilegalidad del mismo, para que en su momento se finquen responsabilidades contra aquellos que hayan incurrido en irregularidades.