Reforma Penal Impostergable

La puesta en marcha del nuevo sistema penal en la entidad se está constituyendo en todo un reto para el Consejo implementador. Uno de sus principales factores negativos es el tiempo en razón de que el actual Gobernador no tendrá oportunidad de concretar el inicio y el siguiente podría no estar lo suficientemente comprometido.De ahí que lo que se ha dejado ver por parte de los integrantes del Consejo referido es una gran urgencia de concretar en la actual legislatura la reforma al marco normativo estatal a efecto de dejar al siguiente gobierno la operación material del nuevo sistema penal.Veamos si no. A la fecha está a punto de regresar de los ayuntamientos la reforma a la Constitución Política local, en materia del nuevo sistema penal, a efecto de ser publicada y que inicie su vigencia antes del próximo 18 de junio.De igual forma, seguramente en esta semana, habrá de presentarse ante el pleno del Congreso la iniciativa de ley de ejecución de sanciones, mediante la cual el Poder Judicial, a través de los jueces de ejecución, estará asumiendo la responsabilidad de la ejecución de sentencia de todos aquellos procesados que reciban una sentencia a partir del 18 de junio de este año, con lo cual el Ejecutivo será, en términos reales, sólo un auxiliar material.Cosa inusual, pero el Poder Judicial inició sus preparativos para que de inmediato se designen tales jueces de ejecución, sin concurso como lo ha hecho en todas las demás categorías de la carrera judicial, con lo cual estará dejando fuera a una serie de aspirantes externos que, válidamente, podrían haber aspirado a ocupar tal posición.Esta acción seguramente que será ampliamente criticada por el foro de profesionistas en la materia, que estarán viendo en esta medida, una especie de asalto y apropiación de las posiciones de jueces, teniendo como justificante únicamente la razón de la urgencia con la que se debe implementar esta responsabilidad otorgada por la Constitución federal a través de un transitorio establecido en junio de 2008 cuando se instituyó a nivel nacional la existencia de los juicios orales.Para continuar con el análisis de las prisas para reformar la normativa estatal, se tiene pleno conocimiento que en fechas próximas estarán enviando también al pleno del Congreso del Estado las iniciativas correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público, como también sucederá con el nuevo Código de Procedimientos Penales.En todo esto, al parecer, el acuerdo de todas las fuerzas políticas es dar trámite expedito a las reformas para no impedir al Poder Judicial que tome las previsiones necesarias para implementar el nuevo sistema penal, quedando sólo pendiente las gestiones financieras que dé la posibilidad material de construir las salas de juicio oral y el acondicionamiento técnico de éstas. Esto es lo más complicado por venir, pues como ya se apuntó en un inicio, el actual gobierno no tiene mayor compromiso en ello en razón del tiempo que le queda y el que sigue no se sabe.Además, no todo es miel sobre hojuelas para el nuevo sistema, pues hay un gran sector del foro e, incluso, juzgadores mismos que no están de acuerdo con el, ya que no lo consideran útil ni una solución a los problemas que enfrenta la impartición de justicia en materia penal.Hay que recordar con el simple inicio del nuevo sistema penal, habrá un sin número de abogados que ya no estarán habilitados para trabajar en esta materia, pues requerirán cursar algún, diplomado o estudio semejante que los habilite, de lo contrario serán segregados por falta de actualización. En los estados donde ya opera este nuevo sistema los defensores de oficio son quienes están teniendo el mayor éxito, pues al igual que los jueces y los ministerios públicos, están siendo constantemente capacitados.Lamentablemente a la fecha el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma penal no ha concretado acciones de coordinación efectiva con las universidades públicas y privadas a efecto de que éstas adecúen su marco académico con lo cual los egresados tengan la habilitación académica necesaria para litigar en los juicios orales.Desde mi punto de vista los retos a resolver en el plazo inmediato son:Reforma integral de la normativa del estado para recepcionar adecuadamente el nuevo sistema penal.Capacitación universal para todos los operadores jurídicos tanto públicos como privados.Financiamiento para el acondicionamiento para las instalaciones adecuadas en las que se desahoguen los juicios orales.Compromiso institucional para que las autoridades del presente y futuro gobierno estatal se comprometan para que el nuevo sistema penal inicie conforme a los plazos constitucionales federales, es decir, antes del 2016. De no concretar estos objetivos el nuevo sistema penal estará en riesgo tal y como lo anuncian quienes no están de acuerdo con el, aunque si esto llegará a suceder Michoacán estará incumpliendo no sólo con la Constitución federal, sino con los tratados internacionales suscritos por México.