Deben autoridades electorales atender violencia política contra la mujer
MÉXICO, DF., 12 de octubre de 2015.- La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa impartió una conferencia magistral sobre la protección judicial ante la violencia política. Esto, en el marco del Seminario “Violencia Política: la transgresión de los derechos políticos de las mujeres” convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Según un comunicado, en su conferencia magistral, la magistrada planteó el marco conceptual de la violencia política hacia las mujeres y destacó los elementos necesarios para reconocer cuándo la violencia tiene componentes de género. Posteriormente, especificó cuáles son las obligaciones del Estado frente a este tipo de violencia y cuáles podrían ser los recursos judiciales más adecuados, entre ellos, analizó las órdenes de protección.
La magistrada destacó que la violencia contra las mujeres contribuye a mantenerlas subordinadas, a que accedan a un nivel inferior de educación y oportunidades y a que tengan escasa participación política. En consecuencia, las autoridades tienen el deber de conducirse con debida diligencia, de adoptar un adecuado marco jurídico de protección, políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz frente a las denuncias respectivas.
Destacó que este tema genera interés a nivel internacional ya que es parte de la agenda de la duodécima reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, así como de la sexta conferencia de Estados Partes que tendrán lugar esta semana y en las que participará en su calidad de experta por México.
Para concluir, señaló que la violencia política puede manifestarse de muchas maneras y que, por ello, sus implicaciones y abordajes no pueden acotarse al ámbito jurídico –incluso, dentro del ámbito jurídico, no podrían ni deberían resolverse únicamente en términos penales. En todo caso, señaló, la respuesta –judicial o administrativa- tiene que ser estructural y tener una vocación transformadora de las condiciones que permitieron que la violencia tuviera lugar.
Esta es la labor actual del Estado de Derecho: diseñar soluciones jurídicas con visión estructural y de largo plazo que se correspondan con un de proyecto de país y de democracia, acorde a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad. Ello derivará en respuestas integrales para las víctimas, que les permitan retomar sus proyectos de vida.
