Advierte Reginaldo riesgo de corrupción en próximo gobierno estatal
MORELIA, Mich., 13 de febrero de 2012.- En la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para este 2012 está implícito el riesgo de que se registre corrupción en la administración estatal, sentenció el diputado único del Partido del Trabajo (PT) en la 72 Legislatura del Congreso del Estado, Reginaldo Sandoval Flores. Al respecto, el también coordinador estatal petista indicó que al final de la 71 Legislatura, todavía en diciembre del año pasado, los entonces diputados aprobaron un presupuesto anual sin contar a la mano con programas operativos anuales por parte de las distintas dependencias y unidades programáticas presupuestales de la entidad. Reginaldo Sandoval señaló que esa situación es totalmente irregular, pero hace prever la posibilidad de que se registren desvíos de recursos y hasta actos de corrupción entre los funcionarios estatales a la hora de aplicar presupuestos en los cuales no existen calendarios, programas de actividades ni metas a cumplir. Algo similar ya ocurrió, abundó el diputado local, en el gobierno del estado de Zacatecas que encabezó Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde los diputados salientes le aprobaron un presupuesto sin contar con programas operativos anuales y la consecuencia fue el desvío y los actos de corrupción que se dieron en esa administración estatal. Sandoval Flores insistió en que "el riesgo es mayúsculo, porque se alimenta la corrupción", ya que incluso el Legislativo tendrá mayor dificultad para fiscalizar los recursos públicos al no tener programas que le permitan, a través de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), verificar el cumplimiento de actividades, metas y de aplicación de presupuestos. Por ese motivo, el representante popular se pronunció por impulsar una revisión detallada del Presupuesto de Egresos de Michoacán para 2012 por parte del órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado, con la intención de verificar que los recursos se apliquen con responsabilidad, porque el Poder Legislativo no puede solapar tal situación, toda vez que se convertiría en cómplice de situaciones irregulares.
