Riesgo latente

La posibilidad de que el crimen organizado incida en el proceso electoral de 2015 en Michoacán, en el que se renovarán ayuntamientos y se elegirán diputados locales, federales y gobernador, está latente. El dinero se convirtió en un factor primordial en las campañas, los mecanismos de control del gasto que tiene el Instituto Nacional Electoral y el organismo público electoral local son aún deficientes.

En 1989 se empezó a otorgar financiamiento público a los partidos políticos con el argumento de que se evitaría con ello que dinero de procedencia ilícita llegara a las campañas electorales. Sin embargo, el afán de ganar a toda costa llevó al auge del clientelismo; obtener el voto a cambio de camisetas, bolsas, mandiles y regalos se hizo práctica común. Derrochar dinero en publicidad, vehículos, helicópteros y traslados en avión se convirtió en el común denominador de las campañas de los tres partidos políticos más importantes. El pago en efectivo a quienes tienen la capacidad de hacer lo que eufemísticamente llaman “movilización”, que consiste en llevar a colonos o agremiados de alguna organización a las casillas y garantizar que la emisión de los sufragios se dé en el sentido que quiere quien paga, se hizo parte de la operación electoral. Así, cualquier financiamiento público fue insuficiente. Quienes más votos o dinero aportaron fueron recompensados con posiciones en el gobierno, asesorías o contratos.

En este marco, el municipio se convirtió en el eslabón más débil y en un atractivo para los grupos delincuenciales por el manejo que, por disposición constitucional, tienen de la fuerza pública. Por otra parte, la transición a la democracia al final sufrió una distorsión: contamos con instituciones electorales avanzadas en materia de organización y conteo de los sufragios, pero incapaces de detectar la entrada de dinero ilegal. Es imposible contabilizar los objetos utilitarios que se regalan y por la compra de votos no se extiende factura. Adicionalmente, las instituciones de seguridad nacional se relajaron y la coordinación entre los tres niveles de gobierno se fue perdiendo.
En Michoacán, el narcotráfico tiene fuerte arraigo en varias regiones, particularmente en la Tierra Caliente, prosperó porque genera grandes recursos económicos. El auge de los cultivos de mariguana y amapola fue auspiciado por Estados Unidos desde la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando la demanda de estos productos, por los frentes de batalla y los hospitales, se incrementó; al término de la contienda hubo un ligero descenso de la producción, pero la llegada de la década de los 60 del siglo XX trajo consigo una ruptura generacional y un mayor requerimiento de esos productos, prohibidos pero sumamente redituables.
Al iniciar la década de los 80 la cocaína se convirtió en un producto de fuerte demanda; México, y particularmente Michoacán, quedaron en la ruta de trasiego que partía de Colombia y terminaba en Estados Unidos. La Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pasó a ser la controladora del negocio. Una escuela de pilotos fumigadores con base en la Tierra Caliente, formada con base en la práctica en tiempos de la prosperidad algodonera en la región de Apatzingán, fue reclutada por los colombianos. En otras regiones de la Tierra Caliente y la Sierra Costa el cultivo de mariguana era habitual y reportaba mucha mayor utilidad que el de maíz, hortalizas o frutales.
Ya en los años 90, el cártel de Los Valencia dominó la escena; optaron por el bajo perfil, se dedicaron más a sus negocios; sin embargo, la alianza con Carlos Rosales Mendoza, oriundo de El Naranjito, municipio de la Unión, Guerrero, empezó a cambiar el panorama a principios de este siglo. Rosales pactó con el Cártel del Golfo y trajo a Michoacán a Los Zetas, ex militares altamente capacitados que incursionaron en otros ramos como la extorsión, el secuestro, el control de la piratería, de la prostitución, de los espectáculos públicos y de los giros rojos y negros.
Es en esta época cuando surgió el primer indicio de que un alcalde michoacano estaba involucrado con el crimen organizado, Mamés Eusebio Velázquez Mora, quien había sido presidente municipal de Aquila y propietario del rancho La Tupitina, en donde se descubrieron tanques de reactivos químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Velázquez fue asesinado en Jalisco.
Siendo ya Lázaro Cárdenas Batel gobernador de Michoacán iniciaron los asesinatos de alcaldes y directores de Seguridad Pública como medida de apremio para que no opusieran resistencia al avance de la delincuencia en el control de las instituciones de seguridad municipal. Por otro lado, recursos económicos del narcotráfico fluyeron en las campañas.
Cárdenas Batel reveló en el año 2004 la gravedad del problema que empezaba a enfrentar Michoacán. Como el dinero se convirtió en el principal insumo de las contiendas electorales, el crimen organizado mandaba sus personeros a ofrecer apoyo a los candidatos punteros, cuando ese año se eligieron presidentes municipales. En ese marco surgió La Familia Michoacana.
En 2007 el fenómeno se repitió. En el proceso del llamado michoacanazo se evidenciaron nexos ya no sólo de las instancias municipales, sino incluso de mandos de la Policía Estatal.
En 2009, Julio César Godoy Toscano fue electo diputado federal por el distrito de Lázaro Cárdenas; sin embargo, hasta un año después pudo rendir protesta para finalmente huir luego de ser desaforado tras la revelación de un audio en donde conversaba con Servando Gómez La Tuta.
Alcaldes michoacanos electos en 2012 están hoy en la cárcel, luego de que fueron hechas públicas las evidencias de sus relaciones con el cártel de Los Templarios. El caso del ahora preso presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, Ángeles Pineda, revela que el fenómeno que presenciamos en Michoacán se extendió más allá de los límites de nuestro estado.
En este 2015 la única obligación de los candidatos y los partidos será presentar una contabilidad ordenada, que los números cuadren y que en el papel se plasme que no se rebasaron los topes de campaña. Por su parte, las autoridades federales, según la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han dejado la responsabilidad de verificar el pasado y el presente de sus candidatos a los propios partidos políticos.