Debe NSJP salvaguardar valores sociales: ministro
MÉXICO, DF., 19 de noviembre de 2015.- La actuación del Estado en la justicia penal debe siempre tener un sentido humano y totalmente eficaz, porque lo que salvaguarda son los valores de toda la sociedad mexicana, aseveró el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante la presentación de la Unidad de Policía Federal en funciones de Seguridad Procesal.
Según un comunicado, ante el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong; de la procuradora general de la República, Arely Gómez González y del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, subrayó que todas las instituciones del Estado enfrentan un mayúsculo desafío para generar un cambio de 180 grados que impone el nuevo sistema procesal penal.
Dijo que la creación e instalación de la Policía Procesal es un buen ejemplo del cambio de paradigma que plantea la reforma que, como todo complejo sistema, depende de la sincronización y funcionamiento armónico de todos sus engranes.
Expuso que la colaboración plantea, a su vez, el reto para la policía de desempeñarse en perfecto equilibrio para estar a las órdenes de los juzgadores en lo estrictamente jurisdiccional y a las de sus mandos para todos los aspectos administrativos.
Es así, que la Policía Procesal habrá de desempeñar funciones de la mayor relevancia para la dinámica del nuevo sistema, toda vez que sus principios de oralidad, inmediación y contradicción plantean la permanente interacción entre jueces, acusados, víctimas, testigos, fiscales y demás sujetos procesales involucrados, en una audiencia a la que puede darse cita el público que así lo desee, indicó.
El ministro Aguilar Morales anunció que el próximo 30 de noviembre el PJF entregará a la sociedad siete nuevos Centros de Justicia Penal Federal en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, correspondiente a la cuarta etapa de implementación.
A la fecha, dijo, el nuevo sistema penal acusatorio funciona en Puebla, Durango, Guanajuato, Baja California Sur, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Lo anterior implica que al 30 de noviembre el CJF tenga una cobertura de casi la mitad del país con jueces y servidores públicos especializados en el nuevo sistema.
Mencionó como ejemplo del compromiso del CJF con el nuevo sistema, las medidas adoptadas para que antes del 18 de junio de 2016 se cuente con al menos 205 jueces de Distrito especializados por capacitación y se construyan 86 Salas en hasta 44 Centros de Justicia Penal Federal para cumplir con la demanda de justicia penal en el ámbito federal.
En cumplimiento de esas metas, dijo, me permito destacar que al día de hoy se ha innovado en los concursos de selección, puesto que se han realizado seis de manera simultánea en el país, con lo cual se atiende desde el PJF a la formación de recursos humanos altamente calificados, que constituyen el insumo más valioso para la operación del nuevo sistema, cuya capacitación es justamente la mejor garantía para la adecuada prestación del servicio público.
En su oportunidad, el consejero Alfonzo Pérez Daza, responsable de la implementación de la Reforma Penal en el Poder Judicial de la Federación, explicó que corresponde al juez impartir justicia y a la autoridad penitenciaria, custodiar al procesado. Lo cual ha derivado en la separación material de jueces y procesados, situación que dificulta la agilidad del proceso y puede poner en riesgo la seguridad de las partes en el mismo.
Por ello, subrayó que es urgente que el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Gobernación se coordinen para diseñar un plan estratégico que permita reunir al juez y al procesado de manera segura. Ello redundará en juicios más agiles, pero sobre todo en el estricto acatamiento del nuevo sistema penal.
Destacó que el Poder Ejecutivo y el Poder judicial deben continuar dialogando en los siguientes temas vitales: medidas cautelares; prisión preventiva y la custodia de los procesados.
Explicó que en medidas cautelares es necesario que la administración pública federal y el PJF trabajen en conjunto para la instauración de medidas como el brazalete electrónico; pues ésta será dictada por los juzgadores federales pero deberá ser ejecutada por las dependencias correspondientes del Ejecutivo Federal.
Por ello, es necesario que ambas instituciones intercambien información respecto de las necesidades propias de la medida, así como de sus limitaciones, para asegurar su aplicación eficiente y controlada, evitando el desbordamiento de alguna institución o el colapso de la medida por insuficiencia de recursos.
De la misma manera, destacó, la situación de los procesados en prisión preventiva es un tema que requiere de atención conjunta, ya que éstos se encuentran jurídicamente a cargo de los juzgadores federales, pero materialmente en custodia de las autoridades del sistema penitenciario.
Para lograr la atención adecuada de los inculpados así como garantizar estándares mínimos de protección a sus derechos humanos, es indispensable que ambas instituciones trabajen para detectar problemas y proponer soluciones armónicas, benéficas para los procesados y reduzcan el número de impugnaciones en contra de las condiciones en las que éstos se encuentran.
