Libre expresión/Carlos Alberto Monge Montaño
Opacidad legislativa…
“Es tan difícil decir la verdad como ocultarla”… Baltasar Gracián. (1601 – 1658) Escritor español.
En reiteradas ocasiones he señalado que la transparencia se ha mantenido entre la clase política e integrantes de los diversos poderes, sólo como un fetiche de su desgastado discurso. Justo sobre el tema, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), realizó una investigación que evidenció la opacidad con la que se manejan la mayoría de las Congresos estatales del país.
Y como usted ya se imagina, el de Michoacán está entre los peores en varios rubros. Para empezar, la Septuagésima Tercera Legislatura, ni siquiera respondió a solicitudes de información, para que de menos fueran considerados sus datos en algunas áreas del análisis. Así que la legislatura local resultó opaca en salarios, presupuesto por diputados y distribución del gasto, entre otras.
Dichos resultados, también resultan un revés a las constantes evaluaciones que ha hecho el Instituto de Transparencia de Michoacán, que cual empleados del Congreso, se deshacen en felicitaciones y han sido incapaces de observar y sugerir lo que debe corregirse, ya olvidémonos de sancionar.
En términos reales, la transparencia de las legislaturas estatales está por los suelos, el promedio apenas alcanza el 31.1 por ciento y Michoacán está por debajo, con un lamentable 26 por ciento.
A continuación le presento otros datos destacables y lamentables que arrojó el Informe Legislativo 2016, elaborado por el IMCO.
- Suman un total de mil 115 diputados en todo el país, con un promedio de 35 por Congreso estatal. En 1974 el promedio eran 12 y el total 369.
- Las 32 legislaturas locales cuestan más de 13 mil millones de pesos anualmente.
- Sólo el 17 por ciento de los mexicanos, se siente representado por sus diputados.
- El número de diputados que conforman cada Congreso, debería de ser en proporción a la cantidad de habitantes de la entidad, pero dicha proporcionalidad se usa a conveniencia, por lo que hay diputados que “representan” a más de 228 mil personas, y otros a solo 29 mil.
- El promedio de presupuesto que ejercen los Congresos anualmente es de 401 millones de pesos; mientras Michoacán gasta 803 millones, lo que lo convierte en uno de los más caros del país, sólo por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México y empatado prácticamente con Jalisco.
- En el caso de los salarios, aunque no se consideró a Michoacán por no responder a la solicitud de información, se reporta un sueldo de 66 mil 236 pesos; sin incluir otras partidas que disponen, como viáticos, recursos para asesores y/o empleados, para otorgar apoyos a ciudadanos, etc.
- Ante la ausencia de respuestas a peticiones de información del IMCO, el Congreso michoacano es el peor evaluado en productividad legislativa.
- A nivel mundial, el número promedio de comisiones legislativas es de 18, mientras que en México el promedio es de 28, debido a que es redituable para quienes las presiden, ya que reciben recursos adicionales.
Así de grave la opacidad y la arbitrariedad con que se manejan la mayoría de las legislaturas vigentes en las entidades federativas del país. Por ello el IMCO concluye que:
- Persiste la opacidad legislativa.
- Incumplen con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a pesar de ser sujetos obligados.
- Manejo arbitrario en la asignación y ejecución de recursos del Legislativo.
- Existen Congresos que ejercen facultades propias del poder Ejecutivo.
Finalmente el IMCO propone que los diputados deben:
- Cumplir lo que legislan. Observar a cabalidad la legislación de transparencia y contabilidad gubernamental.
- Elaborar y publicar un presupuesto de egresos completo, con base en las normas y buenas prácticas de contabilidad gubernamental.
- Regular la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los congresos (órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, etc.).
- Apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar el aumento desproporcionado del mismo.
- Establecer en la ley de presupuesto (o equivalente) la prohibición de aumentar en más de 3% el presupuesto del congreso del estado.
- Expedir un marco jurídico que obligue a los diputados a estimar el impacto presupuestario de cada iniciativa de ley.
Evidentemente falta mucho por hacer, no sólo en materia de transparencia, sino en un asunto que resulta elemental, que los diputados cumplan, de menos, las leyes que aprueban.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
