Ventana/José Cárdenas
Condenado sistema penitenciario
La matanza de 49 reos en el penal de Topo Chico ha puesto en evidencia oscuridad y violencia en las prisiones mexicanas.
El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, demanda al gobierno mexicano una investigación exhaustiva del enfrentamiento mas cruento en la historia penal del país. No solo exige el consabido castigo a los responsables; denuncia el autogobierno carcelario de criminales al amparo de negligencia, omisión, impunidad y corrupción.
En 2014, representantes de la ONU visitaron Topo Chico para constatar la “flexibilidad excesiva” (término elegante) derivada de un cúmulo de vicios: hacinamiento producido por una sobrepoblación del 35 por ciento; privilegios ilegales para internos de alta peligrosidad y poder económico; relajamiento de la vigilancia; tolerancia de rivalidades mortales por el control absoluto del penal mediante extorsión y amenazas a otros internos, y a las propias autoridades ausentes…
La tragedia de Topo Chico es otro desastre que a nadie sorprende.
Por lo pronto, el Ministerio Público acusa de homicidio calificado y abuso de autoridad a tres funcionarios: Gregoria Salazar Rodríguez, directora del penal y al subcomisario Jesús Fernando Domínguez Camarillo; les achacan la responsabilidad de cuatro de los 49 muertos quienes ni siquiera estaban en el registro de internos. El tercer acusado es el custodio José Reyes Aguilar Hernández quien disparó y mató a un interno por la espalda.
La responsabilidad de la tragedia de Topo Chico no termina en la consignación de esos tres funcionarios menores. Debe llegar a la cúspide de la cadena de mando y responsabilidad del sistema nacional penitenciario para evitar el estallido de bombas de tiempo en que se ha convertido el 70 por ciento de penales municipales y estatales como Topo Chico.
Urge actualizar la infraestructura de las cárceles; profesionalizar a los cuerpos de vigilancia y custodia… y desde luego invertir mucho dinero.
EL MONJE CHISMOSO: Avanzan los jesuitas en el implacable proceso de canonización de Miguel Agustín Pro Juárez, cura implicado en el magnicidio de Álvaro Obregón y ejecutado en uno de los más celebres fusilamientos de la historia mexicana del siglo XX. Para unos, mártir de la fe. Para otros, activista fanático. Como sea, los jesuitas no cesan en su afán de llevar a los altares al sacerdote zacatecano cuyo monumento memorial se encuentra en los templos de la Sagrada Familia, de la colonia Roma, y en el de San Ignacio de Loyola, en Polanco.
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