El Corso/Ramón Hernández
No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos.
Proverbio holandés
Hace diez años se formalizaron los ejercicios que se venían dando desde el año 2001 entre los presidentes de los institutos electorales de los estados, en los que se discutían temas en común y, sobre todo, la dirección de los entes administrativos y su participación dentro del contexto electoral nacional y frente al otrora Instituto Federal Electoral (IFE).
El escenario era otro. Existían organismos electorales con diversas nomenclaturas, desde Consejo Electoral, Comisión Electoral, así como Instituto. La legislación que los regulaba también era disímbola; alguna compleja, la otra más sencilla y otra tanta se asemejaba al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocido como COFIPE.
Antaño no existía regulación en materia de radio y televisión, pero los canales oficiales de cada entidad proporcionaban un espacio gratuito para cada partido político, el cual por lo regular se duplicaba en proceso electoral. La materia de fiscalización era un área reservada para las entidades federativas, y el trabajo que se llevaba a cabo por parte de los órganos electorales de los estados era similar, pero tomaba un camino diferente al del IFE.
La discrepancia entre los presidentes de los Institutos locales y los consejeros era latente y semejante en toda la República y –¿por qué no decirlo?– en algunos casos también invadía al propio IFE. Tal como ahora, adolecíamos de una cultura de trabajo en equipo, y en algunos casos los órganos administrativos electorales no eran la excepción.
Así, en 2007, una vez que se implementó una de las grandes reformas en materia electoral, que otorgó la exclusividad de la radio y televisión al IFE e incorporó algunas otras figuras jurídicas importantes como el procedimiento especial sancionador y las causales de nulidad de la elección, se llevaron a cabo las primeras reuniones de los presidentes de los organismos electorales estatales de manera formal, con la intención de crear una agrupación que permitiera sumar esfuerzos y fortalecer a los entes públicos administrativos en materia electoral.
Ante la creciente demanda de actividades que cada órgano tenía —en muchos casos diferentes en cada entidad, pero que generaban precedentes a nivel nacional e incluso sirvieron de modelo para elecciones de diversas entidades y la federal— se generó una conciencia de trabajo al seno de las instituciones, con unidad y visión integral de beneficio conjunto.
Debemos recordar y agradecer que fue por las entidades de la República y por los procesos que se llevaron a cabo en ellas que se incorporaron al ámbito nacional algunos conceptos que generaron precedentes entre el organismo federal y los demás organismos estatales. Fueron los casos del modelo de fiscalización, el voto en el extranjero, las causales de nulidades, las candidaturas comunes, los nuevos modelos de coaliciones y los mecanismos de participación ciudadana diversos a los procesos electorales —presupuesto participativo, plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, consulta indígena e iniciativa popular—.
Fue precisamente cuando recién se asentaba la reforma electoral del 2006 y del 2007, cerca del 2010, cuando se vio la necesidad de crear una asociación que —como ya se comentó— agrupara de manera primigenia a los titulares de los organismos electorales, lo cual se intensificó cuando empezaron los aires de la reforma electoral que vino a desembocar en el 2014.
El motivo de la creación de lo que después conoceríamos como la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, A.C. (APPICEEF) era conformar una asociación que agrupara las voces de los presidentes de los institutos, consejos y comisiones electorales del país pertenecientes a las entidades federativas; también la necesidad de contar con un órgano único que representara los intereses de los entes electorales administrativos,el cual tuviera también facultades de representación ante el IFE y los órganos jurisdiccionales federal y locales, además de buscar homologar en la medida de lo posible criterios respecto a determinadas figuras jurídicas, principalmente para el desarrollo de los procesos electorales.
En atención a estas necesidades se creó la APPICEEF, que aglutinó a los titulares de los organismos electorales de las entidades federativas, señalando como domicilio la ciudad de Chihuahua, debido a que su primer presidente era el titular del Instituto de aquella entidad federativa.
El escenario que enfrentaba la APPICEEF era diferente al que tenía previo a la conformación de la asociación: contaba con órganos más fortalecidos y unidos, las diferencias entre los consejeros y los titulares habíadisminuido y en gran parte los trabajos que se llevaban a cabo eran más intensos, siempre en aras de buscar una presencia preponderante de las instituciones y ante el IFE.
Previo a que soplaran los aires de la reforma del 2014, la asociación enfrentó un gran reto: la amenaza latente de algunos actores políticos de desaparecer los organismos electorales de las entidades federativas. Taldesafío no fue menor, lo cual originó una serie de encuentros —y también desencuentros— entre las instancias encargadas de confeccionar las leyes, a quienes en reiteradas ocasiones se les manifestó la inconveniencia de desaparecer los órganos electorales. En algunos casos estas voces obtuvieron eco y en otros no tanto.
Lo que sí originó desafortunadamente el proceso de reforma, de manera injustificada, fue generar una separación entre los organismos electorales locales y el órgano central del IFE. Digo desafortunadamente porquelas voces de inconformidad sobre la desaparición de los organismos provenían en gran medida de actores fundamentales del organismo electoral administrativo federal, lo que ocasionó desánimo y molestia por parte de algunos colegas.
Lo cierto es que los integrantes de la APPICEEF defendieron con denuedo la permanencia de los órganos electorales administrativos locales en el contexto nacional, ante las instancias correspondientes, lo cual se vio cristalizado parcialmente en la reforma electoral del 2014.
Así fue que se llegó al escenario de la trillada y reciente reforma electoral, en la que se estableció la permanencia de los organismos electorales de las entidades federativas, pero con diversas limitaciones; en unos casos bajo el pretexto de la facultad de atracción, en otros bajo el argumento de la asunción y en otros tantos bajo el auspicio de las facultades exclusivas del órgano nacional. Se ungió, pues, al Instituto Nacional Electoral (INE) como la máxima autoridad en materia electoral y como órgano rector del Sistema Nacional Electoral, así como cabeza administrativa de los procesos electorales federal y de las entidades federativas.
Dentro de las muchas facultades que se le otorgó al naciente INE estaba la de nombrar a los integrantes del máximo órgano colegiado de los organismos electorales estatales —mejor conocidosdesde entonces como Organismos Públicos Locales Electorales, OPLES—,locual se vivió en dos etapas: la primera se realizó en el 2014 en las entidades que en ese año iban a iniciar proceso electoral concurrente, y la segunda en el 2015 con el resto de las entidades que iban a hacer lo propio. Este hecho fue trascendente porque durante el proceso de selección de los integrantes de los organismos electorales estatales poco a poco se quedaron en el camino quienes conformaban los institutos, previo a la reforma, nombrándose en su lugar a personas con un perfil o experiencia diferente.
En el Proceso Electoral 2014-2015, el INE y dieciséis entidades federativas estrenaron integrantes del máximo órgano de dirección. Fue por mucho una experiencia innovadora —polémica pero necesaria— la que se vivió por varios factores. En la próxima entrega mencionaréal menos dos de ellos.
Por lo pronto, usted ¿qué opina?
Ramón Hernández R.
@HernandezRRamon
