Celebra Cocoa respaldo para fortalecer la justicia en pueblos indígenas
MORELIA, Mich., 4 de noviembre de 2014.- En el marco de la sesión ordinaria del día de hoy, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, relativo a la proposición con punto de acuerdo que presentó la Senadora Luisa María Calderón a principios de este año, por el cual se solicita al Poder Judicial a realizar los convenios necesarios en todas las entidades del país y con instancias estratégicas, a fin de garantizar el pleno acceso de las comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado.
La Senadora por Acción Nacional se congratuló por la aprobación y respaldo hacia el mismo, al tiempo que destacó que la intención de dicho punto es reducir las desventajas estructurales de los pueblos indígenas frente al sistema de justicia del Estado mexicano, sobre todo a nivel de los estados. Sin embargo, precisó que a nivel estatal aún se debe trabajar en la ruta de poner al día los marcos legislativos y los instrumentos que garanticen pleno acceso a la justicia para las comunidades indígenas.
“Los estados han ido muy lento en la legislación en materia de justicia y de acceso de los pueblos indígenas a la protección. En muchos estados no se promueve el trabajo de aprender los principios del derecho en lenguas indígenas, están muy abandonados”, expresó en Tribuna.
“En algunos estados se han ido estableciendo convenios entre órganos estatales y órganos nacionales en defensa de los derechos humanos, pero no se ha trabajado suficiente en el Poder Judicial, de tal manera que estamos haciendo exhortos para que los estados acompañen a los pueblos indígenas en los procesos de justicia”, añadió.
La Senadora Calderón aseguró que resulta trascendente que instancias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coordinen los esfuerzos hacia este fin. Al mismo tiempo, dijo, debe haber una estrategia para reducir la brecha que existe entre el sistema de valores de las comunidades indígenas y el marco normativo con el que las instituciones del Estado brindan justicia y protección a los ciudadanos.
