Se destapará la cloaca; alcaldes responsables
Tras la insistencia de la opinión pública y frente al riesgo de caer en el descrédito, el gobierno federal obligó al gobierno del estado a dar a conocer la lista de funcionarios que están implicados en hechos de corrupción y que hicieron posible la devastación de la zonas que se inundaron el pasado mes de septiembre a causa de los fenómenos tropicales Manuel e Ingrid.
El compromiso público del presidente de la República, Enrique Peña Nieto de llevar a cabo una investigación exhaustiva para dar con los responsables de la tragedia que enlutó a decenas de hogares de esta localidad, fue pospuesto por varios meses, pero frente a la insistencia de la opinión pública y los grupos afectados, las autoridades de los tres niveles de gobierno, tuvieron que actuar en consecuencia y en un primer caso, recoger información para elaborar una denuncia general y posteriormente una denuncia contra presuntos responsables del ilícito de uso indebido de funciones.
La información aparecida el pasado jueves en la mayoría de los medios de comunicación, dan cuenta de que la procuraduría general de justicia del estado a través del ministerio público del fuero común, solicitó al gobierno municipal la información necesaria para localizar a los involucrados a fin de exigirles se presenten a declarar sobre las imputaciones que existen en su contra.
La revelación de los nombres de los involucrados, dan cuenta de que el escándalo es mayúsculo pero peor son los hechos de corrupción que cometieron dichos funcionarios, quienes de alguna forma fueron avalados en sus acciones por los entonces alcaldes como son Alberto López Rosas (actual secretario del trabajo del gobierno estatal), Félix Salgado Macedonio, miembro distinguido del PRD, Manuel Añorve Baños, actual diputado federal del PRI y Luis Walton Aburto, alcalde en funciones y militante del Movimiento Ciudadano.
Como se puede ver, los funcionarios requeridos por el MPFC son de diversos calibres políticos, profesionales y técnicos y los demás parecen ser tan solo comparsas del máximo poder local.
En el diario local El Sur, la reportera Magdalena Cisneros da cuenta en su información que:
En el documento el agente del MP pide los domicilios de María de la Luz Núñez Ramos (es alcaldesa de Atoyac de Álvarez y diputada federal por el PRD), Francisco Javier Larequi Radilla, que fueron secretarios generales en el gobierno de Alberto López Rosas.
Asi también solicitó el de Daniel Ríos Abarca, Florentino Cruz Ramíez ( ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, ex diputado local del Movimiento Ciudadano y ex secretario general de gobierno del actual gobernador Angel Aguirre Rivero) y Ludwig Reynoso Núñez, que tuvieron el mismo cargo pero en la administración del perredista Félix Salgado Macedonio.
Solicitan también los domicilios de Vicente Trujillo Sandoval (es secretario general de gobierno, ex dirigente del tricolor y actual regidor por el PRI), Miguel Ángel Ocampo Oliveros, Armando Terrazas Sánchez (ex dirigente del PRI local y ex secretario general de gobierno municipal), que ocuparon el cargo en la Secretaría general del Ayuntamiento en el gobierno priista de Manuel Añorve Baños.
Los secretarios de Desarrollo Urbano en la administración de López Rosas fueron Jorge Juárez Soto, Orlando Soberanis; los directores de Desarrollo Urbano, Fermín Arizmendi Lugo y José Armando Salinas Santillán; el subdirector de Administración y Operación Urbana, Ricardo Trejo Añorve, Domitilo Soto y Margarita Ramírez Bravo posteriormente.
Del gobierno de Félix Salgado, los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fueron Arquelao de la Cruz Pizá, Manuel Malváez ( actual funcionario del alcalde Luis Walton en la misma posición); los directores de Desarrollo Urbano, Rubén Leyva San Ana, David Acevedo Ugarte; la directora de licencias y verificación Sonia Isela Arriaga Irabien y en el tramo de Malváez estuvieron en ese mismo cargo Demetrio Arciniega Cisneros y Margarita Ramírez Bravo.
De Manuel Añorve, los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fueron Adolfo Ménez Galeana y Javier Morales Bougart.
También está el nombre de Andrea Marquina Díaz, en dos ocasiones, que fue directora de Licencias los últimos meses de la administración del PRI.
También está el nombre de Magdalena Camacho Díaz, actual secretaria general del ayuntamiento con Luis Walton, Miguel Ángel Moreno Lanche que fue director de Licencias y Verificación y Marcel Radilla que ocupa actualmente el cargo.
La actual administración de Luis Walton podría estar en la lista por la licencia de construcción del CRIT de Acapulco, aunque se sabe que cuando se dio la licencia ya estaba la edificación, cuyo terreno fue donado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
El plan director urbano de la zona metropolitana se publica el 26 de noviembre de 1999 en el periódico oficial del gobierno del estado.
El reglamento del Plan Director de Desarrollo Urbano de la zona metropolitana se aprobó el 17 de julio del 2001 en sesión de cabildo encabezada por el alcalde Zeferino Torreblanca’’.
Lo que se puede destacar de esta información es que todavía faltan por que se hagan públicos los funcionarios de los go9biernos estatal y federal involucrados en esta trama y también los empresarios y constructoras que fueron los que manejaron los hilos para que las autoridades extendieran las licencias de construcción, dieran los visto bueno de planeación y de impactos ambientales.
Se prevé es que mas de uno de los funcionarios menos aquí revelados, darán cuenta de que sin la autorización de los alcaldes ninguna licencia podría haberse otorgado y ni permisos para afectar vegetación y manglares, por lo que estas autoridades involucradas deberán ser llamadas a declarar para que se conozca al fin lo que realmente sucedió y porque se dejó construir en lugares sensibles y propensos a inundaciones.
Esta es sin duda la primera parte de la novela y soigamos exigiendo que el presidente Peña Nieto cumpla con su palabra empeñada y haga justicia a las familias afectadas pero sobre todo a quienes perdieron a familiares y amigos por la negligencia, intereses creados y corrupción de las autoridades locales, estatales y federales.
