Educación: Anunciar sin Consultar/Erik Avilés
Estando a punto de concluir este año, hay temas en cuanto a política educativa que sin lugar a dudas representarán polémica, fricciones y dolores de cabeza, por la manera en la cual se dio el proceso de construcción y validación social de las acciones venideras.
Al respecto, destaca por el alcance del anuncio realizado por el Lic. Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, el programa nacional de reconcentración de escuelas de educación básica, justificado por datos duros, tales como el que de 200 mil planteles de educación básica, 100 mil concentran solamente el 14 por ciento de la plantilla escolar, ubicados en localidades dispersas, con malos resultados en cuanto a logro académico y poco monto de inversión. Por ende, la pretensión gubernamental es de reducir a la mitad el total de las escuelas mexicanas, a solamente 100 mil, reconcentrando aquellas que tienen poca matrícula o se encuentran en comunidades alejadas y marginadas, justificándose esta acción esencialmente bajo criterios de eficiencia administrativa.
Dado que en Michoacán padecimos el penoso antecedente reciente de que se intentaron cerrar 93 planteles del subsistema Telebachillerato hace tres años, sin mediar mayor criterio que ahorrar recursos, basándose en la distancia existente entre cada una de las escuelas. El resultado, por supuesto, fue desastroso, ya que el proyecto elaborado en un escritorio no tomó en cuenta la orografía, las vías de comunicación terrestre, las diferencias culturales, la rivalidad entre poblaciones arrastrada en muchos casos desde hace siglos, seguida de un largo etcétera. La consecuencia fue que más de siete mil jóvenes que, por la acción gubernamental, sin recibir contraprestación alguna vieron enormemente afectado su derecho a aprender, generaron un movimiento social de tal magnitud, conjuntamente con sus padres y maestros, que consiguió hacer recular a los funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado respecto a sus intenciones iniciales.
En mayor o menor medida, la escuela es de la comunidad. Ignorar ese principio y desaparecer escuelas mediante artificios tecnocráticos puede destapar una vez más la caja de Pandora que en 2013 cimbró Michoacán.
La lección dolorosamente padecida y aprendida es que sin la debida construcción ni socialización de un programa de reconcentración escolar, difícilmente se alcanzarán los objetivos planteados, ya que no se contará con el respaldo de estudiantes, padres de familia, maestros y directivos de los planteles escolares involucrados, afectándoles sin siquiera consultarles previamente ni ofreciéndoles soluciones ni contraprestaciones para que les resulte atractivo y conveniente acceder a la reconcentración. Sin un programa integral para resolver este galimatías, que permita compensar la afectación que pudiera sufrir cada uno de los jóvenes en cuanto a su derecho a aprender se refiere, este programa está destinado al fracaso rotundo.
Más aún, por lo anunciado ya, afectará a dos de los bastiones históricos más emblemáticos de la educación nacional: la educación indígena y la escuela rural mexicana, soliendo ser ambas multigrado, en donde un profesor realiza la labor que realiza toda la plantilla de personal de una escuela urbana. Impacto similar ocurrirá con la inserción del maestro como líder natural de la comunidad, así como con el arraigo de la cultura e idiosincrasia locales, lo que gravitaría indefectiblemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Sería muy importante contemplar todas estas externalidades al momento de diseñar un programa de concentración de escuelas realmente holístico.
Modificar las condiciones de la cobertura educativa existente sin hacer partícipes a los actores del sistema educativo es un error del cual no se puede esperar sino un efecto boomerang, ya que entrega una bandera para ejercer legítima inconformidad enteramente en las manos de la disidencia magisterial y la mezcla infusa de movimientos antigobiernistas que se solazan en las comunidades marginadas.
Empero, más allá de la crítica lapidaria que pudiera realizarse al programa de concentración de escuelas, desplazarse hacia las escuelas no es algo nuevo, neoliberal, ni depredador, ya que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, la cual ha acudido durante milenios hasta donde se encuentra ubicada la fuente del conocimiento, hecho que sigue sucediendo en todas las naciones del orbe, en educación superior al menos. El reto estriba en saber diseñar e implementar este programa con la debida construcción de consensos y rescatando los elementos más valiosos, sin menoscabo de un solo estudiante, sino al contrario, ampliando la cobertura ya existente.
El tamiz debe ser el derecho a aprender de los niños y jóvenes. Bajo un enfoque garantista, podrá diseñarse el programa compensatorio necesario. Sin duda se pueden conciliar la efectividad gubernamental, la reconcentración de planteles, la eficacia en la administración de recursos, con el respeto a la identidad y saberes locales, con la inclusión escolar, con la normalidad mínima, con la infraestructura digna, con contar con una plantilla de personal completa y competente y con el derecho a aprender; pero esto es materia de un profundísimo análisis, tanto en materia de costo-beneficio como en lo cualitativo, para posteriormente ser sometido a un proceso de validación social. Antes de ello, en reacción al anuncio de la SEP ya se han pronunciado el INEE, la OCDE, la CNTE, comentócratas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que de este proceso se obtenga un resultado bien logrado, porque en caso contrario, en aras de construir solitariamente una supuesta solución, resultaría funesto adicionar un problema más para el de por sí tenso sistema educativo nacional.
Más allá de la situación específica, llama la atención, una vez más, el anuncio de un programa no debidamente integrado, por parte de un funcionario federal de primer nivel, lo que nos deja como interrogantes la indefinición existente sobre quién está cualificado para determinar el momento propicio para realizar un anuncio oficial, en cualquier orden de gobierno, sobre cuáles deben ser los requisitos para poder anunciar a la opinión pública una medida gubernamental aún en el tintero, y sobre cuál debe ser el proceso de construcción de política pública y su respectiva e imprescindible validación social entre los actores intervinientes. Esperemos que se tenga mucho más cuidado con la construcción y posterior presentación del modelo educativo nacional, del cual ya incluso se adelantó que entrará en vigor durante el Ciclo Escolar 2018- 2019.
Paralelamente, otro aspecto que resultará decisivo en 2017 es el de ingreso y promoción en el servicio profesional docente, ya que requieren certidumbre y reglas claras, apegadas a la normatividad, erradicando todo ápice de discrecionalidad en la emisión de convocatorias, en la realización del concurso de oposición, así como en la asignación del orden de prelación, en la entrega de las claves que correspondan irrestrictamente a lo estipulado en la convocatoria inicial, en que se brinden cursos de inducción y capacitación, en que se asigne conforme a derecho proceda la ubicación de los profesionistas catalogados como idóneos, que se esclarezca y respete el monto del salario a percibir, así como su respectivo pago en tiempo y forma, brindándoseles información necesaria y suficiente para que una vez insertos en el sistema educativo estatal, continúen su desarrollo profesional.
A la fecha, en Michoacán, continúan pendientes múltiples casos en donde se han transgredido prácticamente todas las etapas anteriormente señaladas, sin propiciar la participación ciudadana en la observación del proceso completo, lo que incrementaría enormemente su percepción de transparencia. La misma situación que está padeciendo la reconcentración escolar la sufre la política de ingreso y promoción al servicio profesional docente, en cuanto a ser vociferada mediante anuncios gubernamentales que no se encuentran debidamente respaldados de políticas públicas consolidadas, careciendo de reglas claras y del arropamiento presupuestal y humano necesarios, siendo especialmente lacerante para los profesionistas idóneos en Michoacán, quienes la han soportado desde 2014 hasta la fecha, sin que se haya podido remediar de una vez por todas tan sensible problemática. Al final del día, invariablemente son los estudiantes, los padres de familia y los maestros quienes padecen las consecuencias de políticas mal articuladas, que solamente incrementan el área de oportunidad a la opacidad, a la ilegitimidad y a la corrupción. Hay tiempo para corregir estas situaciones, consultando, corrigiendo y construyendo antes de anunciar.
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