Teléfono Rojo

No será como la quieren Gustavo Madero y Jesús Zambrano, pero tampoco como la desearían el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los nudos de las negociaciones están muy ubicados:

Los tres partidos ven posible la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y así lo reflejaron en los propósitos del Pacto por México, pero se han topado con muchos interesados en preservar la multiplicidad de órganos dedicados preparar, organizar y calificar las votaciones.

Durante años se tejió una densa madeja de comisiones, consejos, institutos y tribunales en los cuales trabajan decenas de miles de personas –los cálculos menores hablan  de 25 mil y otros acercan esa burocracia a los 30 mil- y de cuyo beneficio participan prácticamente todas las fuerzas políticas.

El esquema es simple: sus integrantes son designados por los poderes legislativos –el Congreso de la Unión en los casos del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y en los estatales en los órganos locales-, donde despachan camarillas de los partidos políticos o grupos parlamentarios representantes del gobernador.

Así, al final los consejeros y los magistrados deben el favor a los partidos y pierden independencia.

Tal realidad pretende ser atacada por Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mediante la supresión de los cuerpos estatales y municipales y centralizarlo en dos de tipo federal, el IFE y el TEPJF.

Madero y Zambrano, quienes portan esta bandera, agregan el factor económico para reforzar su exigencia.

Llevan ventaja, pues han logrado involucrar a la administración del presidente Enrique Peña Nieto y al comité priísta encabezado por César Camacho Quiroz.

Se han hecho muchos estudios sobre los costos de las elecciones mexicanas.

Dos estudiosos con amplio conocimiento en el tema, Emilio Alvarez Icaza y Luis Carlos Ugalde, se han adentrado en distintos momentos y con enfoques diferentes para acercar el cálculo.

Alarman: sólo a comisiones, consejos e institutos se dedican más de 20 mil millones de pesos en año no electoral.

Ese monto se incrementa exponencialmente si hay comicios.

No es todo: a esos números de escándalo se agregan las partidas destinadas los tribunales federal y estatales, con costo y burocracia ligeramente menor pero con personal muy bien pagado porque se le supone especializado en leyes y reglamentos.

Históricamente el IFE sustenta sus elevados presupuestos en las prerrogativas a los partidos, cada vez más elevadas y cada vez a más organizaciones aunque sean de mínimo arraigo popular y escasa representación parlamentaria.

Luis Carlos Ugalde tiene otra interpretación:

Aunque elevados, el presupuesto oficial y las prerrogativas son sólo una parte del costo electoral.

A ese dinero se suman recursos de cuestionamiento ilegal: financiamiento privado a cambio de contratos, desvíos gubernamentales. aportaciones para el clientelismo político…

Seguramente estas críticas no incidirán en las negociaciones porque los objetivos de panistas y perredistas es aumentar los controles sobre el gobierno federal y los gobernadores, pero los del priísmo tratan de frenar disposiciones de dudosa eficacia: la segunda vuelta y la reelección.

Puede darse un dato: el presidente Enrique Peña Nieto ha sido abierto opositor a la reelección desde sus tiempos de diputado local.

1.- Ha regresado Gabriel Quadri.

El ex candidato presidencial del Panal, al que llama “nuevo partido liberal”, grabó promocionales para impulsar las reformas energética y hacendaria.

2.- El lunes se cumplirá el centenario del sacrificio de Belisario Domínguez.

El Senado de la República y el gobierno de Chiapas preparan un acto en Comitán con la asistencia de Manuel Velasco y Emilio Gamboa.

Mientras tanto, el PAN maniobra –inútilmente, se acota aquí- para dar la presea con el nombre del mártir a Alonso Lujambio.