Sobremesa/Antonio Soto
Muchos habíamos dado por hecho que la tortura y los malos tratos en México por parte de las autoridades hacia los detenidos eran parte del pasado, sin embargo, nos estamos dando cuenta que no es así, que estas prácticas ilegales siguen existiendo y son incluso generalizados, así lo acaba de revelar el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez.
Dice el informe del relator que son varios los casos documentados que demuestran “la frecuente utilización de torturas” en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales, y federales, agentes ministeriales y fuerzas armadas.
Méndez visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 para recabar la información contenida en el informe sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, el cual se presentó ayer en un debate en Ginebra, Suiza.
El informe menciona que la tortura se utiliza “predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida” ante la justicia.
En una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se reveló que el 57% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34% dijo haber sido forzado a modificar una declaración.
Acertadamente el relator observó que en México se detiene para investigar, en lugar de investigar para detener, que se potencia con la figura del arraigo considerado en el informe como violación al derecho de la libertad personal, al principio de presunción de inocencia y expone al detenido a posibles torturas. El gobierno federal informó que de las 534 personas arraigadas en el 2013, 432 fueron consignadas.
El alto número de denuncias y testimonios recibidos no se reflejan en en el número de condenas que existen por tortura, “signo preocupante de impunidad”, según el informe. El gobierno informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013.
Mendez observó que uno de los problemas al denunciar un caso de tortura es que las víctimas no accedieron a una defensa adecuada desde el principio de la detención. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) es la que autoriza el acceso de la víctima a un abogado, lo que entorpece los trámites de protección.
Aunque el artículo 20 de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe “los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie” y sanciona “todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones”, el relator recomienda en sus conclusiones “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos”.
Es alarmante conocer esa información, porque refleja el grado de atraso y primitivismo en que todavía vivimos en nuestro País.
