La Opción/Jorge Vílchez
La Opción
El legislador panista Miguel Angel Villegas Soto ha propuesto una iniciativa de Ley para instaurar la figura de Revocación de Mandato que le estaría dando poder de decisión a la ciudadanía respecto a la permanencia o no de un funcionario de elección popular.
Esa figura ya está plasmada en constituciones locales como Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, como él mismo lo informa.
En el Congreso local se ha legislado para instaurar las figuras de Referéndum, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana, y que están plasmadas en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, pero no hay nada sobre Revocación de Mandato.
Y lo que pretende el legislador panista es que la ciudadanía, no solo elija a sus representantes populares, también que, tras un proceso de valoración, opine y decida si deben seguir fungiendo o no como funcionarios.
El legislador plantea que la revocación de mandato, -del que serían objeto el gobernador, los diputados locales y presidentes municipales-, pueda ser solicitada por un número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores no menor a la cantidad de votos por los que fue electo el funcionario del que se trate. Para el caso de los integrantes de un Ayuntamiento se requerirá el 3 por ciento de la lista nominal de electores del municipio.
“La revocación de mandato podrá solicitarse una vez transcurrida la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo del funcionario de elección popular de que se trate y hasta ciento veinte días naturales después del inicio de la segunda mitad de dicho periodo constitucional”, agregó el diputado del PAN.
A simple vista, es una intención políticamente saludable para los destinos de un pueblo o de los gobernados.
La ciudadanía habrá hecho una valoración puntual del ejercicio gubernamental de su representante. Sabrá si está cumpliendo o no con las expectativas que creó antes de ser electo.
Pero, habría que advertir si en esa solicitud de revocar el mandato a un funcionario de elección popular no hay intereses ajenos a la mayoría de los ciudadanos que, en una primera instancia, eligió a sus representantes populares.
Porque, sin duda, se puede prestar a una manipulación del electorado con fines no estrictamente democráticos ni de eficiencia gubernamental e impulsada por grupos de ciudadanos que no comulga con el funcionario en turno.
En términos llanos, aplicar la figura de revocación de mandato se tendría como el resultado de un ejercicio de valoración que habrán realizado los gobernados.
¿Está cumpliendo un funcionario con la tarea de gobernar o legislar adecuada y responsablemente? Esto sería el resultado de una consulta ciudadana.
Desde esa óptica, le revocación de mandato proyectaría beneficios para la propia ciudadanía, la cual podría argumentar, y con razón y argumentos sólidos: “Yo te elegí, yo también te puedo destituir”.
Al tiempo.
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