Panóptico

El gobierno federal sigue intentando influir en el resultado de las elecciones para renovar los poderes públicos en Michoacán el 13 de noviembre próximo.En esta ocasión el instrumento es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que comanda el polémico Genaro García Luna.De acuerdo con información filtrada a la Revista Proceso, en más de tres decenas de demarcaciones de la entidad, la delincuencia organizada estaría en condiciones de tomar las riendas de las administraciones municipales.En dicha investigación hay varias deficiencias. Para empezar, Proceso y todos las demás medios que “clonaron” los datos, consignaron que son 36 los ayuntamientos que encaran dicha situación.Al revisar los nombres de las demarcaciones, la cifra no cuadra debido a que hay un par de repeticiones en los casos de Tumbiscatío y Chinicuila. O sea, serían 34 y no 36.La lista está integrada por Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tanhuato, Yurécuaro, Pátzcuaro, Erongarícuaro, Ecuandureo, Apatzingán, Nuevo Urecho, Churumuco, Arteaga, La Piedad, Zinapécuaro, Tiquicheo, Táncitaro, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Álvaro Obregón, Tacámbaro, Aquila, Buenavista, La Huacana, Ario de Rosales, Chinicuila, Coeneo, Gabriel Zamora, Juárez, Múgica, San Lucas, Tingambato, Tlazazalca, Tumbiscatío y Tzitzio.Al revisar el origen partidista de los presidentes de cada una de esos municipios, la primera posición es para el PRI, con 19; le sigue el PRD, con 11; el PAN, con 3, y el PT, con uno.En la información reproducida no se explica ¿por qué? en dichos lugares el crimen organizado puede apropiarse del poder público con la realización de los comicios.La SSP intenta vender implícitamente la idea de que en esas demarcaciones las agrupaciones políticas que gobiernan estarían en connivencia con las bandas del crimen organizado, o bien se mantendrían pasivas ante el avance de las mismas.Esta maniobra de la dependencia federal estaría a tono con el discurso del panismo local y su candidata al Solio de Ocampo, en el sentido de que la delincuencia organizada campea a sus anchas en varios lugares de la geografía michoacana, con la permisividad de los gobiernos estatal y municipales.Muchos michoacanos saben lo anterior, pero resulta sospechoso que en momentos cruciales de las campañas para renovar la gubernatura, los 113 ayuntamientos y las 40 curules del Congreso del Estado, la SSP filtre a los medios de comunicación una información tan delicada sin el soporte adecuado.Ahora resulta que fuera de los casos de Uruapan, La Piedad y Ario de Rosales, los municipios con administraciones panistas prácticamente estarían inmunizados al accionar del crimen organizado.Harían bien las dirigencias nacionales y estatales del PRI y el PRD en exigir una explicación a la SSP, pero sobre todo datos que corroboren las denuncias.La información es muy delicada y sería una irresponsabilidad sustantiva o mayúscula manejarla con propósitos electorales.Silvano Aureoles y Fausto Vallejo tampoco pueden quedarse al margen del debate, saldrían fuertemente dañados si no frenan esas ambiciones del gobierno federal por influir en el resultado de la jornada comicial del 13 de noviembre, ¡claro! en favor de Luisa María Calderón.*** Entre algunos de los operadores políticos de Silvano Aureoles en Zitácuaro hay cierta inconformidad por la forma cómo se están llevando a cabo los trabajos para que la población local entregue su voto al abanderado de las izquierdas michoacanas al gobierno del estado.El disgusto es particularmente hacia Pascual Sigala Páez, responsable del Movimiento Territorial, por querer instrumentar mecanismos que, lejos de fortalecer la candidatura del también senador con licencia, generan cierta desconfianza entre simpatizantes del PRD y otros potenciales votantes.Algunos “operadores silvanistas tradicionales” confiaron a este espacio que se está utilizando a gente que no tiene mucha experiencia en el trabajo de promoción del voto en esta demarcación y que debe corregirse la ruta cuanto antes para que se obtengan buenos resultados el segundo domingo de noviembre.Los inconformes esperan que Aureoles tome nota de sus señalamientos y que Sigala Páez no continúe soslayándolos, a través de algunos de sus colaboradores en el municipio.La denuncia es el primer foco ámbar que se prende en la zona en el equipo del aspirante al Solio de Ocampo por el PRD, PT y Convergencia, una zona -por cierto- en la que espera una importante cosecha de sufragios.***¡Cuánto! forcejeo en las filas del PRI para sacar la lista de candidatos plurinominales al Congreso del Estado.La lucha no empata para nada con el discurso de unidad que enarbola Fausto Vallejo, ni mucho menos es una muestra de cambio o renovación en los métodos de asignación de posiciones.A ver si con la configuración de la lista todos los liderazgos quedan conformes y de verdad suman fuerzas para darle un vigoroso impulso a la candidatura de Vallejo, que va a necesitarlo ante una abanderada del PAN que muestra signos de crecimiento entre las preferencias del electorado.Los priistas necesitan unidad real, no discursiva, si quieren regresar al Solio de Ocampo, pues detrás de los contendientes de su abanderado están los poderes estatal y federal, aunque ni panistas ni perredistas quieran reconocerlo.***Al creciente mar de inseguridad, incertidumbre y zozobra que se vive en casi todo el país, se sumó en los últimos días información según la cual en el último bienio los ataques perpetrados por grupos delictivos en contra de "instalaciones estratégicas" aumentaron 500 por ciento.La PGR entregó un informe en el que se indica que de enero y agosto del año en curso, cuando menos 105 inmuebles de este tipo fueron objeto de atentados.En 2009 se registraron sólo 19 atentados y en 2010 la cifra aumentó a 26, de acuerdo con la investigación elaborada por la dependencia que encabeza Marisela Morales.Las "instalaciones estratégicas" son aquellos edificios o propiedades de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Energía, Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública, así como del Cisen, Gobierno del Distrito Federal, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Teléfonos de México, Banco de México, Telcomm y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.La PGR señala que los ataques son perpetrados por miembros "del crimen organizado, grupos guerrilleros o actores que buscan desestabilizar al Estado para un beneficio propio o de su grupo".