Uso de Razón/Pablo Hiriart
El ataque violento perpetrado ayer contra dirigentes del Partido Acción Nacional en Xalapa, intolerable en un régimen democrático, es un aviso de que el clima político en el país se puede descomponer seriamente.
Ahora es el momento de poner un hasta aquí a todas las expresiones de violencia política, porque de lo contrario entraremos en un escenario que no sabemos dónde va a terminar.
Ricardo Anaya, Miguel Ángel Yunes y Santiago Creel, además de otros panistas, fueron agredidos físicamente cuando salían de la sede del Congreso estatal, adonde acudieron a promover el rechazo a los precipitados nombramientos con que el gobierno de Javier Duarte intenta blindar su retirada.
Los autores de la brutal agresión fueron integrantes del grupo de los 400 Pueblos, cuyos líderes han estado del lado del PRD y del PRI, según convenga.
No hay que ser perito en movimientos sociales para entender que este ataque contra los panistas es una venganza de priistas resentidos por la derrota del 5 de junio y que buscan venganza contra quienes los derrotaron democráticamente en las urnas.
Es preciso que el gobierno federal actúe con prontitud para castigar a los responsables y mandar un mensaje de que la violencia política no puede tener cabida en el país.
Los priistas, y el gobierno en particular, pagarán los costos políticos por no haber quitado a tiempo a Javier Duarte de la administración estatal, por los daños que su presencia causa al estado y al país.
Haber dejado a Duarte fue un error político que le costó al PRI las elecciones y ahora al Estado en términos de paz social.
Si se quieren mantener gobernabilidad y un mínimo de concordia, deben aclararse los sucesos de ayer en Xalapa, donde hubo heridos e involucran, como víctima, al presidente nacional de un partido.
El ataque ocurrió horas después de que la presidenta interina del PRI, Carolina Monroy, había calificado de “antiéticos” los nombramientos del gobernador saliente, en áreas como la fiscalía anticorrupción, para protegerse de investigaciones futuras.
O sea que Duarte se manda solo y hace lo que le viene en gana. Igual que los caciques funestos de nuestro pasado y que ya creíamos extinguidos, como los dinosaurios.
Lo ocurrido ayer en Xalapa, fruto de un gobierno en franca descomposición, pone en peligro la estabilidad política del país, pues la violencia fue ejercida contra los dirigentes de un partido de oposición.
Ya tenemos bastante con la violencia de la CNTE y sus aliados, como para sumarle ahora la de priistas resentidos que la emprenden a pedradas y garrotazos contra quienes los vencieron.
El país se puede descomponer en serio.
Tenemos la violencia política de grupos radicales que han estrangulado Oaxaca y Chiapas.
Hay amago de violencia en caso de que no se le entregue el poder a López Obrador en 2018. Y ahora nos sale el partido gobernante con ataques físicos a los líderes del principal partido opositor.
¿Dónde vamos a parar? La respuesta la tiene el gobierno federal, y depende de cómo resuelva este caso.
