Buscan erradicar dádivas entre servidores públicos en Michoacán
MORELIA, Mich., 18 de marzo de 2012.- Para regular la entrega de regalos, dádivas y comisiones económicas entre los servidores públicos, el Congreso del estado trabajará en la modificación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Michoacán, con la finalidad de poner límites a este tipo de conductas que resultan nocivas para la sociedad, explicó el diputado José Sebastián Naranjo Blanco, al presentar la iniciativa con proyecto de decreto ante el pleno de la 72 legislatura de Michoacán. Señaló que en Michoacán existe una necesidad de establecer principios para la regulación de las pautas de comportamiento ético de los funcionarios públicos, por lo que la iniciativa pretende marcar una pauta y eliminar prácticas tan acostumbradas para hacer o dejar de hacer lo que por ley se faculta y obliga a todo servidor público, sobre todo para la asignación de obra pública. De tal manera, que se buscará fortalecer la democracia y erradicar la subcultura del favor y la concesión de canonjías al amparo de un cargo público. Recientemente, la Secretaría de la Función Pública recordó la prohibición de que cualquier funcionario acepte regalos con un valor mayor a 10 salarios mínimos, lo que representa un total de 548 pesos, ya que de lo contrario, son decomisados y subastados en el Nacional Monte de Piedad, para que ingresen a las arcas de la Tesorería de la Federación. “Con esta iniciativa, evitaremos la discrecionalidad, privilegiando los valores de la honestidad, imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad y transparencia en el servicio público en los tres poderes y niveles de la entidad”, señaló Naranjo Blanco. De esta manera, el proyecto de modificación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los funcionarios públicos deberán abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, ingresos adicionales por concepto de bonos, sobresueldos, compensaciones, comisiones, porcentajes de utilidades, estímulos, gratificaciones, comisiones, viáticos o cualquier otra prestación en dinero o en especie por concepto de asignación de obra pública. En Latinoamérica, sólo los países de Uruguay, Brasil y Argentina son los únicos casos que destacan al poner límites a estas prácticas de los regalos y las prebendas es sus respectivos estatutos del servicio público.
