Teléfono Rojo
Los primeros reportes de Alfredo Castillo desde Michoacán no dejan dudas:
-Hay resistencia a los cambios.
Cuestión de memoria:
El miércoles 15 de enero por la mañana fueron citados a Los Pinos el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador federal del consumidor, Alfredo Castillo.
El presidente Enrique Peña Nieto había decidido cirugía mayor a Michoacán y, en coordinación con el gobierno de Fausto Vallejo, se procedería contra cárteles y delincuentes de todo tipo.
Obvio, incluía a los jefes de Los Caballeros Templarios y de los autodefensas, estafadores comunes y funcionarios de alto nivel.
Un día después, el jueves 16 y convertido en comisionado de poderes virreinales, Castillo se trasladó a Morelia con toda su parafernalia para cumplir de inmediato la instrucción presidencial.
Lo primero fue presentarse con las autoridades locales, el gobernador y su secretario general de Gobierno, José de Jesús Reyna García.
Le dieron la bienvenida y, como sucedía con oros funcionarios federales y anteriores jefes militares de zona o representantes de la Armada, le desearon suerte en su cometido.
-¡Vamos a actuar ya! –les adelantó.
Según sus informes a la superioridad federal, no se entendió el mensaje.
Le pidieron observar la situación michoacana y esperar.
-¡No! La instrucción es actuar ya –refutó.
JESUS REYNA NO SOLTABA PROCURADURÍA Y SSP
Ese misma noche comenzó el análisis de los funcionarios.
Sólo los participantes conocen a detalle las opiniones, las presiones y las oposiciones.
Alfredo Castillo pidió posiciones.
-¿Cuáles?
-La Procuraduría estatal y la Secretaría Seguridad Pública, para empezar.
La resistencia ha de haber sido intensa por parte de José de Jesús Reyna García porque el comisionado se encerró a solas con el gobernador Fausto Vallejo para acordar los dos relevos.
Así se tomó el acuerdo: se irían el procurador Marco Vinicio Aguilera, hoy secretario adjunto de Gobierno, y el secretario Alberto Reyes Vaca.
Todo a espaldas de Reyna García.
-Mañana doy los nombres de los candidatos –Castillo se retiró, acaso a consultas con funcionarios de Los Pinos y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.
Se le ratificó la confianza y la autonomía.
El viernes 17 de enero Vallejo cumplió su palabra de designar a dos incondicionales de Castillo: José Manuel Godoy en la Procuraduría y Carlos Hugo Castellanos en Seguridad Pública.
Luego ocupó, con otros colaboradores suyos de de mucho tiempo, subprocuradurías, subsecretarías, direcciones generales, mandos policiacos y otras posiciones claves, hasta copar el aparato de seguridad y justicia.
Tal vez Reyna García no lo supo, pero desde aquel jueves 16 de enero se le puso marcación personal y comenzó una investigación cuyo desenlace es embarazoso para él.
Apenas va en el arraigo, pero de acuerdo al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, hay pruebas suficientes de sus nexos con capos de Los Caballeros Templarios y en específico con Servando Gómez González, La Tuta.
OTRO SECRETARIO DE GOBIERNO EN PROBLEMAS
José de Jesús Reyna García tiene un consuelo: no es el único secretario de Gobierno en problemas.
El ya fue cesado, pero otro secretario en funciones, el bajacaliforniano Guillermo Trejo Dozal, tiene una orden de aprehensión por delitos fiscales.
El secretario de Gobierno y el secretario de Desarrollo Económico Carlos Humberto Bonfante Olache, según el proceso 21/2014 y que debió ejecutarse a partir del 31 de enero pasado por instrucciones del juez Sexto de Distrito Pedro Jara Venegas.
¿Por qué no se ha procedido?
Ni la periodista Dora Elena Cortés, quien difundió copia de la orden de aprehensión, tiene respuesta.
Sí informa que ambos funcionarios y otras personas realizaron operaciones activas de seguros a través de la empresa Servicios de Salud S.C y/o Latino Health Care sin la correspondiente autorización federal.
Todos ellos violaron la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
A la par de secretario general de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal es secretario del Consejo de Administración de dicha empresa.
La opinión técnica de la Procuraduría General de la República (PGR) incluye también a Gilberto Singh Hurtado y Raúl Ernesto Garnier Capillo.
Un escándalo para el gobierno panista de Francisco Kiko Vega pero una acción penal promovida directamente por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
Y todo por cuatro millones 679 mil 226 pesos facturados en 13 contratos, de acuerdo a la fiscalía federal.
