Busca Comisión Instructora resolver todos los asuntos a su cargo
MORELIA, Mich., 10 de junio de 2011.- Con la reciente aprobación de dictámenes en los que se declara el desechamiento por improcedencia de denuncias de juicio político, prácticamente se estaría resolviendo la totalidad de las demandas que en ese tenor se han presentado durante la 71 Legislatura, afirmó el presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Roberto Arriaga Colín. Al respecto, el diputado único del Partido del Trabajo (PT) recordó que esta 71 Legislatura ha resultado histórica, puesto que fue la primera en determinar la procedencia de tres denuncias de juicio político y llevó estos hasta su último término, con sanciones en contra de la ex alcaldesa de Uruapan, Jesús María Dóddoli Murguía; el entonces alcalde de Tzintzuntzan, Abel Martínez Rojas, y contra la mayoría de los miembros del Cabildo de ese mismo municipio. Roberto Arriaga consideró que las comisiones dictaminadoras, tanto la Instructora como la de Gobernación, la de Puntos Constitucionales y la de Justicia, han actuado con responsabilidad y con total apego a la legalidad y a lo que disponen la Constitución Política de Michoacán y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Asimismo, aclaró que aún está pendiente de resolverse una denuncia de juicio política presentado contra el entonces presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y prefirió no adelantar juicios, porque el tema, como todos los anteriores, se debe analizar de manera seria y responsable. Arriaga Colín recordó que este 9 de junio el pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen en el que se decreta la improcedencia de la denuncia de juicio político presentada por las ciudadanas Áurea Orozco López y Martha Patricia Alcántar León, apoderadas jurídicas de la Unión de Comerciantes, Tianguis de Cuitzeo, así como de la Unión de Comerciantes y Anexas de Cuitzeo, en contra de diversas autoridades municipales. El motivo de tal determinación, explicó el diputado del PT, es que los documentos que se presentaron no se constituyen como elementos constitutivos de un juicio político y no demuestran la conducta que se pretende acreditar para justificar la intención de iniciar un procedimiento de esa naturaleza en contra de los funcionarios mencionados, además de que éstos no son sujetos de juicio político en los términos de la legislación vigente en la entidad.
