Buscan fortalecer al Tribunal de Justicia Administrativa
MORELIA, Mich., a 31 de julio de 2015.- A pesar de los avances registrados en las últimas tres décadas en los diferentes ámbitos de gobierno sobre modernización de la gestión pública, los adelantos obtenidos en materia presupuestal y de planeación, así como en transparencia y rendición de cuentas gubernamental, persisten escándalos sobre el abuso de los recursos públicos en la gran mayoría del territorio nacional, advirtió el diputado local José Humberto Martínez Morales.
De acuerdo con un comunicado, al presentar al Pleno de la LXXII Legislatura local, la iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforma la fracción XXIII del Artículo 44, y el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el legislador del PRI consideró que los retos para combatir la corrupción son mayúsculos, al tratarse de un “entramado oculto que adquiere múltiples expresiones y no se restringe sólo a las áreas donde se maneja gran cantidad de recursos”.
En atención a lo anterior, el legislador aseveró que en la medida que se fortalezca el estado de Derecho y se consoliden gobiernos más transparentes en los ámbitos estatal y municipal, que rindan cuentas de su gestión, “más fácil será acceder a la prosperidad que deseamos y nos merecemos”.
Por lo anterior, propuso instaurar un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a través del fortalecimiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, “que estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y las disposiciones legales aplicables establecerán su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos contra sus resoluciones”.
Planteó que corresponderá al referido Tribunal, imponer sanciones a servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas graves a que se hagan acreedores, y también a los particulares que participen en estos hechos, así como fincar a los responsables del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes”.
Precisó que la reforma plantea que el actual TJA sea fortalecido “conservando la competencia en las materias fiscal y administrativa adicionando una nueva atribución en materia de imposición de sanciones a servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas graves, así como a los particulares involucrados en estas conductas”.
Lo anterior implica el traslado de las facultades sancionadoras que actualmente tienen los órganos internos de control estatal y municipales de las contralorías al TJA.
Explicó que la propuesta da cumplimiento a la recién aprobada Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, publicada por el Ejecutivo Federal el 27 de mayo de 2015.
La iniciativa presentada por el legislador priísta fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.
