Por un gobierno abierto en la educación estatal/Horacio Erik Avilés
Por un gobierno abierto en la educación estatal
Hoy en día, para toda administración pública de prestigio, resulta indispensable ser catalogada como gobierno abierto. Ello no es solamente bisutería política, sino que exhibe su capacidad de responder transversalmente a las demandas del universo poblacional al que atiende, siendo hoy en día un alto objetivo institucional a alcanzar para multiplicar los recursos y acciones gubernamentales, logrando mayor efectividad y legitimidad, cuyos indicadores son esenciales para respaldarse ante toda clase de accionistas locales y foráneos.
Un gobierno abierto puede evaluarse como tal en la medida que logra resultados de alto impacto en al menos tres dimensiones, a saber: transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, participación ciudadana y colaboración implicada y comprometida de la sociedad. Este caldo de cultivo posibilita la aparición de sinergias, alianzas y nichos vocacionales que sin duda habrán de detonar el desarrollo local.
Al analizar los factores anteriormente mencionados, resulta innegable que la clave de contar con un gobierno abierto constituye el efectivo involucramiento de la ciudadanía en los procesos de construcción de gobernanza, pasando de modelos verticalistas de ejercicio del poder hacia unos más horizontales, incluyentes y detonadores de las potencialidades y vocaciones locales.
En el ámbito educativo michoacano, los principales actores del mismo tienen una relativa comprensión de la importancia de contar con el respaldo de la ciudadanía para lograr sus finalidades específicas. Sin embargo, las acciones que están realizando para lograr conformar esta base social son variopintas y de diversa intensidad, sin olvidar que históricamente, éstas han sido de bajo, nulo o adverso impacto.
Si bien, hoy la rectoría de la educación, en lo general se recuperó y se mantiene en manos de quien cumple y hace cumplir la normatividad aplicable en la materia, el acompañamiento colaborativo, la contraloría social, la transversal presencia de mecanismos y comités de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el acceso debido a la información y la participación ciudadana multiplicarán el desarrollo de nuestro sistema educativo. Sabedor de los múltiples beneficios que estas líneas de política pública brindan, recientemente el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, llamó a los padres de familia de la entidad federativa a participar en la defensa del derecho a aprender de sus hijos, a exigir en sus comunidades de aprendizaje que por ningún motivo se abandonen las aulas michoacanas respondiendo al trillado pero inescrupulosamente efectivo paro indefinido de labores convocado por los dueños dela franquicia de la CNTE en Michoacán, el que durante muchos años ha constituido la proa del barco pirata que cada “jornada de lucha” busca saquear los recursos educativos estatales mediante la oprobiosa firma de minutas por parte de funcionarios débiles, quienes extralimitándose en el ejercicio de la función pública, comprometen el patrimonio de las próximas generaciones para obtener una mal concebida estabilidad política y mantenerse en un cargo público. Justo hoy, el corporativo estatal de la CNTE se encuentra fracturado, confundido y acotado por la autoridad, por lo que hoy más que nunca, se requiere lograr condiciones para incorporar a millones de michoacanos organizadamente a la participación social en sus comunidades de aprendizaje, para que, ante la polarización de posturas en torno al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia educativa, sean los padres de familia quienes horizontal y democráticamente doten de direccionalidad las acciones en cada escuela michoacana, para que vayan debidamente encaminadas hacia el cumplimiento cabal de los planes y programas de estudio.
Simultáneamente, es de destacarse que pasos firmes y resueltos está brindando el Gobierno del Estado y los integrantes del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE), máximo órgano de colaboración ciudadana en la entidad federativa, de acuerdo con el Acuerdo 716. Esta semana concluyó la primera ronda de reuniones en los cuatro grupos de trabajo que lo integran, que son Participación Social Escolar, Indicadores Educativos,Profesionalización Docente e Infraestructura educativa. En todas las reuniones se lograron acuerdos positivos y devendrá un estrecho seguimiento que con el concurso de todos los sectores que participan en el CEPSE, permitirá renovar la estructura de la participación de los ciudadanos en el sistema educativo michoacano.
Es importante destacar, de toda la información presentada al seno de las reuniones de los grupos de trabajo, que la Coordinación General de Unidades Regionales de la SEE reportó a los consejeros participantes que al momento se lleva el 38.6 por ciento de avance en la integración de consejos escolares, dato que si bien resulta pírrico respecto a otras entidades federativas que prácticamente poseen el 100 por ciento de avance, comparándonos respecto a nosotros mismos, la actual administración ha logrado un 25 por ciento de incremento en solo un semestre, lo que significa que ya suman un total de 4 mil 600 consejos. En lo que respecta a los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, se han instalado 40, que son pocos respecto a los 113 ayuntamientos que conforman nuestra entidad, pero que son bastantes al recordar que en abril de 2015 apenas estaban conformados siete. Asimismo, la autoridad asumió el alto compromiso de conformar el 100% de los consejos municipales en este año.
Ante toda esta participación organizada de la sociedad que la autoridad estatal promueve conforme a la norma, las cúpulas de la CNTE realizan esfuerzos manipuladores, erráticos y desesperados, como un autodenominadoPre-Congreso Estatal de Educación y Cultura, que adolece de rigor académico,pluralidad, inclusión, debate y hasta por lo menos sana autocrítica, por lo que en él solamente se busca ideologizar a los escasos padres de familia que acarrean mediante toda clase de mecanismos de coerción. Después de más de un tercio de siglo de inoperancia, intentan rescatar migajas de legitimidad que perdieron ante la insaciable voracidad de los potentados dueños de un movimiento de bases que fue colonizado a placer por intereses sectarios. Cómo creerle hoy a un pseudosindicalismo que dejó estrellarse de bruces a las bases magisteriales contra sus propios muros de corrupción. Para la CNTE el fin justifica los medios. Ahora se desviven elaborando panfletos, fanzines y toda clase de propaganda barata cuando han abusado de la ignorancia de los padres de familia, a quienes pretenden convertir en “militantes de las causas justas”y mediante sofismasde ralea goebbelianaintentan alienar burdamentea los paterfamilias de defender el legado más sagrado que pueden dejar a sus vástagos, que es una educación que les permita alcanzar sus sueños y aspiraciones.Podrán hilar, tejer y bordar toda clase de mentiras, pero jamás podrán sostener de frente y ante los ojos de los padres de familia una razón verdaderamente válida para abandonar miserablemente a su suerte a miles de niños, para poder ir a arrancar dobles plazas, ascensos, herencia de plazas y toda clase de canonjías.
En esta tormenta que se avecina, es insoslayable que las atribuciones legítimas para hacer cumplir la ley las posee monopólicamente el Estado mexicano. Lograr que la ciudadanía participe de su libre y espontánea voluntad para defender el derecho a aprender de las generaciones más jóvenes implica realizar esfuerzos sustantivos para restaurar la legalidad en el ámbito educativo y erradicar todo acto revanchista por parte de quienes consideran “coordinar” a su discrecional usufructo a los trabajadores de la educación y con ello, la educación de nuestros hijos. Si se logra consolidar un gobierno abierto en el sistema educativo estatal, el tiempo de los abusivos paros indefinidos habrá llegado a su fin.
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