Teléfono Rojo
El gobierno ha decidido dar un paso más para fortalecer al sindicato magisterial.
Lo ha hecho en silencio y ha pasado desapercibido para muchos.
Actor fundamental fue Juan Díaz de la Torre, quien protestó por el trato directo de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La defensa pública fue prudente, pero habló con las autoridades y en privado defendió a su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como único titular del contrato colectivo de trabajo.
Lo escucharon los secretarios de Gobernación y Educación Pública, Miguel Angel Osorio Chong y Emilio Chuayffet Chemor, y por supuesto enteraron a su jefe presidencial Enrique Peña Nieto. Así regresó la negociación única.
Díaz de la Torre y comité fueron los únicos representantes del acaso millón y medio de maestros y empleados administrativos de la SEP, aunque en las asambleas participó la Coordinadora.
Los miembros de la CNTE son beneficiarios porque están formalmente integrados al sindicato y los beneficios se extienden a unos y otros, a institucionales y disidentes, a educadores cumplidos y paristas empedernidos.
Los dirigentes sindicales, con estos antecedentes, creen haber fortalecido la unidad gremial y a sus buenas noticias se sumó la reintegración del magisterio de Quintana Roo, quienes permanecieron fuera de su control durante seis años.
PROBLEMAS MAGISTERIALES POR EL CRIMEN
Pese a acuerdos e intereses comunes, hay muchos temas pendientes.
Ahora mismo el equipo de Juan Días de la Torre tienen el reto de resolver problemas derivados de la crisis de inseguridad porque muchos maestros han sido cooptados por la delincuencia organizada.
En lugares de alta criminalidad –Tamaulipas y Michoacán son mano, en ese orden- se han detectado casos donde los educadores son forzados a distribuir droga, a permitir su venta o mínimo a fingir indiferencia.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha aportado otros datos de mayor gravedad, como las ligas de personal educativo con la guerrilla en el sur de México.
Por si eso fuera poco, otro asunto que escuece a las autoridades de Tamaulipas y al SNTE es cómo actuar ante los tres maestros detenidos en Tamaulipas por no actuar en actos de violencia en escuelas.
La historia es pública:
La trabajadora social Zulema Yaneth Marroquín Olvera, la prefecta Lizbeth Berenice Guerra Alvarez y el bibliotecario Arturo Galaviz Hernández fueron detenidos y sometidos a proceso por no defender a Héctor Alejandro Méndez, de 12 años, en la Secundaria 7 de Ciudad Victoria.
Una profesora vio “y no hizo nada” –acusaron los padres de la víctima- para evitar el lanzamiento del niño contra una pared, cuyo traumatismo craneoencefálico le causó la muerte.
El asunto crecerá, pues ya interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Raúl Plascencia y seguramente, en busca de votos para su reelección, hará escándalo con el riesgo de pervertir el proceso.
Lo más grave será la impunidad de los infanticidas porque, al ser menores de edad, la ley estatal no prevé ni detención ni cárcel ni castigo.
Vaya, ni siquiera rehabilitación.
CESE DE FALTISTAS Y MENOS COMISIONADOS
Autoridades y sindicatos tienen al menos otras dos tareas pendientes:
1.- Hacer efectivas las sanciones contra los maestros faltistas.
Y 2.- aclarar las plazas de los aproximadamente 69 mil profesores sin o con funciones dudosas y los comisionados.
Lo primero se cumplirá estrictamente de acuerdo a la ley, me dijo ayer el secretario Emilio Chuayffet Chemor.
Y respecto a lo segundo, el sindicato no cobijará a ninguno de sus miembros sin tareas plenamente justificadas, me aclaró Juan Díaz de la Torre.
Ese es el acuerdo tomado con el secretario y con los gobernadores de los estados, quienes han sido acusados de ocultar información sobre el número de comisionados.
Según Díaz de la Torre, la cifra real es muy inferior a los más de 30 mil señalados por distintas encuestas.
-No deben llegar a 100 por sección.
Hay 61 secciones y la última en constituirse, otro fruto de la buena relación del gobierno federal con el SNTE de Díaz de la Torre, es la 60 para agrupar al personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Su reconocimiento legal lo dio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 25 de febrero pasado.
