Michoacán y las presunciones
Las cuestiones políticas y de seguridad han mantenido a Michoacán en un esquema de incertidumbre e inestabilidad, que se acrecentó en los últimos meses, que pega en lo económico y resquebraja vertiginosamente el tejido social, y ante este cumulo de sucesos como la licencia del gobernador constitucional, su retorno a su funciones, los ataques a elementos de las fuerzas federales de seguridad o la escalada de violencia con los ataques a instalaciones de la CFE y Pemex, han encendido las voces de los actores políticos y en muchos casos han dado cuenta de ocurrencias y estrategias para sacar ventaja de la situación por la que atraviesa el estado.
Michoacán no ha podido salir de cismas políticos, sociales, económicos y de seguridad. Al día de hoy es evidente que lejos de superarse las condiciones adversas, estas se ahondan más y limitan la posibilidad de desarrollo, estabilidad y paz que tanto necesitan los michoacanos; en estos momentos es necesario explorar posibilidades y determinar el rumbo que necesita el estado, sin que impere solo el interés electoral, como fin para hacerse del poder político en el Michoacán.
No es nueva la pretensión de desaparecer los poderes en Michoacán, desde poco antes del 2009 se argumentó esta posibilidad como remedio a tantos males; en aquel entonces PAN y PRI eran las voces que coincidían en tal tesis, el día de hoy sigue siendo el PAN quien desde el Senado plantea el procedimiento, lo nuevo es que ahora el PRI en el gobierno es quien señala de exagerados dichos planteamientos.
Ahora bien, es facultad exclusiva del Senado declarar la desaparición de poderes en una entidad, el artículo 76 fracción V señala que esta declaración procede “cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional…”. La Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 75 refiere en su artículo segundo que se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:
I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.
II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.
V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
A pesar del sinfín de señalamientos que se hacen al ejecutivo estatal, lo real es que hasta el momento no se configura la inactividad, falta grave o ausencia de los poderes legislativo y judicial; mas allá de la interpretación de la norma, suponiendo sin conceder que se declarara la desaparición de poderes en el estado, esto significaría que se tendría que elegir un nuevo congreso y hacer la designación provisional de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; esto no solo implicaría que se nombrara por el Senado a un gobernador substituto como muchos lo asumen, significa la literal desaparición de los tres poderes locales, situación que ha sido reprobada hasta por los mismos legisladores locales del PAN.
Por ningún motivo se puede negar que la entidad atraviesa por un clima de inestabilidad política, social y económica, que la licencia y retorno del gobernador causaron incertidumbre y desconfianza de los ciudadanos, que se atraviesa por un estado de emergencia y que también la federación tiene responsabilidad sobre lo que acontece en la entidad, sin embargo, no es con guerra de declaraciones u ocurrencias, tampoco con repartir culpas a propios y extraños como se resolverán los conflictos. Michoacán ocupa un golpe de timón y cambiar esa antiquísima formula de gobernar y de hacer política; es el momento donde se requiere voluntad y responsabilidad política, principalmente del gobierno local, que este encaminada a devolver a la ciudadanía certidumbre y tranquilidad que está ausente desde hace mucho tiempo.
El gobierno del estado tiene mucho trecho por recorrer y debe tomar decisiones coherentes y responsables, pero también es urgente que la federación replantee la estrategia de seguridad en el estado, pero sobre todo, es impostergable que se ejecuten políticas agresivas en materia económica y social; el problema de Michoacán es un problema que involucra la región centro occidente del país, detonar el desarrollo en el estado es impactar positivamente a todas las entidades de esta región, por ello es tiempo de que la federación se comprometa realmente con los michoacanos y abandone el olvido en el que tiene al estado, que pase de lo declarativo a las acciones concretas y no solo se desviva por la aprobación de las reformas estructurales que por cierto tampoco significan mejoras para la ciudadanía.
