Urgen procuradurías autónomas en México
El caso del ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo, del estado de Tabasco, nos muestra una vez más en forma ejemplar el uso discrecional de la procuración de justicia, al revelarse declaraciones en contra de policías ministeriales inmiscuidos en casos de tortura y violación a los derechos humanos.
Por lo tanto, es necesario y urgente que los legisladores federales y locales del país puedan reconocer la necesidad de que estas instituciones sean separadas del poder ejecutivo y transformadas en una instancia autónoma y con ello devolverle la credibilidad que han perdido ante la opinión pública nacional.
No solo en Guerrero se ha manejado en forma por demás equivocada y discrecional la procuración de justica como lo demuestran los hechos recientes cometidos por el ex procurador Alberto López Rosas, en el caso de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, sino también con la forma como operó la ex titular, Martha Elba Garzón Bernal, quien al dejar el cargo hace unos días, reveló que varias investigaciones en curso por asesinatos de personajes políticos no han sido concluidos por el hecho de no haberse solicitado y por ende liberadas las ordenes de aprehensión en contra los presuntos culpables.
También tenemos presentes las denuncias que en contra de la ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, se interpusieron para acusarla de haber manejado a su antojo y por encargo tal institución. Ante estas evidencias no queda más que pensar que algo no funciona en estas dependencias de los gobiernos federales y estatales.
El más reciente caso del ex gobernador Granier de Tabasco, mas allá de su borrachera y su boca floja, es paradigmático, pues se continúan cometiendo los mismos delitos y excesos de autoridad que ocurrían en el pasado reciente, pues no solo se incrimina a personas en contra de su propia voluntad para declarar contra funcionarios de la administración pasada, sino que se hacen montajes burdos como lo hacía hace unos años atrás el ex secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna con el caso de Florence Cassez.
En el caso Tabasco los que declararon bajo amenazas y torturas, han desmentido su versión y han dado la cara ante la opinión pública para decir que todo lo que se ha estado mostrando de parte del procurador de justicia tabasqueño, Fernando Valenzuela, es un vil montaje y que temen por sus vidas ya que han sido severamente amenazados de muerte por quienes los llevaron a declarar y hasta el lugar donde presuntamente se escondían los más de 88 millones de pesos en efectivo.
Cuando volvemos a escuchar estas narrativas, lo único que se nos viene a la memoria es los usos y costumbres del viejo régimen que desgraciadamente está reviviendo en Tabasco el actual gobernador Arturo Núñez, a quien no se le han olvidado sus raíces priistas y quizá los métodos que ahora aplica a su viejo compañero de partido y compadre, Andrés Rafael Granier Melo a quien ahora se le ha iniciado una investigación por peculado y quien será citado a declarar ante la procuraduría, aún y cuando no le han logrado ubicar su paradero, por lo tanto, difícilmente podrán comprobar que este haya sido oficial y legalmente notificado y enterado de su nueva situación jurídica.
Lo mismo harán con los demás colaboradores de Granier, particularmente los que tienen que ver con los dineros públicos, esto es al ex secretario de finanzas y al ex subsecretario de egresos, según reveló en entrevista el propio procurador Valenzuela.
El uso faccioso de la procuración de justicia en México ha sido desde hace ya varios lustros una constante y un cuestionamiento que se tiene en contra de la administración pública en el país, pues pocas acciones se pueden llevar a cabo en contra de quienes utilizan indebidamente los recursos económicos de los mexicanos, pues para ello deben actuar en consecuencia, forman parte del mismo tinglado oficial y quien decide su operatividad y hasta dónde llegar, es responsabilidad única y exclusiva de los ejecutivos estatales o federal.
Guerrero es un caso ejemplar.
Aquí la procuraduría no ha logrado desentrañar ningún hecho delictivo que se ha registrado en el territorio guerrerense contra personas común y corriente o personajes de la vida económica, social, partidistas o de gobierno, pues los mandatarios han optado por desviar la acción justiciera y trasladar la responsabilidad al poder ejecutivo federal a fin de que ahí se les de carpetazo y el tiempo logre el objetivo de su olvido.
Solo para recordar, ahí están también los usos facciosos de las procuradurías en los casos del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, a quien se acusa de haber dejado endeudada la administración estatal y haber hecho uso indebido de cientos de millones de pesos; la misma acusación se hace al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat a quien se señala como el responsable de haberse quedado con recursos materiales públicos de millonaria cuantía y está también la acusación que la PGR hizo contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por estar involucrado con el narcotráfico y de haber logrado amasar una fortuna incalculable.
Aquí en Guerrero las acusaciones contra los ex gobernadores no pasan de ser mero formulismo de escándalo, como el caso reciente del ex mandatario Zeferino Torreblanca Galindo, a quien se le imputaron una serie de malos manejos económicos, desviación de recursos públicos pero que hasta la fecha no han sido suficientes para liberar alguna orden de aprehensión en su contra ni a sus mas cercanos colaboradores.
Una vez mas, los mexicanos estamos ante la necesidad urgente de que los legisladores federales y locales puedan hacer los cambios necesarios en la legislación correspondiente para que la procuración de justicia en México sea independiente y autónoma del poder ejecutivo y con ello no se pueda ni manipular y menos inclinar la balanza en contra o a favor de gobernante, funcionario, administrador, comerciante, empresario o ciudadano común, sino que sea en realidad una instancia que persiga y sancione a quienes no solo incumplan sus responsabilidades oficiales sino quienes abierta y burdamente violenten la ley y se sepan protegidos por el también absurdo fuero constitucional.
¿Podrán los legisladores guerrerenses, tanto en el congreso local como en el congreso de la unión hacer el trabajo de proselitismo y sacar adelante esta reforma legal que es mas necesaria que las demás reformas anunciadas y que están en víspera de debate y discusión en ambas cámaras?
Esperemos que los representantes populares actúen en consecuencia a favor de los votantes y no de sus propios intereses.
