Sobremesa
Cada que asume el poder un nuevo gobernante, invariablemente culpa al anterior de todos lo males y problemas que enfrenta su gobierno. Se les escucha decir, que sus antecesores fueron corruptos, ineficaces, incapaces, no actuaron a tiempo, no enfrentaron los problemas, fueron irresponsables, no aplicaron la ley, etc, etc. Estos nuevos gobernantes ante su manifiesta incapacidad para resolver los problemas, recurren una y otra vez a esa desgastada estrategia de culpar a los anteriores, incluso en muchas ocasiones, implementan campañas mediáticas de linchamiento y de descalificación de todo lo que se hizo o se dejo de hacer por sus antecesores.
Exactamente eso ha ocurrido en Michoacan con el tema de la inseguridad y la violencia. El Gobierno de Fausto Vallejo, los dirigentes priistas y sus legisladores, han dicho en no pocas ocasiones, que la inseguridad de ahora, tiene su origen en los periodos de los gobiernos perredistas; que fueron esos funcionarios omisos e indolentes al no enfrentar a la delincuencia organizada y que por ello el crimen creció hasta los niveles insoportables que se padecen hoy en dia. Sin duda que esa estrategia logra confundir a gran parte de la población, sin embargo, habría que preguntarse: ¿A que nivel de autoridad obliga realmente la ley a enfrentar al crimen organizado? Todos sabemos que es el gobierno federal el que tiene ese ámbito de competencia, mientras que a los otros dos niveles de gobierno, la ley los obliga a la coadyuvancia en su combate. Actúan con dolo quienes insisten en repartir culpas a otros, si en esos años funcionarios del nivel local tuvieron responsabilidades constitutivas de algún delito federal, la PGR debió en su momento actuar, y como lo sabemos eso ocurrió con el famoso "Michoacanazo", acción en la que el Presidente Calderón no pudo probar plena y fehacientemente el involucramiento de los detenidos, quedando solo en el ridículo publico.
Ahora debemos exigir al Gobierno Federal que si existen funcionarios locales, municipales, incluso federales, involucrados con los criminales, debe, sin ninguna dilación aplicar la ley y someterlos a los procesos penales correspondientes. Es una perdida de tiempo y una clara irresponsabilidad que los funcionarios se anden echando la bolita unos a otros, la ley es muy precisa, solamente deben cumplirla y así acabar con la impunidad y las omisiones de la autoridad, que por desgracia vive Michoacan. El gobierno de Vallejo tiene que encarar y no evadir los problemas, tiene que dar soluciones inmediatas en lo que a el le compete y le corresponde, voltear hacia atras y seguir culpando a otros, es reflejo de incapacidad y hasta de cobardía. Los ciudadanos ya no quieren pretextos sino respuestas ahora, no mañana.
El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacan, Alfredo Castillo, debe sin andar repartiendo culpas ni responsabilidades a otros niveles de gobierno, ir a la profundidad del problema y ello pasa necesariamente por la limpieza a fondo de las estructuras del poder local y municipal, parte de estas se encuentran podridas e infiltradas hasta el tuétano por las mafias. Los resultados no seran tan rapidos e inmediatos como se quisiera, pero es momento de que actue cada quien en lo que le toca, sin justificaciones ni excusas.
