Detallan los criterios y líneas de acción del Gobierno
MORELIA, Mich., 4 de agosto de 2014.- El gobernador de Michoacán detalló la mañana de este lunes, los criterios y líneas de acción del Ejecutivo estatal.
A continuación, los puntos:
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
En los términos del CAPÍTULO TERCERO de la Ley de Planeación del Estado, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 16 de octubre de 2012 el Plan Integral de Desarrollo Estatal vigente.
Su elaboración y aprobación no es una mera formalidad, sino una obligación legal que este gobierno cumplirá con seriedad. Esta administración habrá de darle seguimiento puntual, en todos sus ejes, líneas de acción, metas y programas, y en su momento informará a la ciudadanía de sus logros, resultados y pendientes.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
Los presentes criterios y líneas de acción de la administración pública estatal se desarrollan con el propósito de alcanzar los siguientes Objetivos Generales y Específicos:
1. Fortalecer la gobernabilidad democrática.
1.1. Asegurar el cumplimiento de la ley por todos los servidores públicos.
1.2. Recuperar la confianza de los michoacanos en las instituciones públicas.
1.3. Fomentar una cultura de la legalidad en la sociedad.
1.4. Promover el diálogo con las fuerzas políticas y la participación ciudadana.
1.5. Brindar condiciones para un proceso electoral pacífico, libre y equitativo
1.6. Asegurar una sucesión de gobierno ordenada y transparente.
2. Lograr el saneamiento financiero del Estado.
2.1. Ejercer los recursos públicos de manera eficiente, transparente y honesta y combatir la corrupción.
2.2. Fortalecer los mecanismos de vigilancia, auditoría y rendición de cuentas.
2.3. Reactivar la inversión pública y cumplir los compromisos de pago.
2.4. Proponer un presupuesto de ingresos y egresos balanceado.
3. Promover la recuperación económica.
3.1. Fortalecer la seguridad pública y jurídica para la propiedad y las actividades económicas.
3.2. Crear condiciones favorables al desarrollo regional y la generación de empleos productivos y bien remunerados.
3.3. Fomentar inversión.
4. Impulsar el desarrollo social con equidad.
4.1. Combatir la pobreza y fortalecer la capacidad productiva de los grupos sociales menos vulnerables.
4.2. Ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud, especialmente para quienes carecen de seguridad social.
4.3. Fortalecer la educación de calidad, el estímulo al mérito profesional y los valores cívicos.
4.4. Fomentar el deporte, el arte y la cultura, como elementos esenciales del desarrollo y la cohesión social.
4.5. Generar condiciones de mayor bienestar social, que permitan ejercer el derecho de las personas y las comunidades a vivir en libertad y con dignidad.
4.6. Promover la igualdad de derechos y combatir toda forma de discriminación.
5. Restablecer la seguridad y el Estado de derecho.
5.1. Continuar, en coordinación con el Gobierno Federal, la Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, para el restablecimiento del Estado de derecho.
5.2. Depurar y fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
5.3. Promover la participación ciudadana en la prevención del delito.
Eje 1. MICHOACÁN CON RUMBO.
1.1. Confianza en las instituciones y reconciliación social.
Michoacán ha sufrido un deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, a consecuencia de la incapacidad de éstas para asegurar una vida social segura y ordenada. La inseguridad pública frena la actividad económica e infunde miedo y desconfianza entre los propios ciudadanos. Las diferencias naturales en una sociedad compleja, plural política y culturalmente, se exacerban y alimentan el encono, dividen comunidades, debilitan la cohesión social y amenazan a la convivencia democrática.
La confianza es condición del desarrollo económico. Los inversionistas, los profesionistas, los trabajadores del campo y la ciudad necesitan certidumbre para el desempeño de su actividad. Necesitan confiar en que su capital o su trabajo están amparados por la ley y por un gobierno que la hace cumplir y que los recursos públicos, son administrados con pulcritud y eficiencia.
Es necesario emprender acciones políticas para fortalecer las instituciones y propiciar la reconciliación social. El Gobierno del Estado está obligado a regir sus acciones conforme a la ley, combatir la impunidad, ampliar los mecanismos de transparencia, mantener diálogo con las fuerzas políticas, atender las demandas sociales, y actuar con imparcialidad en la solución de conflictos sociales.
La reconciliación entre los michoacanos tiene como guía el bien social, la justicia, y el cumplimiento de la ley.
Los servidores públicos que, presuntamente, hayan transgredido la ley y lesionado las finanzas o el patrimonio del Estado, serán investigados con apego a las disposiciones legales, y de ser el caso, sancionados. No habrá persecución interesada, pero tampoco impunidad.
1.2. Gobernabilidad democrática y Estado de Derecho.
Gobernar una sociedad democrática exige a las autoridades capacidad de diálogo, tolerancia a la crítica, respeto a la disidencia y negociación para conciliar intereses, el compromiso con la democracia es el respeto a todas las reglas y mecanismos que limitan y vigilan el poder, someten a escrutinio el ejercicio de los recursos públicos y fomentan la participación ciudadana. La democracia es oportunidad y deber de todos los ciudadanos hacerla efectiva con la participación política, la libre asociación, la crítica y la manifestación de las ideas sin cortapisa.
Gobernar democráticamente es hacerlo conforme a la ley, someter a la ley todos los actos de gobierno y aplicar la ley en todas las esferas de la vida social. Sin legalidad no hay democracia ni justicia verdaderas; sin respeto a las leyes, los derechos de unos son vulnerados por los más fuertes. El Estado de Derecho, es condición esencial de la libertad, la igualdad de derechos y la democracia; es condición de la vida civilizada.
La crisis de seguridad, el deterioro institucional y la inestabilidad que ha sufrido Michoacán en los últimos años, es resultado de la insuficiente aplicación de la ley. El producto más pernicioso de la falta de aplicación de la ley es la impunidad, y ésta se convierte en incentivo para violar nuevamente la norma.
Esto no solamente propicia la expansión de la delincuencia; también estimula conductas fuera de la ley de grupos y organizaciones cuyos reclamos pudiendo ser legítimos, son encauzados en forma contraria a la ley y a los derechos de los demás.
El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la democracia y con todas las libertades públicas que la Constitución y las leyes garantizan, el goce de derechos de todos los ciudadanos, debe ser la razón del Estado para velar porque el ejercicio de las libertades se conduzca siempre con respeto a las leyes y a los derechos de los demás. Ninguna causa social ni reclamo colectivo, justifican la violación de las leyes, menos aun cuando se efectúen acciones que atenten contra la seguridad, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.
El Gobierno del Estado estará abierto al diálogo y a la negociación con todos los grupos sociales, atenderá hasta el límite de sus capacidades las demandas legítimas; pero no ha de tolerar el uso de la violencia, la transgresión de la ley, el daño a los derechos y propiedades de terceros ni la afectación del patrimonio público.
La aplicación, prudente, de la ley, será el medio más importante para formar en la sociedad una cultura de legalidad. La democracia será más fuerte y las libertades de todos estarán mejor garantizadas, en la medida en que todos, gobernantes y gobernados, se ciñan a la ley.
1.3. Transición ordenada y transparente.
En un régimen democrático, la sucesión en los poderes públicos transita en forma legal y ordenada. El relevo en la administración pública se produce conforme a reglas pre-establecidas y con ánimo de colaboración. La alternancia de partidos en el poder público es una eventualidad normal que no debe perturbar la colaboración entre gobiernos sucesivos. Tratándose, como el actual, de un gobierno designado para concluir un breve período de administración, preparar una sucesión ordenada y transparente es una de las tareas que este Gobierno emprende desde el primer día.
Es compromiso de esta administración mostrar a los partidos políticos y a la ciudadanía una conducta imparcial, respetuosa y apegada a la ley.
Organizar las elecciones y arbitrar la competencia entre los partidos es responsabilidad exclusiva de los organismos electorales, federales y locales, facultados para ello. El Gobierno del Estado será respetuoso de la autonomía de las autoridades electorales. Les brindará a éstas el apoyo y la colaboración que requieran conforme a las leyes electorales. Además, el Gobierno velará porque prevalezcan en toda la entidad las condiciones de libertad y seguridad necesarias para el ejercicio libre del voto ciudadano.
El Gobierno del Estado cuidará escrupulosamente que ningún recurso público –sea financiero, material o humano– sea desviado de sus fines para apoyar, directa o indirectamente, partido o candidato alguno. Esta es una orden, clara y enérgica, del Ejecutivo estatal a todos los servidores públicos. No se tolerará ninguna forma de intromisión del gobierno en las contiendas electorales. Toda infracción en ese sentido será sancionada conforme a las leyes electorales, penales y de responsabilidad administrativa.
La situación financiera del Gobierno es difícil y la información administrativa recibida presenta omisiones y deficiencias. Es compromiso de este gobierno esclarecer, hasta donde sea posible, el uso que se ha dado a los recursos públicos y regularizar la documentación correspondiente, a fin de entregar al nuevo gobierno una información administrativa veraz, oportuna, ordenada y transparente.
Desde el inicio de este Gobierno se están adoptando todas las medidas administrativas y contables para proveer de la más exhaustiva documentación todos los actos administrativos que se lleven a cabo en el periodo que le corresponde, a fin de que al término del mismo se entregue, al nuevo gobierno, la información debidamente sustentada, y se rindan cuentas claras y transparentes al pueblo michoacano, conforme a las normas aplicables.
Eje 2. MICHOACÁN COMPETITIVO.
2.1. Saneamiento financiero y transparencia.
El Gobierno del Estado de Michoacán enfrenta una difícil situación financiera, originada por cuatro factores principales acumulados durante los últimos años:
1) El nivel de endeudamiento público que limita severamente los recursos disponibles a consecuencia del oneroso costo del servicio de la deuda,
2) El volumen elevado de pasivos, no financieros, por incumplimientos de pagos a particulares, que reduce la capacidad de gasto del gobierno y debilita la actividad económica regional,
3) El gasto excesivo en los servicios de educación por la aprobación de compromisos laborales sin fuentes de financiamiento, que genera un déficit creciente y recurrente,
4) La mezcla en el manejo de los recursos públicos federales y estatales, que produjo un desorden administrativo, con transferencias presupuestales incorrectas y uso indebido de dichos recursos, con falta de claridad y transparencia en la información financiera.
Esta condición impide cumplir eficazmente las funciones básicas de la administración, promover el desarrollo y el bienestar que la sociedad necesita. Es ineludible adoptar medidas para frenar el deterioro financiero y cambiar el rumbo.
Aunque el saneamiento completo de las finanzas y la administración es un proceso que requiere años, se debe iniciar el reordenamiento, con reformas estructurales, medidas administrativas y operaciones crediticias, que pongan las bases del equilibrio financiero del Gobierno del Estado.
En la medida en que el gobierno estatal cumpla con este reordenamiento, podrá contar con más apoyos del Gobierno Federal para reducir la carga de la deuda y contar con más recursos frescos.
Las líneas de acción que este gobierno impulsará para iniciar el saneamiento financiero son las siguientes:
1) Revisar de manera exhaustiva los montos de la deuda vigente y los términos de contratación de los créditos, e información transparente sobre sus objetivos, montos y uso de los recursos,
2) Renegociar las deudas con los acreedores, cuando las condiciones del mercado así lo permitan, para reducir los costos de financiamiento y ampliar los plazos de vencimiento. El Gobierno del Estado cumplirá sus obligaciones, pero lo hará sin sacrificar la atención a las necesidades sociales básicas y promoviendo al desarrollo económico. Creciendo nuestra economía crecerá nuestra capacidad de pago,
3) Plantear, previo análisis y acuerdo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, las reformas legales necesarias para asegurar el ejercicio ordenado y transparente del gasto público que promueva la provisión de bienes públicos.
4) Implementar medidas de austeridad y disciplina en el gasto público para evitar incurrir en un déficit mayor, eliminar duplicidades y obtener un control eficaz de los gastos y transferencias para impedir sobre-ejercicios y sub-ejercicios no justificados. Rechazar presiones de cualquier tipo para gastar más de lo presupuestado por rubro y más de la capacidad financiera del gobierno,
5) Revisar y reorientar de la distribución del gasto del gobierno, dándole prioridad a los servicios públicos esenciales de la población, la seguridad, la inversión y la promoción del desarrollo económico, privilegiando la oferta de bienes públicos en beneficio de todos los michoacanos y michoacanas.
6) Incrementar la recaudación de las contribuciones estatales, con mecanismos eficientes que eviten la corrupción, la elusión y la evasión fiscal, sin incremento en las bases o tasas de impuestos y derechos.
2.2. Fortalecer los mecanismos de vigilancia, auditoría y rendición de cuentas.
La transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la cultura de legalidad son elementos entrelazados de una política pública renovada de combate a la corrupción, que tiene como finalidad el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, en razón de esto, se han convertido en una exigencia de la sociedad civil organizada, para que en estrecha relación con los órganos de control interno, garanticen contar con gobiernos y gobernantes que respondan con eficiencia y transparencia a sus demandas, que actúen con ética y responsabilidad social en su tarea de contribuir al impulso del desarrollo del Estado y del bienestar de todos.
La nueva visión social de la administración pública implica que las atribuciones y funciones de la Coordinación de Contraloría, evolucionen a un grado superior en donde se vincule la transparencia y la rendición con la gestión administrativa de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y su colaboración con la sociedad civil organizada, debiéndose institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el combate a la corrupción, la cultura de la legalidad y la transparencia y la rendición de cuentas.
Debemos ser puntuales en que fortaleciendo la relación entre autoridad y sociedad civil organizada, se promoverá y fortalecerá permanentemente la vinculación con audiencias y grupos representativos de la sociedad en aras de ponderar por encima de los intereses políticos, los intereses colectivos de transparencia, integridad, legalidad y rendición de cuentas, generándose las condiciones políticas e institucionales, que cierren espacios a la impunidad, porque en esta nueva forma de hacer administración, se dotará a los ciudadanos de herramientas técnicas para ejercer acciones de control social en los programas de gobierno.
Para fortalecer los mecanismos de vigilancia, auditoría y rendición de cuentas, es indispensable contar con un órgano técnico especializado, capaz, profesional, independiente y ético; en ese contexto se modernizará y reestructurará la actual Coordinación de Contraloría, la que de acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, es una Dependencia del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que desarrolla las atribuciones señaladas en la Ley referida, en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y, demás ordenamientos legales aplicables.
Para lograr los objetivos programados, es necesario un cambio en el modelo administrativo que implica la Coordinación de Contraloría, por lo que se hace indispensable una modificación a su estructura administrativa, la cual afronte los nuevos retos de esta administración pública estatal, donde se evolucione del control gubernamental, al control ciudadano de las acciones de los servidores públicos, priorizando la transparencia y rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La reestructuración no solo será en la denominación, sino fundamentalmente en las atribuciones y facultades de las áreas administrativas, para transitar de la actual Coordinación de Contraloría a la Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, a efecto de implementar políticas públicas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción, pero siempre con el ingrediente de la participación ciudadana, visualizando a esta Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, como una dependencia que además de ser la responsable de llevar a cabo la vigilancia, seguimiento y evaluación de las dependencias y entidades, sea también la encargada de garantizar la participación ciudadana en dichas funciones, así como la prevención y sanción de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa.
Por ello, las principales acciones de transparencia y rendición de cuentas que esta dependencia estatal debe promover, está la creación de la Contraloría Ciudadana, la cual debe ser definida como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes, en todos los procesos vinculados con adquisiciones de bienes y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas y programas sociales o asistenciales.
En la creación de la Contraloría Ciudadana, será pilar esencial la participación de los hombres y mujeres de Michoacán, porque junto con ellos junto el gobierno y sus autoridades serán corresponsables de mejorar el desarrollo evolutivo de sus municipios, sus comunidades, sus barrios y sus colonias.
El ejercicio de las acciones de vigilancia, auditoría y rendición de cuentas que se ejecuten, no deben encontrarse aisladas y desarrollarse de forma aleatoria sin ningún esquema o plan de trabajo, sino que debe atender puntos neurálgicos de la Administración Pública del Estado, para que a su vez y en la forma en la que se avance el plan de trabajo, los resultados sean medibles en indicadores y que repercutan en los índices de percepción de corrupción (IPC), es por esto, que se desarrollará de manera conjunta con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro, y bajo la supervisión de Transparencia Mexicana, un muestreo para determinar en las cinco ciudades del Estado de Michoacán (Morelia, Uruapan, Zamora, La Piedad y Zitácuaro), el índice de percepción ciudadana en materia de prácticas nocivas en el servicio público, esto nos permitirá conocer las áreas vulnerables.
Para que en un Estado moderno se puede disminuir la percepción de corrupción ciudadana, lo es primero el reconocer que existe corrupción y segundo tener la verdadera intención de combatirla, es en razón de esto que a partir del 1 de agosto de 2014, se retomará la Campaña Anticorrupción en todos los Municipios del Estado; la cual se fortalecerá a través de la publicidad escrita, audio y video, con mensajes dirigidos hacia el ciudadano proponiendo el valor de la Honestidad.
La campaña se enfocará de manera principal en los niños y jóvenes del Estado, para que sean éstos los principales promotores con su familia del rescate de los valores de la lealtad, la honradez, la honestidad, la verdad y legalidad, porque será educación la herramienta ideal para cambiar la realidad actual que aqueja al Estado.
De manera simultánea a la Campaña Anticorrupción, con la intención de gratificar los esfuerzos y dignificar las funciones a los niños participantes en las capacitaciones se les designará Contralores Infantiles, para que sean el primer punto de control de verificación de la honestidad y promuevan en sus hogares los valores lealtad, honradez, honestidad, verdad y legalidad materia de la campaña. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo
Es reclamo social y obligación de todos los servidores públicos ejercer sus atribuciones bajo los principios que rigen a la gestión pública de honradez, imparcialidad, legalidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia, por lo que en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración y en el ámbito de sus competencias, se proyectarán y propondrán las normas y procedimientos para la evaluación y desarrollo profesional del personal de confianza que conforma la estructura orgánica de la Administración Pública del Estado, porque debe dejarse constancia y acreditar ante todo a la sociedad que los servidores públicos que integran a esta administración, es personal, capaz, profesional, certificado, pero sobre todo honesto y honrado.
Actualmente el Ejecutivo del Estado a través de su Contraloría, están desarrollando los proyectos legislativos y administrativos para que se autoricen las modificaciones que se han propuesto y que desde luego permeen a los Órganos de Control Interno de los Municipios, a través de reformas a la Ley Orgánica Municipal tendientes a fortalecer a las Contralorías Municipales, tanto en su estructura, como en su funcionamiento.
2.3. Desarrollo económico y empleo.
Michoacán posee un gran potencial productivo en la agricultura, la fruticultura, la minería, algunas ramas industriales y el turismo. Sin embargo, la delincuencia, la conflictividad social y el desorden financiero del gobierno han limitado el despliegue de esas potencialidades.
El estancamiento o abandono de algunas actividades agrícolas afecta gravemente el ingreso y la subsistencia de la población en algunas regiones. La incapacidad financiera del gobierno estatal le impide invertir en infraestructura y dar los apoyos necesarios a las empresas pequeñas y medianas.
El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable que permita generar más empleos formales, aumentar la productividad y la competitividad, generando las condiciones de seguridad, orden y certidumbre que requieren las actividades productivas, las nuevas inversiones y el turismo; brindando apoyos crediticios y en capacitación a las empresas micro, pequeñas y medianas para que aumenten su inversión y su productividad, reorientar el gasto público estatal y gestionar apoyos federales para modernizar la infraestructura y fomentar las inversiones.
Entre los programas específicos que el Gobierno del Estado, con apoyo del Gobierno Federal, emprenderá para reactivar la economía y el empleo se cuentan:
1) Ofrecer atención profesional y directa a los emprendedores y empresarios en sus regiones, para que puedan acceder oportunamente a los programas de apoyo técnico, financiamiento, promoción y empleo,
2) Promover obras públicas de valor estratégico y crear empleos temporales, a fin de ofrecer, a los jóvenes, oportunidades que eviten su reclutamiento en la delincuencia y reactivar el mercado regional,
3) Impulsar la producción de limón, fortalecer las cadenas productivas de fresa, melón, aguacate y otros cultivos de alto valor comercial,
4) Trabajar junto al Gobierno Federal en la expansión de la capacidad del Puerto de Lázaro Cárdenas y en la reordenación de la minería,
5) Intensificar, con el apoyo federal, la promoción nacional e internacional del turismo y postular a ciudades michoacanas como sedes de convenciones de alto nivel,
6) Incrementar los recursos para investigación, innovación y desarrollo tecnológico, auspiciando su vinculación con las actividades productivas locales.
7) Generar un desarrollo integral de las comunidades indígenas del Estado.
Eje 3. MICHOACÁN INCLUYENTE.
3.1. Desarrollo social y equidad.
Muchos de los problemas que dañan la convivencia entre los michoacanos, como la delincuencia, la pobreza y el desorden institucional, se originan en la desigualdad y la exclusión social. La desigualdad social significa, primordialmente, que individuos y grupos sean excluidos de las oportunidades de superación condenados a reproducir, en sus hijos y su entorno, sus propias desventajas.
Son múltiples los factores y mecanismos de exclusión social: el aislamiento de comunidades rurales, que dificulta el acceso a los bienes y servicios indispensables; la pobreza alimentaria, que limita el desarrollo físico e intelectual de los niños; la insuficiencia de servicios de salud; la falta de calidad en la educación anula la movilidad social y el acceso a oportunidades; la discriminación por diferencias económicas, culturales, de género, de orientación sexual o por capacidades diferentes.
La exclusión limita las capacidades de desarrollo, envenena la convivencia, debilita la cohesión social y propicia conductas anómalas que reproducen más pobreza y exclusión.
Una de las prioridades de este gobierno es promover la inclusión social, atendiendo a los grupos sociales que sufren pobreza extrema. El Gobierno Federal está desplegando un programa para combatir el hambre y otras carencias vitales. Pero es necesario, también, incrementar las capacidades productivas de la población en condición de pobreza, a fin de abrirles oportunidades de superar sus carencias en forma duradera. El Gobierno del Estado, en colaboración con el Federal, pondrá énfasis en la formación de capital humano y en la dotación de subsidios y microcréditos para la población vulnerable, con atención especial a las mujeres, a fin de que generen actividades productivas en su propio beneficio.
Atención urgente es la de los servicios de salud, especialmente para los sectores sociales no incluidos en los sistemas de seguridad social. La escasez de recursos y en algunos casos el desvío de partidas presupuestales de la Secretaría de Salud de Michoacán para otros fines, ha producido un deterioro alarmante de los servicios de salud que presta el Gobierno estatal, así como un malestar creciente del personal que labora en esta área.
El Gobierno del Estado hará un gran esfuerzo para mejorar los servicios de salud. Con el buen uso del presupuesto asignado al sector y con el apoyo de la Federación, incrementará los recursos para ampliar la cobertura y retribuir en sus percepciones ,como se merece, al personal médico, de asistencia y administrativo.
El acceso universal a la salud es condición imprescindible de la inclusión social, y este gobierno hará su máximo esfuerzo por alcanzar tal objetivo.
3.2. Educación de calidad y formación de valores cívicos.
La educación es el medio idóneo para lograr la movilidad social, para brindar oportunidades de trabajo y de desarrollo personal. Dar a todos los habitantes acceso a una educación de calidad es igualar derechos y oportunidades.
Sin embargo, la educación pública de Michoacán, especialmente la de los niveles básicos, sufre un grave rezago y deterioro. Las causas son variadas, el problema se ha agudizado por el alto nivel de conflictividad gremial del sector educativo, el relajamiento de la disciplina laboral, el clientelismo, la corrupción y las constantes presiones salariales y políticas, que degradan la calidad de la enseñanza y merman los recursos disponibles para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.
Es urgente rescatar a la educación pública de sus vicios para superar sus carencias. Se trata de reconocer que el problema es de todos y que se requiere del esfuerzo de todos para resolver las diferencias y superar los rezagos.
El marco ineludible para buscar soluciones a la crisis educativa es el respeto a la ley. La nueva legislación en materia educativa, tanto federal como local, tiene que cumplirse, además ofrece una plataforma para elevar la calidad de la enseñanza y dar al personal docente amplias oportunidades de preparación, mejoramiento salarial y dignificación profesional.
El Gobierno del Estado está dispuesto a dialogar, escuchar propuestas, respetar derechos y atender reclamos legítimos. Hay un objetivo común entre las autoridades, los trabajadores de la educación, los padres de familia y la sociedad entera: elevar la calidad de la educación para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social de quienes han sufrido marginación. Ningún interés particular puede estar por encima de ese objetivo.
El rescate de la educación pública no debe limitarse a mejorar la calidad de la enseñanza de los elementos técnicos de la lecto-escritura, el cálculo y el conocimiento de la naturaleza, debe orientarse también a formar valores cívicos, como el respeto a todas las personas, el cumplimiento de la ley, la libertad, la tolerancia, la verdad, el trabajo honesto, la responsabilidad personal y la solidaridad social.
Un Estado democrático requiere de una cultura democrática, y ésta debe formarse infundiendo en los niños y jóvenes los valores y las prácticas sociales esenciales de la democracia. La escuela, junto con la familia, tiene la máxima responsabilidad en esa misión.
3.3. Equidad de género, diversidad sexual y combate a la discriminación.
Otra forma de exclusión, es la que padecen muchas mujeres. Aunque las sociedades modernas han avanzado en el reconocimiento de derechos y oportunidades para las mujeres, persisten costumbres y prácticas sociales que les cierran el acceso a mejores posiciones o las colocan en desventaja para competir por ellas. La desigualdad de derechos o la discriminación de un género hacen menos libre a la sociedad entera; la vida democrática exige una igualdad plena de derecho y oportunidades entre todos los individuos.
Tiene que haber un esfuerzo conjunto de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para promover una cultura de respeto e igualdad con perspectiva de género. El Gobierno del Estado está comprometido con el impulso a normas y políticas públicas que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres, y la incorporación de ellas, sin desventajas, a la educación, el trabajo, la política y la cultura.
Además de difundir y promover esos valores entre la población en general, el Gobierno aplicará políticas transversales de equidad de género, de manera que todas las acciones del gobierno tengan en cuenta la necesidad de aplicar acciones afirmativas para disminuir las desigualdades.
La sociedad michoacana posee diversidad étnica, y en ella radica una de sus riquezas culturales. Sin embargo, los grupos indígenas han sufrido marginación y discriminación, que condiciona, en gran medida, su pobreza y falta de oportunidades.
La persistencia de elementos culturales heredados de los habitantes originarios de estas tierras debe ser motivo de orgullo y fortalecimiento de la identidad regional.
Es indispensable atender las necesidades básicas de la población indígena y apoyar sus actividades productivas, a la vez que respetar, fortalecer y ayudar a preservar sus rasgos de identidad y sus expresiones culturales.
El Gobierno tiene un compromiso y lo demostrará con acciones económicas, educativas y culturales.
La calidad de una sociedad democrática se mide por la igualdad efectiva de derechos, por el respeto y la tolerancia a la diversidad de toda índole.
El Estado democrático tiene el deber de proteger los derechos de todos y de combatir toda forma de discriminación.
Los avances en legislación y políticas generales contra la discriminación, deben acompañarse de un celoso cumplimiento de ellas por parte del gobierno y de su difusión entre toda la sociedad.
La calidad de una sociedad se refleja en la manera en que trata a los grupos e individuos más vulnerables, el Gobierno del Estado hará un esfuerzo adicional para apoyar la atención médica y educativa de las personas con alguna discapacidad, así como promover su inclusión social y realización personal.
Eje 4. MICHOACAN SEGURO.
4.1. Seguridad, compromiso estatal y coordinación con la Federación
La manifestación más dramática de la crisis institucional que ha vivido Michoacán es la inseguridad y la expansión de la delincuencia organizada. La debilidad de los gobiernos locales en materia de seguridad, así como las omisiones o corrupción de algunas autoridades, permitieron el crecimiento de la delincuencia que dislocaron la vida social y anularon las funciones esenciales del poder público. Ningún orden de gobierno puede eludir su obligación de preservar la seguridad pública, porque ésta es una de las razones primordiales de su existencia.
La intervención del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia y restablecer la seguridad en Michoacán, fue una acción necesaria que está dando buenos resultados. Logró frenarse la espiral de violencia y la descomposición social causada por el crimen organizado.
Devolver a la sociedad michoacana la paz y la seguridad a que tiene derecho, necesita más tiempo y reclama un esfuerzo sostenido de los tres órdenes de gobierno.
El Gobierno del Estado celebra el apoyo que la Federación está brindando a la seguridad de Michoacán y colabora con ella, asumiendo la responsabilidad que le corresponde directamente en la protección de la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de la población.
Las acciones para fortalecer la capacidad y la confiabilidad de los cuerpos de policía y de procuración de justicia que se han iniciado con el apoyo de la Federación, cuentan con el respaldo del gobierno estatal a fin de que los gobiernos locales –el estatal y los municipales– adquieran a plenitud la capacidad de brindar seguridad a la población.
Para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia hay que adoptar medidas técnico-administrativas, cambios legislativos, y decisiones presupuestales. Junto con el Congreso del Estado, se evaluarán las opciones y modalidades para crear una Fiscalía autónoma, sin sesgos ni condicionamientos políticos, con alta capacidad científica y técnica para investigar y perseguir delitos, y con una clara vocación de respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
El Ejecutivo cumplirá con lo que le corresponde para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de hacerlo funcional en todos sus eslabones y dentro de los plazos comprometidos. El proyecto de presupuesto de 2015, que se someterá a la aprobación del Congreso deberá reflejar la prioridad que tiene, para la administración y la sociedad, el fortalecimiento del Estado de derecho.
4.2. Seguridad y participación ciudadana.
Es un hecho que la seguridad pública no depende sólo de acciones policiales, importantes son las acciones para prevenir el delito atacando sus causas sociales, la seguridad pública y jurídica son necesarias para promover el desarrollo económico, éste es necesario para combatir la inseguridad desde sus raíces. La inclusión social, la educación, la creación de espacios de convivencia seguros, el deporte y el fomento de una cultura de respeto a la ley en todas las esferas de la vida social, constituyen el sustrato más efectivo para prevenir las conductas delictivas.
Para esto no basta el gobierno, es indispensable la participación ciudadana en las tareas de prevención del delito, fomentando la denuncia legal y contribuyendo a la formación de la cultura de respeto a las leyes.
La verdadera seguridad pública se percibe y es la que se sustenta en la participación ciudadana, ésta depende de la confianza en las instituciones. Los tres órdenes de gobierno tienen que hacer su máximo esfuerzo para que, por medio de los hechos, se recupere la confianza de la sociedad en las instituciones de seguridad y justicia.