La Opción/Jorge Vílchez
Las movilizaciones, protestas, plantones y demás expresiones de inconformidad de los ciudadanos con sus autoridades cuentan con un marco jurídico, es decir, están debidamente reguladas; sin embargo, es evidente que para muchos ciudadanos es un hartazgo encontrarse con las mismas y por ello llegar tarde al trabajo, clases o cualquiera que sea la cita que se tenga, incluso para una atención médica.
Ese hartazgo es el que estarían utilizando los legisladores de PRI y PAN para tratar de pasar la ley anti marchas –a la que se le ha dado el nombre rimbombante de Ley de Movilidad-, pero la realidad es que la misma ni inhibe la protesta y, por el contrario, responsabiliza de todo al Ejecutivo estatal.
Es decir, si los ciudadanos comunes estaban cansados de marchas, será peor porque ahora con la obligación directa que se les finca a las autoridades de todo, serán más los que seguirán el ejemplo de los grupos sociales de presión para obtener prebendas, a las cuales ahora sí estaría más obligado a ceder el Gobierno de Michoacán.
Los legisladores no ven que ellos también se estarían poniendo una camisa de fuerza, pues las presiones sociales serán mayores ante las leyes que pudieran estar aprobando o no. Una sobre-regulación no es la salida.
Sin embargo, hay que esperar para ver cómo se realiza el debate de la misma, que de entrada pudiera tornarse anticonstitucional al limitar el derecho a la libre manifestación, pero que además podría ser una ocurrencia para ser popular de la oposición y ganar votos en las urnas en 2018.
Una de las trampas de la ley anti marchas es que, dependiendo de la competencia de los distintos órdenes de gobierno, éstos estarán obligados a resolver el conflicto social que se presente, si hay daño patrimonial y los responsables serán las autoridades las obligadas a resarcir el daño al afectado.
Sin duda, la anterior es una excelente noticia para empresarios que nunca verán perder su capital, que en caso de pintas tendrán que revivir recursos para arreglar sus fachadas, y en el caso de la quema de sus vehículos serán repuestos por el gobierno federal, estatal o municipal.
La verdad en el tema de la utopía todo suena maravillosamente, pero si revisamos el tema financiero de la administración estatal cuando menos y de varios municipios responsabilizarse de estos actos, implicaría ahorcar más las finanzas estatales o municipales.
Pero además, los legisladores estarían dando un pasaporte directo a la impunidad, esto bajo el pretexto de que se aplica la ley y no se afecte a terceros; es decir, se está haciendo creer que esto es por el hartazgo de la ciudadanía.
Por lo pronto, ya se percibe que las fracciones del PRI, PAN y PVEM estarían por la afirmativa de esa iniciativa. Mientras que las fracciones del PRD y PT ya adelantaron su voto en contra.
Al tiempo.
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