Teléfono Rojo/José Ureña
Al pulso gobierno-magisterio le restan muchos capítulos.
La administración de Enrique Peña está decidida a aplicar la reforma educativa y ello supone necesariamente la aniquilación del movimiento opositor, reforzado en fechas recientes.
El paso indispensable es descabezar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos primeros pasos fueron la detención de los dirigentes de la Sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos.
En la esfera oficial hay cierto optimismo.
Según sus datos, 90 por ciento de los maestros dan clases con regularidad en la entidad, cantidad impensable hasta la intervención del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
En consecuencia, las movilizaciones, con la virulencia conocida, son alimentadas por sólo una décima parte de los 70 mentores.
Si los datos son ciertos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Aurelio Nuño debe prepararse para despedir al menos a siete mil sindicalizados con plazas para aulas u oficinas.
Para el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, el problema será contener a quienes están decididos a incendiar nuevamente a Oaxaca y, por qué no, la Ciudad de México.
UNA PISTA PELIGROSA: LA GUERRILLA
El problema no es nada más laboral o político.
La federación se encamina a la disyuntiva de ahondar la investigación sobre la participación de la guerrilla –desde el Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente (ERPI) hasta sus múltiples escisiones- tanto en la estrategia y como en el financiamiento.
Elementos hay.
Datos de inteligencia tienen nombres de maestros con supuesta doble actividad, con labores docentes y operaciones rebeldes.
Otra pista pública surgió con la detención in fraganti de 12 secuestradores de dos sobrinos de Gerardo Gutiérez Candiani, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero el gobierno Felipe Calderón no profundizó.
Lejos de distanciarse, la Sección 22 parece interesada en confirmar esa relación con consignas de los grupos radicales como ¡Muerte al Estado!, Murat seremos tu peor peso y amenazas de Vamos a quemarlos vivos, escritas ayer en la sede del sector popular tricolor.
OUTSOURCINGS Y NOMINAS OFICIALES
Al margen de esa línea de investigación hay otra.
¿Quién proporcionó los recursos públicos sin control alguno a la Sección 22 para el lavado de dinero del cual se acusa a Rubén Núñez y Francisco Villalobos?
Las líneas abiertas hasta el momento conducen hacia varias empresas, pero también hacia altos funcionarios de los gobiernos estatal y municipal en contubernio con empresas de outsourcing.
Como no hay pruebas finales, omitiremos por ahora los nombres de esos empresarios, aunque sí daremos algunos datos:
En la exacción del erario participan por igual dirigentes del Sindicato (SNTE) como de la Coordinadora (CNTE), supuestamente antagónicos desde hace al menos 35 años pero con prácticas de corrupción similares.
El lavado de dinero incluiría las nóminas del gobierno de Gabino Cué, emanado de Movimiento Ciudadano (MC) y llegado al poder al amparo de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Y como la corrupción no entiende colores políticos, se investiga también la administración de Javier Villicaña, el alcalde saliente priísta de Oaxaca.
Corrupción generalizada en un estado podrido y sin gobierno, como se ve.
