Teléfono Rojo/José Ureña
Lo anunciamos aquí el 22 de junio:
-Proyectan reducir 15 por ciento las participaciones a los estados para 2016.
A esa primicia siguió el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):
-Se reducirán 22.4 por ciento los mil 97 programas federales.
Dicho en números absolutos, 236 programas menos.
El secretario Luis Videgaray salió ayer a intentar matizar la noticia de este achicamiento con una declaración amable:
-No le toca a los ciudadanos ni a las empresas. Le toca al gobierno apretarse el cinturón y la idea es que este ajuste se haga de manera inteligente, eficiente, y que el gasto público se ejerza mejor.
Al margen del discurso oficial, aquí va otra primicia:
Los gobernadores de varios estados ya comenzaron a cruzar información sobre cómo les afectará el llamado Presupuesto Base Cero (PBC) y están sumamente preocupados y, peor aún, molestos y dispuestos a discutir cómo actuar para manifestar su molestia en contra del gobierno federal y en especial con el secretario Videgaray.
No están dispuestos a aceptar el argumento que ya circula en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago):
-La reducción de los ingresos petroleros obliga a afectar las finanzas de los 31 estados y el Distrito Federal.
EL RIESGO DE PERDER NUEVE ESTADOS PRIISTAS
Es muy temprano para adelantar una estrategia.
Sin embargo, hay síntomas preocupantes para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2016 habrá elecciones en 12 estados de la república: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En condiciones normales sería una jornada electoral ordinaria.
Sin embargo, nueve de esas entidades tienen gobernadores priístas: Carlos Lozano, Jorge Herrera, Francisco Olvera, Mariano González, Roberto Borge, Egidio Torre, Javier Duarte y Miguel Alonso Reyes.
Los otros tres están al mando de aquella fiebre aliancista de 2010: Rafael Moreno Valle en Puebla, Gabino Cué en Oaxaca y Mario López Valdés en Sinaloa.
La pregunta es:
¿Cómo van a actuar los mandatarios priístas cuando no tengan recursos y deban sacar las elecciones?
No hablamos de desvío de recursos públicos para financiar las campañas de los candidatos del PRI –gobernador, presidentes municipales y diputados locales-, sino de la suspensión de programas fundamentales para grupos desvalidos, la falta de obras y la suspensión de proyectos prometidos.
Si panistas y perredistas ya negocian candidaturas comunes para retener Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la recuperación de esos estados por parte del PRI se ve muy lejana.
Y de los nueve restantes, varios podrían irse a la oposición.
Un dato con inevitables repercusiones para la gobernabilidad durante el resto del sexenio y para las elecciones federales de 2018, cuando se renovarán la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
De ese monto es el efecto de reducir el presupuesto: 15 por ciento en participaciones a estados y 236 programas.
EL MAGISTERIO PROTESTA SIN APOYO DE LA CNTE
1.- Las alarmas se encendieron a partir de Durango.
Un estado donde no hay arraigo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los maestros de las secciones 14 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llenaron la plaza contra la Ley General de Educación y la evaluación magisterial.
¿Lo organizaron los dirigentes José Hilario Ruiz Estrada y Clara Eugenia Gurrola Zamora?
Tal vez no.
Va un dato: los maestros acudieron a la sede de la Sección 44 y su dirigente Clara Eugenia Gurrola Zamora huyó para no enfrentar a los inconformes.
El riesgo es mayúsculo: puede extenderse a regiones donde se supone un magisterio responsable, con los mejores estándares educativos y sin la participación de los irresponsables de la Coordinadora.
Y 2.- desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se pretende cambiar la situación de niños y adolescentes.
Los diputados Manuel Granados y Dinorah Pizano presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de armonizar la protección integral de ese sector de la sociedad.
