CNTE: de la democracia a la dictadura/Horacio Erik Avilés Martínez

Recién comenzando el Ciclo Escolar 2016-2017, los michoacanos nos encontramos con que la oposición a la regularidad educativa en la entidad no claudica en sus asaltadores afanes de la educación pública, ya que ya superaron los 110 días de paro convocado por la diluida CNTE, que ni en sus más optimistas escenarios se aproxima siquiera a cerrar el 80 por ciento de los planteles estatales, los que alegan controlar, pero que penosamente a pesar de ello, mantiene un programa de toda suerte de actividades de presión transgresoras de los derechos de terceros.

Especialmente destaca por anacrónico su comunicado de prensa emitido iniciando este mes, en donde la Sección XVIII del SNTE-CNTE en Michoacán menciona que "emplazamos terminantemente al Gobierno del estado de Michoacán, a que presente soluciones concretas a los planteamientos que nuestra organización ha puesto en la mesa técnica, en referencia a la problemática en los pagos de nuestros compañeros". Es decir, como ya se ha señalado en múltiples ocasiones en este mismo espacio, la CNTE exhibe y alardea que existe una mesa técnica que ha sido establecida de espaldas a los ciudadanos. A nivel federal, la Secretaría de Gobernación ya aprendió la lección y finalmente el titular de la mencionada dependencia anunció que no habrá más negociaciones opacas con la CNTE, por lo que por principio de orden, a la brevedad en Michoacán no deberíamos de tener más "mesas técnicas" que solamente comprometen a los funcionarios que ingenuamente acuden a ellas, invariablemente bajo presión; si se dialoga debe ser invariablemente difundida la mesa de negociación, ya que es de interés público el que un acuerdo tomado en esos escenarios puede llegar a implicar el uso de recursos públicos. Por  otra parte, en este comunicado afirman los líderes de la CNTE que hay una supuesta “problemática en los pagos de nuestros compañeros”, afirmación que insinúa un posible comprometimiento del erario estatal para liquidar supuestos adeudos que carecen de la debida transparencia ante la opinión pública michoacana. Todos los ciudadanos tenemos el constitucional derecho de conocer el nombre completo y adscripción de aquellos a quienes la Sección XVIII de la CNTE denomina “nuestros compañeros” y por qué razón nuestra entidad federativa habría de tener un adeudo con ellos. Más aún, el reclamo consterna porque les denominan “compañeros”; no profesionistas, ni maestros ni trabajadores de la educación, lo que inquieta y preocupa aún más. ¿Quiénes serán aquellas personas a quienes en pleno beso de Judas  les llaman “compañeros” las cúpulas de comisionados sindicales, los  mismos que ni en defensa propia se aparecen en las aulas durante años, pero bloquean nuestras calles, vacían nuestras escuelas y acrecientan nuestro quebranto financiero estatal?

Prosigue el citado comunicado afirmando que “de igual manera, demandamos categóricamente, que se termine con el trato diferenciado entre los trabajadores del sistema estatal, respecto a los del sistema federal, para que, de inmediato, sean pagados todos y cada uno (sic) de los adeudos que tiene el Ejecutivo del estado con nuestros compañeros estatales”. Demanda a la que en su primera parte vale la pena unirse, ya que si hay algo que transparentaría y evitaría la opacidad enorme que existe entre los poseedores de plazas estatales, ya que a diferencia de las federales, aquellas no cuentan con obligaciones ni candados estrictos respecto a su ejercicio, con lo que actualmente ni siquiera hay fundamento legal para que las autoridades en materia educativa publiquen detalladamente el nombre completo,  CURP, grado máximo de estudios, antigüedad, escuela de adscripción y la remuneración total percibida, como ya sucede con las plazas federales gracias a las reglas del FONE. En esta situación de privilegiada opacidad se encuentran 15 mil plazas estatales. Esto, sin contar todavía el aún más intrincado e ignoto laberinto que corresponde a los trabajadores eventuales, que son contratados sin que nadie conozca aún algún criterio meritocrático que se emplee para tales efectos y que también constituyen una fuente millonaria de fondeo para las actividades de presión, protesta y ejercicio piramidal del poder por parte de los dueños de la CNTE, quienes llegan al extremo de convocar auténticas levas sindicales, en donde bajo la artificiosa promesa de conseguirles una plaza en la SEE reclutan a miles de incautos, quienes para lograr ser remunerados deberán de realizar toda clase de acciones ominosas, consustanciales al estilo de la protesta del ente gremialista convocante.

Más aún, la CNTE, sumida en la total bancarrota moral,  reitera que "no renunciará a ningún (sic) método de lucha para defender la educación pública y para hacer valer nuestros derechos y conquistas laborales". Es decir, para la CNTE, el fin justifica los medios. La opinión pública y el gobierno deben tomar nota de este desafío descarado, ya que con ello afirman que no se moverán un ápice de su postura de desafío y antagonismo hacia la ciudadanía y su gobierno. No renunciar a método de “lucha” alguno, implica que continuarán soslayando los derechos de terceros y es una explícita prórroga a su ya sempiterna declaración de guerra a la sociedad michoacana. Con base en ello, demandemos el cumplimiento del contrato social a la autoridad respectiva, para que realice preventivamente la necesaria e imprescindible acotación a esta organización que invariablementebusca apoderarse de los recursos educativos, oscilando entre el antisistemismo y la cooptación total,

Durante un cuarto de siglo hemos constatado y padecido los michoacanos que la ira de la CNTE no conoce medidas ni límites. Su enardecimiento está fundamentado en la pérdida de control de proveedores, de la imposibilidad de hacerse de mayores recursos y de las dificultades que están teniendo para mantener sus esquemas cupulares de manejo perverso de la rectoría de la educación estatal para conseguir sus aviesos fines. Los Consejos Escolares de Participación Social y los programas federales que se imbrican con ellos, tales como Escuelas al CIEN, constituyen una amenaza directa hacia el grupo empresarial que es rémora de la CNTE, para continuar lucrando con las escuelas “de palitos”, siendo personeros de la pobreza educativa y apoderados de la ignorancia, ya que empoderan a los padres de familia y obligan a los directores escolares a rendir cuentas a la comunidad de aprendizaje, siendo cada vez más difícil para ellos engañarlos.

Mientras tanto, las venas abiertas de la educación michoacana expulsan a nuestras generaciones jóvenes a borbotones. El despojo que realiza la CNTE con su ilegítimo “paro” a más de 50 mil estudiantes michoacanos al día de hoy, dejándolos sin clases, es un quebranto flagrante al desarrollo educativo de ciudadanos a quienes nadie protege de la CNTE. Nuestra generación herida ya acumula casi 300 días de clases perdido en el último sexenio. Ya es tiempo de que esta clase de comunicados sean información estratégica para las autoridades en materia de gobernabilidad, para que actúen en consecuencia y eviten permitir que áreas y procesos enteros de nuestro sistema educativo continúen en manos ajenas a preservar la escuela pública y a hacer efectivo el derecho a aprender de nuestros hijos.  Como ruta paralela, la autoridad y la sociedad civil deben apoyar a los maestros de base a revertir este tránsito de la democracia a la dictadura que proponen las cúpulas de la CNTE para este ciclo escolar, siendo contrapeso en la balanza, estableciendo canales de atención y solución a la problemática, comprometiéndose debidamente a participar de lleno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reconociendo, apoyando y dotando de todo lo necesario a los verdaderos maestros para que su carrera docente dependa solamente de su esfuerzo y talento docente, sin necesidad de intermediarios abusivos.

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