Basta ya del uso partidista de la procuración de justicia: PRI
MORELIA, Mich., 31 de enero de 2012.- El Partido Revolucionario Institucional reitera su respeto irrestricto a la ley y seguirá defendiendo la vigencia del estado de derecho en nuestro país. Por ello, el PRI rechaza cualquier intento de persecución política y el uso partidista de la procuración de justicia en contra de adversarios políticos. En una democracia estas conductas son inadmisibles. La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario. En los últimos años existen claros ejemplos de esta práctica:• El caso del estado de Jalisco, donde Arturo Zamora, candidato del PRI al gobierno, fue acusado falsamente ante la opinión pública, pocos días antes de la elección, y cuando encabezaba ampliamente las preferencias en las encuestas, de tener vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos, los cuales nunca se comprobaron y terminaron en una disculpa pública pocos días después de los comicios.• El vergonzoso “michoacanazo”, en el que al final todos los alcaldes inculpados quedaron en libertad, sin que se les haya acreditado la comisión de delito alguno.• En Guerrero, días antes de la elección, se acusó de vínculos con el crimen organizado a Manuel Añorve, candidato del PRI al gobierno del estado. Una vez más no se comprobó ilícito alguno.El PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el manejo faccioso de la justicia.En ese contexto se inscribe también la imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al gobierno del estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI. Esto es absolutamente falso. Exigimos a quienes acusan que presenten las pruebas respectivas. Nos reservamos el derecho de recurrir a instancias legales.Las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones.En una democracia no se puede fingir que se impone la ley, violando la ley.Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales.
