Recursos públicos, abuso de poder y muerte
Un análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey presentado la semana pasada, nos informa que más de 25 mil servidores públicos en el país perciben más de 1 millón de pesos al año. De ellos, 250 se llevan a sus bolsillos entre 3 y 3.5 millones de pesos anualmente; mil funcionarios ganan entre 2.5 y 3 millones; 2 mil burócratas de primer nivel perciben entre 2 y 2.5 millones; 7 mil 250 obtienen una remuneración de entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales y los restantes 14 mil 500 tienen salarios de entre 1 y 1.5 millones de pesos. La semana pasada, también, de acuerdo con una nota del diario La Jornada, una niña murió y siete menores indígenas fueron trasladados a hospitales con graves afectaciones propiciadas por una aguda desnutrición. La niña tenía cinco años de edad, cuatro son bebés, menores de un año, y tres más tienen entre uno y cuatro años. Están graves. Desde noviembre de 2011 se alertó de la situación alimentaria sufrida por los pobladores de la zona y a principios de 2012 hubo alarma por la grave sequía sobre las grandes extensiones de la Sierra de Chihuahua donde habita la comunidad rarámuri. Se realizó una campaña nacional y diversos sectores de la sociedad, desde los medios de comunicación, figuras del espectáculo y gobiernos decidieron ayudar. Sin embargo, llegaron las elecciones y todo mundo se olvidó de los más de 75 mil rarámuris que habitan en los municipios de Guachochi, Urique, Bocoyna, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Carichí, Chínipas, Guazapares y Temósachic. Por el contrario, entre los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral se gastaron más de 10 mil 200 millones de pesos del presupuesto federal, además del dinero operado fuera de los márgenes oficiales, que seguramente fue una cantidad superior. 10 mil 200 millones de pesos equivalen, por ejemplo, a pagar un salario mínimo general por un año a casi 450 mil trabajadores o comprar 20 mil 400 casas o departamentos de interés social. El dispendio del sector oficial, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Tec de Monterrey es en ocasiones hasta vulgar. “La percepción de ingresos es contrastante: 6.7 millones de personas cuando mucho ganan un salario mínimo en tanto que en el sector público los gastos en servicios personales van al alza”, apunta el análisis. Para los estudiosos de la casa de estudios “si se llevara a cabo una disminución de tan solo el 10% del presupuesto destinado a las remuneraciones de los funcionaros que ganan cuando menos un millón de pesos, alcanzaría a pagar alrededor de 178 mil salarios mínimos (3,948 millones de pesos aproximadamente)”. El abuso de poder observado en el manejo de los recursos públicos no es de hoy. Es una práctica observada durante muchos años por quienes llegan a ocupar cargos públicos de relevancia, aunque quienes van como segundos o terceros de abordo se despachan con singular alegría y prácticamente nunca se conoce de ellos. Es urgente que exista también un tabulador en salarios mínimos para los funcionarios de todas las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales. Ahí están los cálculos del Tec de Monterrey. Deben entender que ser servidores públicos no es sinónimo de riqueza inmediata y que, por el contrario, hacerlo debe convertirse en un motivo de orgullo y satisfacción, porque de otra forma, continuarán las rencillas y peleas entre la llamada clase política para alcanzar el poder y hacerse millonarios de la noche a la mañana. De esta forma, a gente como los rarámuris, pero también a las etnias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, por decir de algunas, se les podría dotar de mayores oportunidades —que no darles dinero— para que puedan aspirar a una vida mejor. E-mail: [email protected] Twitter: @renatoconsuegra Facebook: renatoconsuegra
