Panóptico

Una semana de más oscuros que claros tuvo el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Antes de ser galardonado con el Premio al Estadista Global por el Foro Económico Mundial de Davos, su gobierno fue ampliamente cuestionado en materia de seguridad pública, amén de que prosiguió el hallazgo de datos que evidencian un fracaso en el combate al crimen organizado.Human Rights Watch (HRW) denunció que las medidas del gobierno calderonista para combatir la delincuencia provocaron un incremento de abusos y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de ese país.En su informe mundial 2012, la ONG internacional destacó que dichas decisiones han provocado "un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad locales".El escrito también señala que periodistas, defensores de los Derechos Humanos y migrantes "son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y fuerzas policiales".Por otra parte, la agrupación subraya que el Estado mexicano no protege a estos grupos vulnerables. Tampoco investiga los delitos de los cuales han sido víctimas.El texto también destaca las 3 mil 671 investigaciones realizadas por la fiscalía militar sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra civiles, por parte de miembros del Ejército.Estas investigaciones comprenden el período 2007-2011. Durante ese lapso, sólo 15 soldados fueron condenados a partir de las investigaciones.En otra parte de su informe, destaca el uso de la tortura en México durante las detenciones arbitrarías, conocidas como arraigo.El texto detalla que "durante ese período es habitual que las víctimas permanezcan incomunicadas, sean golpeadas, asfixiadas, reciban descargas eléctricas y amenazas de muerte".Según el escrito de la organización defensora de los fderechos humanos, los jueces mexicanos comúnmente aceptan confesiones obtenidas mediante estas agresiones.Por último, el organismo puntualizó que "cerca de 18 mil migrantes son secuestrados cada año" a su paso por México. Durante el trayecto, "muchos de ellos sufren agresiones físicas y sexuales, extorsión y robo".Ante todo esto, la Secretaría de Gobernación respondió con un extenso comunicado que, grosso modo, rechaza todos los señalamientos y confirma su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad”,Una numeralia más que pusp en tela de juicio la versión optimista del gobierno federal en materia de seguridad pública, la entregó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que tras recibir de todas las procuradurías sus datos sobre incidencia delictiva del 2011, concluyó que en México cada hora se cometen 85 robos y son asesinadas de dos o tres personas, y cada día son secuestrados entre tres y cuatro mexicanos.Los datos además revelan que en los últimos cuatro años, los homicidios dolosos en el país se duplicaron, los secuestros se triplicaron, y los robos se han incrementado más del 20%.Como telón de fondo de las informaciones de HRW y el SESNSP hay que mencionar la construcción del puente Baluarte, el más grande del mundo, que une a los estados de Sinaloa y Durango.Fue Jorge Alejandro Medellín, en el portal Ejecentral.com,mx, quien llamó la atención sobre dicho asunto y al comentar una imagen de la referida construcción que El Universal publicó en primera plana con el siguiente pie de foto: “El puente Baluarte se levanta sobre la más grande zona de producción y operación del narco, y no ha escapado a esta situación. Antes de iniciar la obra, los grupos advirtieron: Va a construir cuando levantemos la cosecha. Los ingenieros cumplieron y desde entonces se respetan, relatan.”El periodista apunta atinadamente lo siguiente:“La construcción duró cinco años. Entonces, ¿Qué hicieron los gobiernos estatal y federal ante las amenazas y órdenes del narco?¿Cuándo -en sus festinadas y espectaculares presentaciones sobre capturas o ejecuciones de capos- el gobierno federal informó a la sociedad mexicana sobre las vicisitudes de los ingenieros, proyectistas, obreros y soldadores que participaron en la obra amenazados por los cárteles que dominan la región?¿De qué manera combatió con éxito el gobierno panista a los cárteles que exigieron y consiguieron no ser molestados mientras las cosechas de mariguana y amapola eran levantadas por ejércitos de campesinos, sicarios y operadores en la serranía?***Si el resultado de la elección para gobernador dividió al PRD en Michoacán, los comicios extraordinarios para la alcaldía de Morelia amenazan con llevar a la agrupación centro-izquierdista a una profunda crisis.Si Antonio Soto y Silvano Aureoles imponen su aparente inclinación por ir a esa jornada comicial en alianza con Marko Cortés del PAN, el PRD caerá en una guerra interna de resultados inciertos.La pugna al interior del partido está al rojo vivo, de manera tal que Soto y Aureoles buscan que en la concertación de la alianza con el PAN tengan un papel definitorio las cúpulas perredistas nacionales.Hasta el momento no se sabe qué grupo ganará, pero la oposición a una posible candidatura común con la agrupación albiazul tiene como cabeza a los dirigentes estatal y municipal del PRD, Víctor Báez Ceja y Alfredo Ramírez Bedolla, respectivamente.Siempre vehemente y apasionado en su trato con la prensa, el segundo califica como “ilógico e inmoral” el simple hecho de contemplar la posibilidad de una alianza con PAN…“Debo decirlo: hay que ser respetuosos como partido político de varias situaciones, como de la campaña presidencial de López Obrador, que al igual que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha sido muy claro en que no debemos aliarnos con otro partido que no sea de izquierda porque nos desvirtuamos y nos deslegitimamos”.***Desde el día de ayer, los integrantes de la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo están bajo la lupa ciudadana, en especial de los medios de comunicación.Institución con un bajo índice de aceptación pública, la Cámara Baja encarará una difícil coyuntura, producto del entorno estatal, nacional e incluso internacional.Con una clase política local polarizada por el pasado proceso electoral, una elección federal en julio próximo y ante la inminencia de una recesión global, los 40 integrantes de la LXXII Legislatura tendrán que demostrar su pericia, sobre todo, en sus trabajos en comisiones y comités.La Comisión Inspectora de la ASM es uno de los paneles que tendrá una responsabilidad sustantiva, tras una administración estatal fuertemente cuestionada en materia de transparencia.Hombre muy cercano al gobernador electo Fausto Vallejo Figueroa, el diputado zitacuarense Juan Carlos Orihuela Tello presidirá ese órgano, y desde ahora sostiene que la suya será una gestión altamente responsable, pero también productiva.Ante la percepción ciudadana de que en materia de transparencia y ejercicio de la función pública no hay buenos antecedentes en la entidad, Orihuela Tello tiene el desafío de hacer de la Comisión Inspectora de la ASF una “verdadera guardiana” de la correcta aplicación de las leyes y otras responsabilidades de vigilancia al interior del Congreso del Estado.