¿Y los pendientes?

¿Y los pendientes? pregunto, aunque no me refiero en esta ocasión a los pendientes que va a dejar el gobierno de Leonel Godoy con los michoacanos y, particularmente, con los antorchistas con quienes su secretario de gobierno ratificó y firmó acuerdos, sino a los pendientes que a estas alturas tiene el gobierno federal con los michoacanos en general y también con los antorchistas en particular, compromisos que –vicio de nuestros gobernantes- están acordados y firmados y que, como siempre, con todo tipo de argucias legales e ilegales, se les niegan a los que menos tienen en todo el país. Me preocupa que la campaña de Luisa María Calderón Hinojosa en la que como todo mundo sabe se gastaron carretadas de dinero y se pusieron en juego todos programas y recursos humanos de que dispone el gobierno federal, haya terminado (en este caso e l rotundo fracaso viene a ser lo de menos), es decir, me preocupa que la temporada de quedar bien con los electores para hacerse de sus votos haya tocado a su fin y todavía -¡todavía después de un año entero!- importantes obras en beneficio de miles de michoacanos no hayan ni siquiera empezado. Hace ya un año que la Cámara de Diputados aprobó 78 millones de pesos para gastarse en obras en nuestro estado y -vuelvo a repetir para el lector incrédulo- todavía no empiezan esas obras. El Movimiento Antorchista tiene, de entre sus miembros, una sola representación en la Cámara de Diputados, que es la Diputada Maricela Serrano Hernández y, por increíble que parezca, la laboriosidad, creatividad y entrega de la compañera, logró a fines del año pasado (pronto informaremos de lo de este año) la aprobación de más de mil millones de pesos para decenas de importantes obras en todo el país y logró, para Michoacán, la significativa cantidad que ya consigné más arriba. Pero el gobierno federal no lo entrega y eso es lo que me preocupa, eso es lo que irrita a los michoacanos. Aquí se está violando la ley, no debiera ser posible que la máxima autoridad en materia de presupuesto federal, la Cámara de Diputados, que aprueba el gasto anual con la categoría de ley, en los hechos, quede a criterio de funcionarios del poder ejecutivo que dilatan su cumplimiento o, de plano, lo escamotean. Quiero aclarar que todos los requisitos, que no son pocos, un verdadero víacrucis, están plena y absolutamente satisfechos, no hay, pues, ningún argumento de este tipo que pudiera esgrimir el gobierno federal, simplemente, como dicen en el argot burocrático, los recursos no bajan. Tengo en mi poder el último compromiso firmado con nuestros distinguidos representantes por la secretaría de Gobernación federal el pasado 14 de agosto y que, hasta este momento, es letra muerta. Digo último compromiso porque no es el único, las pláticas, entrevistas y acuerdos supuestamente formales se vienen realizando con funcionarios de la secretaría de Hacienda y de la mencionada de Gobernación, por lo menos desde principios de este año. Y nada se cumple. Así, están en espera de sus obras, los habitantes de varias colonias de Morelia a quienes se les aprobó la pavimentación de los accesos a sus centros de población, tales como las Colonias Jorge Obispo, Margarita Morán Véliz, Luis Córdova Reyes, Mariel, los pobladores del municipio de Madero que esperan la pavimentación del camino Etúcuaro-Parritas, la construcción del importante Boulevard Carapan-Acachuén en la Cañada de los Once Pueblos y, para no extenderme más, sólo agregaré que también hay agraviados por la espera en Tacámbaro, Irimbo y Apatzingán. Todo esto y más es lo que está pendiente y es lo que me hace preguntarme una vez terminada la época dulce de las promesas y las sonrisas ¿y los pendientes? El hecho de que los recursos federales se escondan no es solamente un problema legal, tampoco solamente un problema de justicia social, todo lo cual ya sería suficientemente grave y escandaloso, también es un problema de cómo concibe, cómo ejerce el gobierno federal panista la política económica para desarrollar el mercado interno, para generar empleo y combatir desde la raíz a la delincuencia de todo tipo y ponernos a cubierto de la crisis que azota al mundo entero. El gasto gubernamental en obras y servicios es un instrumento de política económica, es una medida poderosa y eficaz para crear empleo y aumentar la capacidad de compra de los mexicanos y, por lo que salta a la vista y aquí denuncio, se está desperdiciando. La crisis en el mundo y más particularmente en Estados Unidos que es nuestro principal comprador, exige a gritos que se modifique nuestro modelo económico exportador. Antes de ella (de la crisis), el modelo era un error porque nos obligaba a vender sin haber satisfecho nuestras necesidades internas, pero… vendíamos, algo, pero vendíamos. Ahora con la capacidad de compra de nuestro vecino tan disminuida, persistir en el mismo modelo, pasará de error a suicidio. Y ahí está, el dinero guardado (quiero suponer en abono del gobierno federal que, efectivamente, está guardado y bajo su custodia) y millones y millones de mexicanos no tienen un empleo ni siquiera temporal y, consecuentemente, no disponen de dinero para gastar, el mercado interno languidece. Lejos de hacer uso de esta importante herramienta económica, el gobierno federal se involucra y compromete con la promoción nacional de las ofertas, con el llamado “buen fin”, le deseo mucho éxito, pero eso no va a cambiar la dramática situación del mercado interno nacional, muchos millones de mexicanos están ya por debajo de la línea de las ofertas y otros comprarán algo en este “buen fin” para luego padecer una amarga navidad.